Este fue el resultado de la auditoria a Juan Hernández Landeros, operador político de Lizeth Sánchez

juan landeroz lizeth sanchez secretaria bienestar

Pedro Alonso
Productos a punto de caducar y marcas que no estaban contempladas en el contrato, entregó la empresa Comercializadora Diskraf del Centro S. de R.L de C.V. a la Secretaría del Bienestar del estado de Puebla, para las unidades móviles alimentarias que se utilizarían en caso de una contingencia volcánica en el 2019, así se desprende de una auditoría realizada en septiembre de ese mismo año por la Secretaría de la Función Pública estatal.

De acuerdo con el documento disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la revisión fueron detectadas diversas anomalías en las unidades móviles alimentarias, además de que no hubo una correcta entrega de las despensas con los productos que no fueron utilizados.

A la Comercializadora, según el contrato de prestación de servicios No. SB/CGAF.001/2019 de fecha 8 de abril de ese año, le fueron entregados un millón 467 mil 242.72 pesos para el servicio de “Mantenimiento, Equipamiento y Adquisición de Alimentos no perecederos a Unidades Móviles Alimentarias” derivado de la situación de emergencia.

La adquisición se trató de un contrato de adjudicación directa por parte de la Secretaría del Bienestar, para dar mantenimiento a una unidad móvil alimentaria, además de equipamiento para cuatro unidades móviles alimentarias y la adquisición y suministro de alimentos no perecederos de dichas unidades.

Fue así como parte del procedimiento de las auditorías que se aplican a las dependencias del gobierno estatal, el pasado 3 de septiembre del 2019, se realizó la verificación física de las bodegas de la Dirección de Vinculación y Desarrollo Micro-Regional, para comprobar la existencia de los productos suministrados.

Estos alimentos no perecederos que fueron suministrados tuvieron un costo de 102 mil 960 pesos, entre los que se describen: orégano molido, soya texturizada, carne de res deshidratada, jamaica y tamarindo.

El documento refiere que, de los 15 productos suministrados, siete marcas no estaban dentro del contrato, tales como: atún 140gr de la marca Yavaros, ensalada de verduras Clement, pasta para sopa Máxima, sal Elefante, sardina en Salsa Calmex, frijol negro Bueno, rajas verdes La Morena, huevo entero San Juan; leche Tamariz, chicharrón en salsa El Gallo, harina de maíz San Blas, galletas animalito Gisa, lenteja Bueno, consume de pollo Maggi y chocolate Choco.

Mediante la inspección de la auditoría de la Función Pública, no fueron localizados 196 litros de leche Tamariz, mientras que 44 litros de leche estaban caducados. Asimismo, fueron encontrados tres productos que estaban por caducar, entre ellos 240 kilos de huevo deshidratado y 240 kilos de harina de maíz que caducaban en octubre 2019, además de 240 kilos de galleta de animalitos, los cuales vencían en diciembre del 2019.

juan landeros y liz sanchez

AUDITORÍA NO SOLVENTADA

La auditoría precisa que estas anomalías tuvieron que ser observadas por la Dirección de Vinculación y Desarrollo Micro-Regional, la cual estaba a cargo de Juan José Hernández Landeros, quien firmó la entrega-recepción de los alimentos.

En el mes de septiembre del 2019, la instancia estatal acordó que los productos que no fueron consumidos por la contingencia volcánica, serían empaquetados para formar 480 despensas que serían entregadas en los municipios de Ixtepec (gobernado por PSI) y Piaxtla (gobernado por Morena).

Derivado del pliego de observaciones, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla señaló que éstas no fueron solventadas y precisó que hay incumplimiento.

 

LANDEROS, OPERADOR DE LIZBETH SÁNCHEZ

Cabe señalar que Juan José Hernández Landeros, fue el coordinador político de las campañas de Lizeth Sánchez, tanto a la diputación local como a la diputación federal, por el Partido del Trabajo (PT).

El operador ha sido señalado por beneficiarios de programas sociales por haber obstruido desde la Dirección de Vinculación y Desarrollo Micro-Regional, la entrega de alimentos de las unidades móviles, incluso sobre él recayó la queja por la decisión de suspender las 148 Unidades Móviles Alimentarias, las cuales recorrían los 217 municipios poblanos. Dejando el cargo en el segundo semestre del 2020.

 

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documento bienestar funcionario lis sanchez

Quien fue el operador político de la ahora secretaria del Bienestar del Estado, Lizeth Sánchez y tras ocupar el cargo de la Dirección de Desarrollo Microregional, Juan Hernández Landeros, tendrá que solventar las observaciones durante el tiempo que duró en el cargo.

100 mil millones de pesos de irregularidades detectó la ASF en la cuenta 2019 de AMLO

cuenta publica amlo 2019

La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.

 

  • La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
  • Hay 44 mil 422 millones de pesos que desde este momento se presumen como probables daños al erario público y tienen que ser devueltos. Los 55 mil millones restantes aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos y necesitan ser aclarados.
  • Hasta este momento, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia para aclarar ni devolver el 98.1% de estos recursos irregulares, este porcentaje es el más alto de los últimos 20 años.
  • Del total de irregularidades, el 56% (56 mil 64 millones de pesos) corresponde a dinero transferido a los gobiernos locales y el 46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.
  • De las irregularidades en el gasto de los gobiernos locales, el partido del presidente es el mayor responsable de las irregularidades en los estados, pues la coalición de MORENA, a pesar de gobernar sólo 7 estados, acumula el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 mil 519 millones de pesos.
  • De las irregularidades en el gasto del Gobierno Federal, 37 mil 65 millones de pesos fueron en el gasto para desarrollo económico; 7 mil millones en el gasto para desarrollo social y 519 millones en el gasto de gobierno.

Mexicanos Contra La Corrupción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en todo el país y forma parte del esquema de pesos y contrapesos democráticos, pues es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene la facultad de decidir cómo hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía técnica y de gestión. El trabajo de la ASF ha sido fundamental para identificar muchos de los escándalos de corrupción más significativos de sexenios pasados; por ejemplo, las primeras evidencias sobre el esquema de La Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años después a las investigaciones periodísticas que se convirtieran en escándalos mediáticos.

En su revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha identificado 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Estas cifras no representan una marca en términos absolutos, pues, por ejemplo, son menores a las de casi todo el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, sí representan un récord histórico en cuanto a impunidad, pues hasta el momento el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería, lo cual supera al que era el punto más alto: 84.2% en 2018.

En cuanto a los principales responsables de estas irregularidades, la mayor cantidad, 55 mil millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Pero en este caso destaca que, a pesar de que MORENA y sus aliados gobiernan 7 entidades, concentran el 43% de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF. Se dice a modo de broma que todo lo justifica que “el PRI robó más”, pero a partir del primer año de la llamada “Cuarta Transformación”, MORENA se puso a la cabeza. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, con 37 mil millones de pesos, el gasto para desarrollo social, que acumula 7 mil millones de pesos, y el gasto de gobierno, en donde la ASF identificó 519 millones más.

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Las observaciones de la ASF

Si durante el proceso de vigilancia del gasto público la ASF detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma. En este caso, detrás de cada peso auditado se explica por qué, cómo y en dónde los recursos fueron usados de manera contraria a las leyes. Además, en los casos en los que no solo se violó la ley, sino que existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la ASF establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.

La ASF ha concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha presentado sus cifras definitivas en sus Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos (mdp) que se gastaron de manera irregular y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 millones que desde este momento se presumen como probables daños al erario. Esto quiere decir que hay 55 mil millones que aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá. En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.

Para tratar de dimensionar la magnitud de estos montos, imaginemos que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución encargada de brindar atención a los más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, tendrá este año un presupuesto de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de las irregularidades del primer año de este gobierno podría pagarse toda la operación del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 millones, con los que alcanzaría para pagar el presupuesto de todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.

Si comparamos esta cifra con los hallazgos de años anteriores, veremos que no se trata del punto más alto: durante todo el sexenio de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de irregularidades detectadas fueron superiores a las del primer año de López Obrador, con un promedio de 174 mil millones. En contraste, las observaciones de 2019 son superiores a las de los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón y solo están por debajo de las que se hicieron en 2012, por 147 mil millones.

Esto es diferente si se considera cuánto de dichas observaciones sigue pendiente de ser recuperado o explicado. En la siguiente gráfica en color azul aparece el dinero que originalmente la ASF detectó como irregularidad, pero que las autoridades lograron aclarar; en verde, el presupuesto que logró ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser devuelto o esclarecido en dónde o cómo se usó. Por el monto total, los años 2016 y 2018 son los primeros dos lugares en dinero desaparecido, con 132 y 169 mil millones de pesos que siguen en el limbo, mientras que el tercer lugar corresponde al primer año de este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero si se consideran los porcentajes, entonces López Obrador sí ha establecido una nueva marca: hasta el momento, 98.1% de las irregularidades detectadas por la ASF siguen sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo año con más proporción de irregularidades no aclaradas es 2018, con 84.2%.

Estas cifras pueden y deberían de cambiar, pues las autoridades tienen todavía la oportunidad de atender los señalamientos de la ASF. Será muy importante dar seguimiento a la evolución de estos montos y las aclaraciones ofrecidas por el gobierno. En el desarrollo de todo este proceso, incluyendo los deslindes de responsabilidades y sanciones, tendremos uno más de los indicadores para evaluar si el combate a la corrupción que domina el discurso gubernamental puede convertirse en hechos o si, por el contrario, la impunidad sigue tan presente en la «Cuarta Transformación» como en los gobiernos pasados.

Los principales responsables de las irregularidades

Dado que la ASF se encarga de la vigilancia de los recursos federales, sus labores de fiscalización van más allá del gobierno federal. Una parte considerable de este dinero es transferido a los gobiernos locales, ya sea porque el pacto fiscal lo mandata o porque se trata de políticas en que se trabaja junto con la autoridad central. Esto queda evidenciado en los resultados de la Cuenta Pública de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 914 millones de pesos de irregularidades detectadas por la ASF corresponden a observaciones del gasto federalizado. En los 56,064 millones identificados, las tres categorías de gasto local con mayores problemas detectados fueron las correspondientes a salud, educación y las participaciones federales.

Desde esta perspectiva, podría parecer que el presidente López Obrador tendría una salida para decir que la mayor parte de las observaciones de la ASF no tienen que ver directamente con su gobierno, sino con las administraciones locales. Al separar las recuperaciones determinadas por la ASF por entidad, el mayor monto identificado corresponde al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp. Sin embargo, resulta llamativo que los siete estados gobernados por la coalición de MORENA, así como el gasto federalizado ejercido por el gobierno central, suman 24 mil 519 millones de pesos en irregularidades. Esto quiere decir que los gobiernos locales de MORENA, a pesar de gobernar solo el 22% de las entidades federativas, concentran el 43% del dinero irregular identificado por la ASF dentro del gasto federalizado. Le siguen Movimiento Ciudadano, con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 millones y el gobierno independiente de Nuevo León, con 324 millones.

Después de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales, queda lo que directamente fue utilizado por el gobierno central. En este caso, una de las formas más sencillas para comprender quiénes fueron los responsables de las irregularidades que la ASF documentó es separando entre las funciones del gasto que se auditó. El grupo más grande de recursos irregulares usados por el gobierno federal corresponde al gasto de las dependencias dedicadas al desarrollo económico, que acumulan 37 mil 65 millones de pesos señalados por la ASF. Para poner esta cantidad en perspectiva, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, que es la única política que el gobierno decidió utilizar para brindar ayuda a un pequeño porcentaje de los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus, tendrá en 2021 un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Las irregularidades detectadas en el gasto para desarrollo económico en 2019 habrían alcanzado para pagar casi 25 veces ese programa.

Dentro de esta categoría de irregularidades en gasto para desarrollo económico, los tres rubros que explican el 97% del monto total son las auditorías aplicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchos de los hallazgos de la ASF se relacionan con problemas en las obras de infraestructura de esta administración, así como en problemas en las dos instituciones que, a pesar de sus ineficiencias y pérdidas constantes, siguen siendo la apuesta de la política energética presidencial.

El segundo grupo de dependencias con mayores montos detectados con irregularidades corresponde a las que se dedican al desarrollo social, que en conjunto tuvieron 7 mil millones de pesos detectados por la ASF. El primer lugar en esta clasificación corresponde a la Secretaría de Bienestar, que tiene 3,421 millones que debe aclarar o devolver por haberlos usado fuera de la ley, seguido de la Secretaría de Cultura, con 1,738 mdp (este caso es particularmente llamativo, pues ese monto equivale a 13% del total del presupuesto de la dependencia) y la SEP, con 712 mdp. Entre las auditorías que explican estos montos se encuentran múltiples hallazgos sobre irregularidades en los programas sociales, así como en la operación de los Servidores de la Nación.

Finalmente, el último grupo corresponde a las instituciones relacionadas con funciones de gobierno. En este caso, la ASF detectó 519 millones de pesos como irregularidades y las tres principales responsables son la Secretaría de la Defensa, Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Esta primera aproximación a los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación nos permite tener una mejor perspectiva de dónde están (o mejor dicho, no están) los recursos públicos que se han usado sin ajustarse a la ley, que se han desperdiciado en políticas basadas en la ocurrencia y, en una gran cantidad de casos, en abiertos esquemas de simulación, corrupción y desvío de recursos. A partir de esta hoja de ruta, en posteriores entregas nos enfocaremos en analizar casos específicos derivados de las auditorías individuales, pues la ASF ha encontrado escandalosos problemas en los programas sociales, las obras de infraestructura que son la insignia de esta administración, así como en varios de los destinos favoritos del gasto presidencial. Por el momento, es útil recordar que cada peso identificado por la ASF tiene un sustento en una auditoría particular, en la que diversos servidores públicos analizaron la información pública, encontraron irregularidades y, después de acudir a las dependencias, sostuvieron sus hallazgos y todas pueden ser consultadas.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una y otra vez que al comenzar su gobierno, el combate a la corrupción le daría 500 mil millones de pesos adicionales para poder gastarlos en las necesidades de la gente. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que dicha idea solo era un buen deseo, pues los mencionados recursos jamás aparecieron. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que la corrupción no solo sigue viviendo y gozando de cabal salud en México, sino que ha seguido avanzando. En lugar de darnos recursos adicionales, en 2019 nos dejó con 100 mil millones de pesos menos que hoy siguen en la incógnita.

El presidente ha dicho que estos hallazgos son una exageración, que están mal y que él, para variar, tiene otros datos. Esto tuvo que ver con una auditoría que señalaba los posibles costos futuros de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero dicha estimación no se contabilizó como una posible irregularidad. Por lo tanto, lo que de verdad importa es si el gobierno de López Obrador puede aclarar las observaciones detectadas por la ASF con evidencias comprobables. Afortunadamente, en este caso particular, podemos saber con precisión si esto es verdad, pues si la ASF recibe las evidencias que demuestren que esos 100 mil millones de pesos sí se usaron conforme a la ley, en los siguientes meses veremos cambios en esta infame cifra. Pero si se trata solo de habladurías, entonces los hallazgos de la ASF caerán como una losa sobre un gobierno que, ante el escrutinio hecho por una institución ajena al presidente, no pudo comprobar que usó adecuadamente los recursos públicos.

Investigan el actuar del operador político de Liz Sanchez al frente de una dirección en la Secretaría del Bienestar

documento bienestar funcionario lis sanchez

 

Pedro Alonso
San Martín Texmelucan, Pue.- Quien fuera el operativo político de la ahora secretaria del Bienestar del Estado, Lizeth Sánchez y tras ocupar el cargo de la Dirección de Desarrollo Microregional, Juan Hernández Landeros, tendrá que solventar las observaciones durante el tiempo que duró en el cargo.

Cabe señalar que Juan Landeros fue el operador político, de Lizeth Sánchez cuando contendió por la diputación local y también por la federal, por el Partido del Trabajo.

Por lo que tras la alianza PT-Morena y PES, en la pasada elección donde resultó ganador Miguel Barbosa, al ser nombrada secretaria del Bienestar, Juan Landeros asumió la Dirección de Desarrollo Microregional.

Sin embargo, de acuerdo a publicaciones periodísticas, como la de Gerardo Ruiz, quien destacó: Hernández Landeros ordenó de buenas a primeras detener la operación de las 148 Unidades Móviles Alimentarias de la dependencia, que recorren los 217 municipios en el estado. Sin ninguna razón, el director de la Secretaría de Bienestar frenó el mantenimiento y suministro de estos módulos, los cuales brindan de alimentos a miles de poblanos en situación precaria en las comunidades y regiones más marginadas en la entidad.

Cabe señalar que manera oficial no hubo información sobre la investigación de dicha denuncia, por parte de la Secretaria del Bienestar.

Sin embargo, de acuerdo a un oficio, cuya copia está en poder de El Sol de Puebla, se sabe que este viernes compareció ante la dependencia estatal, para dar solventación a las observaciones que le hicieron durante el proceso de entrega-recepción, al dejar el cargo.

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“Con el fin de aclarar y/p subsanar las observaciones detectadas en el Acta de Entrega Recepción con folio 1919 de la Dirección de Desarrollo MicroRegional”, se le en el oficio que le giraron a Juan Hernández Landeros.