Una empresa en la que es socia la hija del senador Ricardo Monreal ha obtenido 36 millones de pesos en contratos en la actual administración federal; la mayoría de los contratos otorgados por la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, a cargo de una tía y que suman 3.2 millones de pesos fueron otorgados sin licitar; 27.8 millones los otorgó el IMSS y 5.1 millones la SCT.
POR: VANESSA CISNEROS Y MAURICIO RUBÍ
Una empresa gasolinera en la que es socia una hija del senador Ricardo Monreal recibió contratos en los últimos tres años por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es su tía, Verónica del Carmen Díaz Robles. Adicionalmente, ha recibido otros 33 millones de pesos del IMSS y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Del 2019 a la fecha, la compañía Multiservicio La Plata SA de CV obtuvo 71 contratos, de los cuales al menos 59 fueron por adjudicación directa, de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas para la adquisición de combustible y vales de gasolina.
Luis Enrique Monreal Ávila se casó con Verónica del Carmen Díaz Robles, súperdelegada de programas sociales del gobierno federal en Zacatecas.
En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que la propia Delegada de la Secretaría del Bienestar firmó algunos de los contratos a favor de Multiservicio La Plata SA de CV, a pesar de que desde 2017 es público que esa empresa es propiedad de su sobrina, Catalina Monreal.
Conforme al Registro Público de Comercio, Multiservicio La Plata SA de CV fue creada en el año 2002, y en el 2006 se incorporó como socia a Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Su participación con el 33 por ciento de las acciones fue ratificada en una asamblea realizada en noviembre de 2017.
La tía de la hija de Monreal, Verónica del Carmen Díaz Robles, es la súperdelegada de programas sociales en Zacatecas desde diciembre del 2018, cuando asumió el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Catalina Monreal, accionista de Multiservicio La Plata, con su papá Ricardo Monreal.
De acuerdo con una entrevista que publicó en octubre del 2018 el diario Imagen de Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles se enroló en la campaña de Ricardo Monreal para la gubernatura de Zacatecas, en 1998, cuando tenía 17 años, y ella misma detalla que posteriormente conoció a Luis Enrique Monreal Ávila, quien se convertiría en su esposo.
En la última declaración patrimonial (año 2021), el gobierno federal indica que Verónica del Carmen Díaz Robles está adscrita a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, con un cargo de director general, desde el 1 de diciembre del 2018. Estudió administración de empresas en la Universidad Autónoma de Fresnillo y percibe un salario de 94 mil 978 pesos netos.
Díaz Robles trabajó como subdirectora de Difusión en la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República del 2013 al 2018, y tuvo un breve paso —de tres meses— como diputada de Morena en el Congreso de Zacatecas en el 2018, cargo que dejó para incorporarse a la Secretaría del Bienestar como delegada en su tierra natal, en diciembre de ese año.
Los contratos
Las plataformas Nacional de Transparencia y de Compranet arrojan que Multiservicio La Plata SA de CV ha obtenido unos 88 contratos del 2019 a la fecha, de los cuales 71 son de la Secretaría de Bienestar en su delegación Zacatecas, 59 por adjudicación directa, mientras que 12 no están especificados.
En general, el objetivo de los contratos son la adquisición de gasolina y vales para combustible, ya sea para “las necesidades” de la Secretaría de Bienestar o para la operación de los programas de la dependencia federal.
Sin embargo, la Secretaría del Bienestar no publica en la mayoría de los casos en la Plataforma Nacional de Transparencia documentos adicionales, como una copia en versión pública de los contratos, y sólo se limita a reportar generalidades de éstos, como montos, fechas. En casi todos los reportes de las contrataciones sólo se incluye el motivo —escueto— del contrato, el mecanismo de adjudicación y la empresa que otorgará el servicio.
Los 71 contratos con la Secretaría del Bienestar con Multiservicio La Plata SA de CV suman un monto global de 3 millones 223 mil 655 pesos, sin incluir el IVA.
Contratos firmados por la delegada de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles, a favor de Multiservicio La Plata, en la que es socia su sobrina, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal.
Contratos con otras dependencias
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también contrató a la empresa en la que tiene participación accionaria la hija de Ricardo Monreal. De hecho, es la dependencia que más recursos públicos ha desembolsado desde enero de 2019 hasta la fecha: el IMSS le ha otorgado por lo menos seis contratos a Multiservicio La Plata SA de CV que suman 27 millones 833 mil 366 pesos.
La compañía fue contratada durante la actual administración federal en cuatro ocasiones de forma directa por el IMSS y dos veces más por licitación pública.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contrató a esta empresa por 5 millones 181 mil 023 pesos en dos contratos para la compra de vales canjeables por gasolina, los cuales se adjudicaron por medio de licitaciones.
Además, el estado de Zacatecas, de donde son originarios los Monreal, también ha comprado combustible para su parque vehicular por el que ha pagado 181 mil 095 pesos en nueve contratos, todos adjudicados de manera directa por el gobierno estatal.
La empresa incorpora a la hija de Monreal
Multiservicio La Plata SA de CV fue constituida en el 2002, en el estado de Zacatecas, como una empresa dedicada a la venta de refacciones, aceites y todo lo relacionado con la rama automotriz, aunque activa para otras tareas como la construcción, bajo una sociedad constituida por Javier Godoy Castañeda y Sandra Iliana Bañuelos López.
En el 2004 se acordó la venta de las acciones a los señores Humberto Godoy Castañeda y J. Guadalupe Bañuelos Robles. Las actas del Registro Público de Comercio indican que para el 2006 el objeto de la sociedad de Multiservicio La Plata SA de CV ya era la comercialización de gasolina y diésel suministrados por Pemex Refinación, así como la comercialización de aceites, lubricantes y aditivos de Petróleos Mexicanos.
Fue en mayo de 2006 cuando Multiservicio La Plata SA de CV aprobó un aumento del capital “en virtud del incremento de la demanda de trabajo y a fin de dar un mejor servicio, así como tener mayor liquidez”, por lo que Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, ingresó como socia con un monto de 1 millón 600 mil pesos. Este acto fue inscrito nueve años después, en diciembre de 2015 ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas, según corroboró MCCI.
En el sitio electrónico de la empresa se detalla que Multiservicio La Plata tiene más de 15 años de experiencia, la cual nació para dar abasto de gasolina a las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, que cuenta con siete gasolineras en la entidad y se encuentra en proceso de abrir una adicional, además de tener 34 gasolineras afiliadas a la compañía.
Conforme a los datos proporcionados a la Secretaría de Economía por la empresa Multiservicio La Plata SA de CV, Eldaa Catalina Monreal Pérez es originaria de Fresnillo, Zacatecas, y de profesión abogada.
Trabajó en el Infonavit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero renunció tras información periodística que se reveló sobre contratos otorgados a allegados suyos y de su negocio de gasolineras en Zacatecas.
En febrero del 2017, MCCI reveló que dos amigos de Eldaa Catalina Monreal recibieron contratos de la delegación Cuauhtémoc cuando su padre, Ricardo Monreal Ávila, era delegado.
Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga Hernández, quienes fueron sus compañeros de preparatoria en el TEC de Monterrey campus Zacatecas, recibieron de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, seis contratos por 20 millones de pesos en diciembre del 2015.
Ambos abastecieron a la delegación Cuauhtémoc de mobiliario y computadoras, lo mismo que de material de limpieza, artículos deportivos, herramientas de ferretería e impresiones.
El presidente López Obrador con Catalina Monreal.
MCCI develó que además de los amigos de Eldaa Catalina Monreal, otras cuatro empresas de origen zacatecano, así como dos personas físicas más, se vieron beneficiadas con otras 10 contrataciones públicas de la demarcación capitalina en 2015 y 2016, cuando Ricardo Monreal era delegado en Cuauhtémoc.
En total, la administración de Ricardo Monreal contrató los servicios de ocho empresas y personas físicas que no tenían experiencia en los ramos de obra, proveeduría de recursos materiales y servicios, por un monto que alcanzaba los 266 millones de pesos.
Sólo uno de los ocho proveedores ya había sido contratado previamente por la Ciudad de México, para trabajos relacionados con obra pública.
En marzo del 2017, el periódico El Universal publicó que la hija del exgobernador de Zacatecas era socia de Grupo Multiservicio La Plata.
Cuando la información de MCCI y de El Universal se publicó, la hija de Ricardo Monreal trabajaba como gerente en la Coordinación General de Recursos Humanos del Infonavit, en donde ganaba 85 mil pesos mensuales.
<
“No tengo nada qué ocultar”, indicó aquella vez la entonces funcionaria como respuesta al trabajo periodístico.
Después de la serie de publicaciones periodísticas, Eldaa Catalina Monreal renunció a su cargo en el Infonavit, el 23 de marzo del 2017. Ese mismo año, el Infonavit informó a un ciudadano —que elaboró una solicitud de transparencia— que la declaración patrimonial de Eldaa Catalina Monreal como funcionaria del Instituto no era pública. Ella “no dio su autorización”, se lee en dicha solicitud de información pública.
Dice que ya no es su tía
Catalina Monreal negó tener actualmente algún parentesco con la delegada de programas sociales en Zacatecas, porque su tío Luis Enrique Monreal -hermano de su papá- ya se separó de ella.
“No tengo ningún parentesco con la delegada, y mucho menos una relación directa o indirecta con ella, entiendo que estuvo casada con alguno de mis tíos, pero también entiendo que desde hace un buen tiempo están legalmente separados”, dijo en un escrito enviado a MCCI.
Aseguró que la relación contractual de su empresa con la delegación federal viene desde 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaba como gerente de recursos humanos en el Infonavit, pero que desde 2021 ya no tiene contrato vigente con la Secretaría del Bienestar.
MCCI envió un correo electrónico a la dirección institucional de la delegada en Zacatecas, así como al área de Comunicación Social de Bienestar federal para pedir una postura, sin que se obtuviera respuesta al cierre de la edición.
Los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa, han tenido un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos. Muchas obras pagadas con presupuesto oficial nunca se concluyeron y tienen más de una década abandonadas. A pesar de estas irregularidades, la actual administración federal ha mantenido los subsidios y para el próximo año contempla asignarles más dinero a los CENDIS, con lo que este programa habrá recibido un acumulado de casi 3 mil millones de pesos de 2019 a 2022.
POR: MAURICIO RUBÍ
Los CENDIS vinculados al Partido del Trabajo (PT) tendrán nuevamente recursos millonarios para el 2022, aun cuando este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE, por presunto desvío de recursos públicos, así como de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditorías estatales.
Cada año se ha autorizado presupuesto para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en el país y al menos cuatro ubicados en Nuevo León que impulsó el PT llevan más de 12 años abandonados en colonias marginadas, en obra gris, y para los cuales se pagaron 78.8 millones de pesos para arrancar su construcción.
Etiquetado en el programa Expansión de la Educación Inicial, el próximo año los CENDIS, los CAI (Centro de Atención Infantil) federalizados y agentes educativos federalizados tendrán un presupuesto de 759 millones de pesos; además se incluyeron 200 millones, sin precisar si son adicionales para “el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la Expansión de la Educación Inicial”. Esto representa un incremento de 21.5% respecto de los 625 millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para el 2021.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los propios diputados federales reconocen la opacidad en la que ha operado este programa y por ello aprobaron cambiarlo a aquellos que deben estar sujetos a reglas de operación, para así abonar “al fortalecimiento, transparencia y certeza en la ejecución de los mismos”, expusieron los diputados.
Los diputados consideraron que se requiere cambiar de modalidad el programa Expansión de la Educación Inicial, pasando del concepto de otros subsidios a la de sujetos a reglas de operación; “con la clave actual se favorece una mayor discrecionalidad en el gasto”, se lee en el PEF del próximo año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó al inicio de su sexenio, que programas con funciones de gobierno no tendrían más recursos públicos, como los CENDIS del PT. Sin embargo, el dinero no dejó de fluir y del 2019 al 2022 este programa habrá acumulado ininterrumpidamente 2,984 millones de pesos para operar.
Una historia turbia
Nuevo León es el centro de operaciones del Frente Popular Tierra y Libertad, aquel que dio vida al PT en diciembre de 1990 como partido, y que ha adquirido un coto de poder que actores políticos no dudan en identificar: el manejo de diversos Centros de Desarrollo Infantil, y cuya administración ha estado bajo la sombra de señalamientos en auditorías, la más reciente por parte del INE, organismo que lo multó en septiembre pasado con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos públicos de los CENDIS con fines electorales.
A un par de meses de haber asumido la Presidencia de la República, el 14 de febrero del 2019, López Obrador anunció que ya no se entregaría dinero a ninguna organización que hiciera funciones de gobierno, tras reconocer que en el pasado se les transferían recursos a diversas ONG’s con este objetivo.
El mandatario López Obrador aseveró que en ese recorte no habría diferencia, porque entonces no tendrían autoridad para aplicarlo.
“Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias (infantiles), porque se le va a dar (directo) a los padres. Y los CENDIS del PT, muy cercanos a nosotros… pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces es general, o sea, no se va entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario”, dijo el presidente en febrero del 2019.
Sin embargo, de una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se pudo constatar que en el 2019 hubo un presupuesto aprobado de 800 millones de pesos, misma cantidad que se obtuvo en el 2020; mientras que para este 2021, finalmente quedó en 625 millones de pesos.
Cabe destacar que tanto en el 2019 como en el 2020 el presupuesto fue modificado, y quedó en 730.6 millones y 662.5 millones de pesos, respectivamente.
El 17 de mayo del 2019, a través de un comunicado, el PT se defendió al asegurar que los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones que pertenecen a la SEP y que este instituto político no administra los recursos públicos de los CENDIS, que para entonces operaban en 14 estados del país. Tan sólo en Nuevo León, Tierra y Libertad cuenta hoy en día con 13 centros en funciones.
“(Alberto) Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, detalló que los últimos 28 años, este instituto político se ha encargado de gestionar recursos para apoyar e impulsar la educación inicial y lamentó profundamente que el tema sea utilizado de manera facciosa con ataques a este instituto político”, se expuso en el comunicado del 2019, año en que ya habían librado una acusación del gobierno peñista.
Y es que una nueva indagatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) resuelta en este 2021 reveló cómo un proceso abierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto contra la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez, concluyó en el no ejercicio de la acción penal unas semanas antes de que asumiera el gobierno López Obrador, que llegó de la alianza electoral Morena, Encuentro Social y PT.
La esposa de Alberto Anaya ha fungido como directora general de los CENDIS del Frente Popular Tierra y Libertad, y había sido acusada de presunto lavado de dinero en la operación de los centros por 100 millones de pesos.
La trama de los desvíos exhibida por el INE
El 3 de septiembre del 2021, a casi cuatro años de que el PRI presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del órgano electoral, el Consejo General del INE aprobó una multa contra el PT por 119 millones 870 mil pesos al acreditar esquemas de financiamiento irregular.
Se trata de la presunta transferencia de recursos públicos provenientes del gobierno de Nuevo León para la construcción y operación de los Centros de Desarrollo Infantil hacia militantes del Partido del Trabajo.
Como parte de su indagatoria en materia de fiscalización, el INE solicitó información a diversas instancias como la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En marzo del 2020, la ahora FGR le confirmó al INE que, como parte de su indagatoria, cuentas bancarias a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez fueron aseguradas del 23 de agosto del 2017 al 10 de septiembre del 2018, y que el 31 de octubre del 2018 (a un mes de que Peña Nieto dejara la Presidencia de la República), se determinó el no ejercicio de la acción penal.
La investigación del INE del 2021 revela por ejemplo que entre los años 2015, 2016 y 2017 María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder histórico del PT, recibió 260 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y ésta emitió 123 cheques que fueron depositados en una cuenta a nombre del comisionado político nacional del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por un monto de 59 millones 935 mil pesos.
En su denuncia, el PRI señala que fue precisamente en Aguascalientes donde se llevó a cabo en el 2015 una elección extraordinaria —del Distrito con sede en Jesús María—, en la cual el PT luchó para obtener los votos que le permitieron finalmente obtener su registro como partido político nacional, ya que se encontraba al borde de la extinción.
Pero el PRI fue más allá, al acusar una votación atípica en esos comicios extraordinarios. “En esa elección, el Partido del Trabajo obtuvo la votación suficiente para mantener su registro, con una votación muy superior a la de la elección ordinaria. Esto es, en la elección ordinaria obtuvo 3 mil 246 votos; en cambio, en la extraordinaria llevada a cabo apenas unos meses después, obtuvo cuatro veces más: 14 mil 046 votos”, se extrañó el PRI.
Por los señalamientos de la otrora PGR —del gobierno de Peña Nieto—, Héctor Quiroz García fue detenido en octubre del 2017 por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Aunque tras la audiencia, un juez determinó que llevaría el proceso en libertad mediante el pago de una fianza. Actualmente Quiroz García aparece en el directorio del PT como su comisionado político en Aguascalientes, el mismo cargo que tenía durante la acusación.
En un comunicado emitido el 4 de septiembre del 2018, el PT “celebró” que el Ministerio Público se desistiera de las acusaciones contra Quiroz García y dos colaboradoras en los CENDIS, y que habían sido vinculadas a proceso por la PGR, así como en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya y directora general de los centros operados por el Frente Popular Tierra y Libertad.
“Así se confirma lo que desde un inicio este instituto político aseveró: el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, divulgó el partido en dicho comunicado de finales del 2018, cuando su candidato ya había ganado la Presidencia de la República.
En septiembre del 2021 el INE reveló que el PT no recibió dinero de manera directa de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de otras personas vinculadas al PT que obtuvieron recursos de la esposa de Anaya, ya que no hay registros de transferencias o aportaciones hacia el partido en sí. “Sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDIS, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública”, precisó el Instituto Nacional Electoral en su resolución del 2021.
El INE, por estos hechos, dio vista a la FGR, Fepade, Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría del estado y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cendis son administrados por militantes del PT
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado desde 2014 las irregularidades en el manejo de recursos públicos de los CENDIS.
En el 2014, la ASF puntualizó que el sistema CADI (Centros de Atención y Desarrollo Infantil) en Durango era un proyecto educativo “administrado por militantes de un partido político que gestionó los recursos para el ejercicio de 2014, el cual es operado por sus afiliados, pues de una muestra de 612 trabajadores de la plantilla de personal contratado por honorarios asimilados a sueldos, 338 aparecen como afiliados a dicho partido”.
En la revisión de la Cuenta Pública 2019 sobre el Programa Expansión de la Educación Inicial, que contempla la operación de los CENDIS la ASF realizó observaciones por 85.4 millones de pesos, de los cuales 41.4 millones correspondieron solamente al estado de Nuevo León.
Una acción que causó daño a la hacienda pública fue por recursos que no se ejercieron y que no fueron regresados a la Federación por un monto de 69.6 millones de pesos y de los cuales nuevamente a Nuevo León le correspondió el 59.5 por ciento del total del importe.
De manera general, la ASF alertó en ese año que existían diferencias entre los montos aprobados, las ministraciones, sí como entre los recursos reportados como ejercidos y los efectivamente erogados por los estados y revisados en la auditoría.
En la Cuenta Pública 2020, presentada a inicios de noviembre al Congreso, la ASF realizó observaciones al gobierno de Nuevo León sobre el programa Expansión de la Educación Inicial. Tan sólo el año pasado, la entidad recibió 130 millones 725 mil pesos para su operación.
Por ejemplo, la ASF detectó que la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León no contaba con los recibos de pago de asesores externos especializados por un monto que llegaba a los 14 millones 168,600 pesos, y pagó 78,200 pesos con recursos del programa a un asesor externo que tenía una plaza en la nómina educativa del estado y que es pagada por la SEP.
<
“El gobierno del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los lineamientos de operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, por la falta de documentación soporte de los recibos de pago realizados a asesores externos especializados, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública federal por 14 millones 246 mil pesos”, reportó la ASF en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2020.
Asimismo, la Unidad de Integración Educativa no acreditó ante la ASF que en la papelería y documentación oficial del programa se incluyera la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
En el 2019, el gobierno de Nuevo León recibió 137 millones 149 mil pesos al mismo programa que incluye la operación de los CENDIS. Ese mismo año, la ASF reportó que el gobierno de Nuevo León acreditó la justificación por 76 millones 662 mil pesos para contratación de asesores externos especializados, pero quedó por solventar 41 millones 408 mil pesos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 41 millones 408 mil pesos… más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, de recursos pagados sin estar comprometidos”, indicó la ASF.
FRENA PUEBLA #EMPODERANDOciudadanos hace un atento llamado al pueblo de México a participar en uno de los ejercicios sin precedentes; ejercer una pequeña parte de la democracia.
La Revocación de Mandato, que podría ocurrir en México en el mes de marzo del 2022, dará la oportunidad a los mexicanos de decidir si como nación queremos que el actual Ejecutivo termine su periodo de 6 años, con el peligro de que se termine de instalar la dictadura al estilo Venezuela, Cuba, Bolivia y algunos países más del mundo.
Oportunidad que tendremos por vez primera, ya que la ley se incorporó a la Constitución en el mes de diciembre de 2019, nos dará la oportunidad de frenar esta catástrofe en nuestro querido México, pues enfrenta las peores crisis.
Carecemos de servicios de salud, el salario mínimo no alcanza, no existe obra pública, día a día más deuda, el peor saqueo del país, la corrupción en aumento, la falta de seguridad, y rematar con el peor gobierno que jamás hemos tenido, sabemos aprovechar esta herramienta legal para detener al mal gobierno.
Esta oportunidad que tenemos los mexicanos es histórica: algunos consideran correcto que continúe el gobierno fallido, mentiroso e hipócrita de la autodenominada 4Tde López Obrador, y otros estarán convencidos de que estar a favor de México, es pensar en su futuro y es necesario detener el deterioro, que hemos venido sufriendo, ya que en solo 3 años que le quedarán para terminar su mandato, acabará con el país.
Para que se realice la consulta de Revocación de Mandato en marzo de 2022, es necesario que 3 millones de mexicanos lo soliciten al INE durante el periodo entre el 1 de noviembre al 15 de diciembre de este año.
A dicha consulta, deberán acudir el 40 por ciento de la lista nominal del INE, y para que sea efectiva a revocación, deberán contar con la mitad más uno de los votos a favor; la mayoría simple. Al quitar al Ejecutivo, el Congreso se convierte en el Colegio Electoral, y vota para escoger quien terminará el periodo.
Hoy es el momento que la ciudadanía defina su futuro, para lo cual, el movimiento ciudadano FRENA, se ha avocado a la realización de un pre_registro electrónico para avanzar la tarea de reunir a los 3 millones de ciudadanos que soliciten al INE la ejecución de la Consulta de REVOCACIÓN DE MANDATO en marzo de 2022.
Por todos lados se observa el hartazgo de la ciudadanía, por lo que no dudamos en contar con la participación necesaria. Unidos podremos por fin librarnos de este tremendo virus político que tanto daños le ha hecho a México.
Por lo cual estaremos realizando una manifestación este sábado 9 de octubre a las 10 am. En el ANGEL DE LA INDEPENDENCIA. Los ciudadanos no estamos obligados a mantener un gobierno llena de ideologías totalitarias, sobre todo permanecer de brazos cruzados, la solución a este problema la tenemos empresarios, maestros, amas de casa, estudiantes, obreros, médicos, en general todos los ciudadanos conscientes y pensantes.
“ENTRE UN GOBIERNO QUE LO HACE LO MAL Y UNA SOCIEDAD QUE LO COONCIENTE HAY UNA CIERTA COMPLICIDAD
-La ayuda federal incluye enseres y una inversión superior a los 100 millones de pesos para la reparación de carreteras, explicó
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En nombre de todas y todos los poblanos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador los apoyos que entregará en el estado por las afectaciones que sufrió tras el paso del huracán Grace en el mes de agosto.
Estas ayudas de la federación, explicó el mandatario estatal en la habitual videoconferencia de prensa, incluyen enseres y una inversión superior a los 100 millones de pesos para la reparación y construcción de caminos y vialidades afectadas por este meteoro.
“Quiero agradecer al presidente de la República el anuncio que hace en relación a los apoyos que Puebla recibirá con motivo de los daños provocados por el meteoro, el huracán “Grace”, expuso.
Por último, Barbosa Huerta reiteró que el Gobierno del Estado sigue con la distribución de paquetes alimentarios, láminas, cobertores, kits de limpieza y agua embotellada a las familias de las sierras Norte y Nororiental que resultaron afectadas por este fenómeno meteorológico.
Las organizaciones que conforman el Observatorio pretenden que estas acciones y recomendaciones fortalezcan los derechos de las personas privadas de su libertad. Además, piden que se elaboren mesas de trabajo, en donde se les contemple, para la confección e implementación de las Reglas de Operación.
Ciudad de México.- El pasado 27 de agosto, las organizaciones que conforman el Observatorio Contra la Tortura enviaron una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en donde exponen sus preocupaciones relacionadas con el Decreto de Preliberaciones, y además comparten algunas recomendaciones para ayudar en una implementación adecuada.
El decreto, publicado el 25 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, establece que personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, víctimas de tortura y adultas mayores en casos particulares podrán acceder a preliberaciones.
Además, este decreto contempla la creación de un Comité permanente y obligatorio encargado de gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como la identificación de casos tanto de personas en prisión preventiva como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
Si bien el Observatorio reconoce la necesidad y urgencia de crear políticas penitenciarias a favor de las personas privadas de la libertad, de apostar por medidas de sanción penal no privativas de la libertad y de establecer mecanismos y herramientas para la eliminación de las diversas formas de tortura; también ve con preocupación la incertidumbre sobre el procedimiento mediante el cuál se determinarán a las personas integrantes del Comité.
La preliberaciones son para quienes cometieron delitos del fuero federal sin sentencia, víctimas de tortura y adultas mayores
Por ello, las organizaciones piden que en la integración del Comité se contemple a las organizaciones de la sociedad civil como una parte fundamental en el seguimiento a la implementación del instrumento, considerando que la sociedad civil juega un papel importante en la operación del nuevo paradigma de ejecución penal. Asimismo, el Observatorio expresa su preocupación sobre la incertidumbre en el procedimiento de elaboración de las Reglas de Operación. En tal sentido, solicita a la Secretaría de Gobernación que:
1. En la integración del Comité se incluya a las organizaciones de la sociedad civil firmantes como observadoras del seguimiento, implementación y evaluación del instrumento establecido en el acuerdo de liberación.
2. Se convoque a mesas de trabajo para la confección e implementación de las Reglas de Operación, en las cuales se contemplen estrategias de colaboración y seguimiento con organizaciones firmantes.
<
El Observatorio Contra la Tortura reconoce este primer esfuerzo, pero considera indispensable que exista transparencia en cada etapa del proceso de designación del Comité, asi como en la implementación del decreto, todo esto con el fin de alcanzar una política efectiva y respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias, así como de las víctimas de tortura.
-El gobernador y el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, inauguraron la Oficina de Pasaportes Puebla en la explanada de la plaza comercial Paseo de San Francisco
-La obligación de los gobiernos es ofrecer servicios de calidad, expresó el mandatario
-Gobierno de Miguel Barbosa, de los que más respalda las acciones en materia de política exterior: Ebrard
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Gracias a la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy la política exterior mexicana tiene una conducción y sello distintos a los que tuvo con los gobiernos neoliberales, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al asistir a la inauguración de la Oficina de Pasaportes Puebla, que estuvo presidida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.
En su mensaje, el titular del Ejecutivo reconoció que el Estado Mexicano tiene claro cuál es la ruta que está siguiendo en materia de política exterior e interior. Reconoció la labor realizada por el mandatario federal, como mexicano y patriota que es, por defender los principios que marcan la Constitución para el comportamiento de México frente a los hechos del mundo.
Barbosa Huerta resaltó también el trabajo de Marcelo Ebrard, de quien dijo, cuenta con una experiencia amplia en la materia referida. Por esta razón, añadió, la entidad se engalanó con la presencia del canciller.
El gobernador reconoció la importancia de que en Puebla haya una nueva oficina para el trámite de pasaportes, tras señalar que la obligación de los gobiernos es ofrecer servicios de calidad para la población. Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con el Gobierno Federal y la SRE para atraer más inversión extranjera al estado.
RECONOCE EBRARD A GOBIERNO DE MBH POR RESPALDAR A LA FEDERACIÓN Y PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
En su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon hizo un reconocimiento al gobierno de Miguel Barbosa Huerta por respaldar las iniciativas que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior, así como por promover la recuperación económica y los productos hechos en Puebla fuera del país.
Recordó que el estado será un pilar importante durante la participación de México en la Exposición Universal de Dubái, a realizarse del 1 de octubre del presente año a marzo de 2022.
Asimismo, destacó que la Cancillería trabajará más de cerca con Puebla y las otras entidades para reforzar la inversión con otros países: “en todas las iniciativas relevantes siempre el gobernador Barbosa Huerta ha estado pendiente con mucha modestia. Muchas gracias por el apoyo, hacemos equipo para eso”.
NUEVA OFICINA DE PASAPORTES ATENDERÁ A MÁS DE 2 MIL PERSONAS POR DÍA: CANDELARIA LÓPEZ
A su vez, el director general de Oficinas de Pasaportes de la SRE, Carlos Alfonso Candelaria López detalló que la nueva oficina, ubicada en la explanada de la plaza comercial Paseo de San Francisco, operará de lunes a domingo en un horario de 08:00 a 20:00 horas. Indicó que permitirá atender aproximadamente a 2 mil 800 personas por día, lo que equivale a 86 mil usuarios mensuales y en consecuencia más de un millón de personas al año.
Añadió que además de disminuir la demanda en la región, en esta nueva sede se podrán integrar expedientes de trámites de nacionalidad y naturalización como servicios esenciales que ofrece la Cancillería, al igual que las labores de asistencia y protección consular en defensa de los derechos y la integridad física de la población mexicana fuera del territorio nacional.
<
En la inauguración estuvieron presentes el presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Mauricio Márquez Corona; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SRE, José Antonio Domínguez Carballo; Elías Mizrahí, empresario de Paseo San Francisco S.A. de C.V.; así como servidores públicos federales, estatales y municipales.
Con pocos meses constituida, una desconocida empresa estadounidense ganó contratos multimillonarios en el sector energético de México. Esta investigación revela los lazos entre uno de los funcionarios clave de este proceso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, los fundadores de la novel firma y las controversias en las que han estado involucrados.
Por: Isabella Cota y Adam Williams para EL PAÍS de España y CONNECTAS
Era una oportunidad incomparable. Cuando México abrió su mercado para que empresas privadas puedan producir y vender energía en el país por primera vez en décadas, un par de empresarios estadounidenses se encontraron de repente en una posición de privilegio. México iba a comprar grandes cantidades de gas natural de su vecino del norte y la persona a cargo de negociar los contratos era alguien que ellos conocían bien: un excolega de hacía más de 15 años.
Una investigación realizada por EL PAÍS, con información de más de 80 entrevistas con miembros del sector energético, fuentes confidenciales y más de 5.000 correos internos de la CFE, revela los lazos entre ejecutivos de CFE International —el brazo internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México, creado tras la reforma energética— y Whitewater Midstream, una empresa estadounidense desconocida que obtuvo contratos multimillonarios para suministrar enormes volúmenes de gas al Estado mexicano durante la gestión de Guillermo Turrent, exdirector de CFE International bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es la historia de un puñado de traders que pasaron de generar grandes ganancias en un mercado energético recién liberalizado, el de California, a hacer lo mismo en otro mercado recién abierto, el de México, 15 años después.
En México, ahora están en la mira del Gobierno, según confirmó a EL PAÍS el vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro, ante una consulta sobre Whitewater: “Con esta empresa lo que vamos a hacer es tomar acciones de carácter legal, tanto civiles como penales”, dijo Bravo Navarro este lunes 5 de julio. “Estaremos cumpliendo con las obligaciones de denunciar actos y hechos de naturaleza ilegal en detrimento del Estado mexicano”. Por otra parte, Turrent está siendo investigado por las autoridades por firmar contratos cuestionables durante su tiempo en la empresa de servicios públicos mexicana, según un alto funcionario del Gobierno, quien habló bajo condición de anonimato.
Ilustración por: Héctor Haumán
La reforma energética impulsada por el Gobierno de Peña Nieto hizo de la estadounidense Whitewater Midstream, empresa fundada en 2016, una gran ganadora: apenas cinco meses después de ser creada, la empresa ya había acordado su primer negocio con la CFE y, en un par de años, pasó de ser inexistente en el sector a trabajar codo a codo con grandes transnacionales. Correos y documentos confidenciales obtenidos por EL PAÍS demuestran que la empresa negoció al menos dos contratos con CFE International. Uno de los contratos, en el cual se comprometen a suministrar un alto volumen de gas natural —entre un 15% y 20% de la demanda diaria de importación de México, un volumen inédito según expertos en el sector—, lo ganaron en asociación con una de las más grandes empresas de energía en Norteamérica, de acuerdo con un documento interno filtrado a EL PAÍS, donde figuran los términos de este contrato tal como fueron aprobados.
Los contratos fueron otorgados bajo la dirección de Guillermo Turrent, entonces la cabeza de CFE International, quien trabajó con el fundador y con un alto ejecutivo de Whitewater entre 2000 y 2001 en la empresa Royal Dutch Shell en San Diego, California. Así lo demuestran documentos del regulador de energía en EE UU, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) que forman parte de un caso abierto por posibles precios injustificados en la negociación de un contrato a largo plazo con el Estado de California. En esa época, un año después de abrir su mercado a la competencia privada, California sufrió una crisis de electricidad que llevó a apagones que afectaron a millones, ocasionados por una repentina alza en los precios que casi dejó en bancarrota al Gobierno del Estado.
LOS CONTRATOS “LEONINOS”
Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la reforma energética, bajo el argumento de que los contratos que fueron otorgados gracias a esta reforma favorecen a las empresas privadas y no al pueblo mexicano. En 2019, el director general de CFE Manuel Bartlett renegoció algunos contratos de compra de gas natural que se firmaron durante el sexenio pasado por considerarlos “leoninos”, pero ni él ni el presidente han mencionado hasta ahora a Whitewater. En estos dos años y medio de gestión de López Obrador, la información de los negocios entre CFE International y Whitewater Midstream nunca ha salido a la luz, pese a los posibles conflictos de interés que existían entre sus ejecutivos, que se conocen desde hace casi 20 años.
Decenas de peticiones de información hechas entre 2019 y 2021 al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), así como directamente con la CFE, para conocer las versiones públicas de los contratos con Whitewater fueron rechazadas bajo el argumento de que son confidenciales. No obstante, según el vocero de la CFE, próximamente la empresa estatal mexicana saldrá a hablar de estos contratos. “Esto tiene que ver con cero tolerancia a la corrupción”, dijo Bravo Navarro. “Lo que estamos haciendo es defender los intereses de la CFE, defender los intereses de los mexicanos en ese sentido y por esa razón, se emprenden acciones legales”, añadió.
A partir de la reforma energética, CFE fundó una empresa privada basada en Houston, Texas, y constituida en el Estado de Delaware, que goza de protección confidencial de sus contratos. La llamó CFE International (CFEI), y, en México, se le conoce como CFEnergía. Estados Unidos es el principal productor de gas natural en el mundo, el cual vende a los precios más bajos en el mercado. El rol de CFEI dentro del grupo de empresas que conforman a CFE es, precisamente, aprovechar la cercanía con EE UU y negociar contratos de compra y venta del combustible a los mejores precios, ya que este gas se utiliza en México para generar electricidad. Para lograr esto, CFEI necesita gozar de cierta confidencialidad, tal como tiene cualquier empresa privada que compite en el mercado y que negocia contratos con otras compañías. Revelar los precios a los que negocia la compra y venta del gas la haría vulnerable ante la competencia.
Crear un brazo privado de una empresa del Estado, como es CFEI, fue una parte importante de la apertura del mercado eléctrico en México, explica Adrián Duhalt, investigador especializado en energía del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad Rice en Texas. “Puede ser el instrumento para incrementar la presencia de las empresas paraestatales en el extranjero”, dice el especialista.
Por lo tanto, CFEI, a diferencia de su empresa matriz y la empresa del Estado Petróleos Mexicanos, no está obligada por ley a publicar los acuerdos y negocios que hace. Es, en pocas palabras, una especie de caja negra. “Esto se presta a que funcionarios tomen ventaja de esa laguna legal que no aplica a las empresas estatales”, apunta Duhalt. Es decir: CFEI no debe rendir cuentas a la población y sus negociaciones con privados dependen solo de la buena fe y confianza de los funcionarios a cargo.
Guillermo Turrent, durante la presentación del proyecto de infraestructura de almacenamiento de combustibles líquidos, de la empresa filial de CFE, CFEnergía el 14 de marzo de 2017. / Tercero Díaz – CUARTOSCURO
De acuerdo con Irma Villanueva Nájera, directora de la CEAVE, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.
La comunidad de El Manzano, también en el municipio de Uruachi, comenzó a vivir desde 2015 uno de los casos de desplazamiento más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La primera ocasión, alrededor de 35 personas de diferentes familias tuvieron que huir caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.
Un año después, salió otro grupo de más de 60 personas de la misma comunidad, porque no habían cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los habitantes desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus seres queridos. El último fue en 2018.
En ese año, el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares, regresaron a sus casas, resguardadas por la Policía Estatal.
En el municipio de Uruachi no se han registrado incendios masivos provocados. Ahí, la forma de dominar es a través de la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, alias El Chueco –perteneciente al cártel de Sinaloa–, que ha impedido el desarrollo forestal, según testimonios de habitantes del lugar.
Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta desde el exilio.
EL REGRESO A MÉXICO
Lo anunció en inglés a través de Facebook en enero de 2013: “Me alegra informarles que a partir de hoy, oficialmente empecé como director de Modernización de la CFE (la empresa estatal de México)”, escribió Guillermo Turrent, estrenando nueva foto de perfil en la que vestía traje y corbata negros impecables. “Me fui de México hace 16 años, y estoy feliz de regresar.”
El padre de una compañera de la infancia de Turrent, Francisco Rojas, se había convertido en el director general de CFE bajo la recién llegada administración de Peña Nieto. Rojas nombró a Turrent director de Modernización y su trabajo era encabezar el diseño de una nueva red de gasoductos que suministrarán al país del gas natural más barato en el mundo, el que se vende en Texas.
No es que Turrent no estuviera calificado para el puesto. Actuario egresado de la UNAM, Turrent emigró a EE UU para trabajar en el sector energético desde temprano en su carrera. Recorrió los pasillos de empresas transnacionales como Shell, Sempra Energy, Constellation Energy y EDF. El naciente sector energético en México recibió con entusiasmo su llegada y, hasta la fecha, personas cercanas a él lo describen como “brillante” y un trabajador incansable al que le gusta vestir trajes Ferragamo.
Era, además, un momento emocionante para estar en el sector de energía. Ese año, 2013, el Congreso aprobó la reforma energética constitucional que permitió que empresas privadas invirtieran en producción de petróleo y generación de electricidad por primera vez en más de 70 años en el país. Para la CFE esto implicó una reorganización que la dividió en varias empresas, entre ellas CFEI, de la que Turrent pasó a ser su primer director general en 2015.
En abril de 2016, Matthew Calhoun, un excolega de Turrent con el que trabajó en Shell en California entre 2000 y 2001, fundó en Austin, Texas, la empresa Whitewater Midstream. Para septiembre del mismo año, Whitewater ya había negociado un primer acuerdo con CFE para el desarrollo de un “importante proyecto” en conjunto, de acuerdo con correos internos. Por su parte, y al mismo tiempo, otro excolega de Turrent y Calhoun, Arlin Travis, fue contratado por CFE como consultor independiente. Un año después, Travis estaba trabajando en Whitewater.
CRISIS EN CALIFORNIA
Turrent, Travis y Calhoun se conocen desde hace décadas. Los tres fueron compañeros de trabajo en una oficina de Shell en San Diego durante lo que se conoce como la crisis de electricidad de California hace 20 años. A finales de los noventa, California, como lo hizo México años después, liberalizó su mercado eléctrico para promover la competencia entre privados y ofrecer menores precios a sus habitantes. Pero ocurrió lo contrario.
Durante 2000 y 2001, el precio de la electricidad en California se disparó hasta tocar máximos históricos. Esto se volvió por momentos impagable para el Gobierno del Estado, lo que derivó en apagones que dejaron a millones de ciudadanos sin luz en ciudades como San Diego y San Francisco, así como pérdidas de miles de millones de dólares. El Estado buscó protegerse con contratos de largo plazo para garantizar el suministro a una tarifa estable. Una de las empresas con las que acordó uno de esos contratos fue Shell, en donde trabajaban Turrent, Travis y Calhoun.
Pero al final de 2001, la empresa operadora del mercado energético Enron Corp. cayó en bancarrota. Su caída llevó a una profunda investigación por parte de autoridades en EE UU en la que se encontró evidencia de que Enron, junto con más de 30 empresas privadas, incluyendo Shell y Sempra Energy, habían participado en esquemas manipuladores para inflar los precios de electricidad, ocasionando la crisis energética. Además, la revelación llevó al Estado de California a argumentar que las tarifas negociadas durante la crisis, en 2001, con el objetivo de evitar justamente pagar precios exorbitantes, fueron también injustificablemente altas. California presentó entonces una queja ante la Comisión Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC, por su sigla en inglés): el Estado sostiene, hasta la fecha, que Shell se aprovechó de las irregularidades en el mercado —precios artificialmente altos— para fijar tarifas elevadas de largo plazo, lo cual constituye fraude en la formación del acuerdo.
La Comisión Reguladora todavía no ha resuelto el caso del contrato de largo plazo firmado en 2001 entre California y Shell. En 2016, un juez de derecho administrativo le recomendó a la FERC que ordenara a Shell a pagar 779 millones de dólares al Estado de California por sobrecargos relacionados con el contrato en cuestión. La Comisión, sin embargo, no ha emitido una opinión final sobre el tema, por lo que el caso sigue abierto.
Un correo presentado como evidencia en el caso de California en contra de Shell muestra que Turrent, Travis y Calhoun trabajaron juntos durante la crisis de electricidad de California
Turrent, Travis y Calhoun no fueron acusados de manipulación ni sancionados por este caso. Pero sus nombres y comentarios aparecen en correos y transcripciones de conversaciones telefónicas entre los empleados de Shell que forman parte de la evidencia presentada. La correspondencia demuestra que los tres se conocen, trabajaron juntos y abre interrogantes sobre su comportamiento como operadores del mercado. “Las grabaciones de audio y los correos electrónicos de las conversaciones de los traders de Shell que se han admitido como evidencia están repletas de referencias sobre su conocimiento de las actividades ilícitas y su rentabilidad”, escribió el juez en su recomendación a la FERC en 2016.
Quizás, una de las referencias más escandalosas es la manera en que un exempleado de Shell, Tobin Dreher, le describió a otro colega lo sencillo que había sido generar jugosas ganancias en detrimento del Estado de California: es como quitarle “un caramelo a un bebé”, le dijo, según una transcripción y audio de una conversación telefónica. Dreher fue contratado por Turrent en 2018 como vicepresidente de comercialización de gas natural de CFEI, un puesto que dejó este año, de acuerdo con un anuncio en sus redes sociales. Otro comentario que destaca dentro de las miles de páginas que se presentaron como evidencia es el de la jefa de Turrent en Shell en ese momento, quien celebró las multimillonarias ganancias de la empresa mientras el Estado sufría apagones:
“Desde un punto de vista estrictamente ético, ¿tienes algún problema con los apagones?”, le preguntó un empleado de Shell a la jefa de Turrent.
“¿Desde un punto de vista ético? No”, contestó la jefa de Turrent.
En cuanto a Turrent se refiere, su nombre aparece tres veces en el fallo inicial en donde el juez argumenta que él y miembros de su equipo, como negociadores del contrato de largo plazo, estaban informados de que los precios en que se basó la negociación estaban inflados. En un comentario por correo, un vocero de Shell negó que la empresa haya actuado indebidamente y dijo que el contrato de electricidad en cuestión se negoció “de conformidad con las regulaciones existentes”. “Nuestra posición es que la decisión inicial del juez de derecho administrativo debe ser revocada y esperamos que el fallo final de los comisionados lo haga”, dijo el portavoz.
En una llamada con un colega, el entonces operador para Shell, Tobin Dreher, asegura que generar enormes ganancias del Estado (de California) era como quitarle “un caramelo a un bebé”. Dreher fue contratado por Turrent en CFEI en 2018
REENCUENTRO EN MÉXICO
Turrent, Travis y Calhoun tomaron caminos diferentes después de la crisis en California, trabajando para diferentes empresas en distintos lugares de EE UU. Pero años después, los tres se reencontraron para trabajar juntos en otro mercado recién liberalizado: México.
En julio de 2016, Travis fue contratado como consultor de la CFE, según correspondencia obtenida por EL PAÍS entre él, Turrent y Javier Gutiérrez, exdirector de Operaciones de CFEI. Dos meses después, en septiembre de 2016, Gutiérrez, Travis y un ejecutivo de Whitewater se reunieron en Texas, como consta en un documento público. Días después, el director general de Whitewater mandó un correo a Gutiérrez en donde expresa su satisfacción con los negocios pactados entre la empresa texana y la CFE.
Fue Gutiérrez, quien trabajaba directamente con Turrent, quien se reunió con el equipo de Whitewater en por lo menos cuatro ocasiones durante cuatro meses de 2016. Un documento público asegura que Gutiérrez “llevó a cabo una reunión con la empresa Whitewater para la negociación de contrato para interconexión” con un cabezal en el oeste de Texas.
Correos internos entre CFE y Arlin Travis comprueban los negocios entre los personajes
Las huellas de Turrent en Whitewater van más allá de sus lazos con excolegas de Shell. Otro empleado de Whitewater, Todd Speiser, fue colega de Turrent en Constellation Energy y luego EDF, donde formaron parte del mismo equipo. En los primeros meses de 2017, empleados de Whitewater comenzaron a trabajar dentro de las oficinas de la CFE en México como “consultores”, según tres fuentes internas de la paraestatal. Las fuentes coincidieron que la presencia de los empleados de Whitewater les llamó la atención y se vio como un posible conflicto de interés, dado que la empresa después resultó la ganadora de un contrato que se preparó durante el tiempo en que ellos estaban como consultores.
De acuerdo con una de las tres fuentes, Speiser y otros empleados de Whitewater comenzaron a trabajar dentro de las oficinas de CFEI en México en febrero de 2017 y continuaron trabajando ahí durante los meses en que CFEI preparaba la licitación de un contrato por un alto volumen de gas natural. La licitación, llamada RFO por sus siglas en inglés (Request For Offer, o Petición de Ofertas) se publicó en junio y, para noviembre, CFEI anunció que el ganador de ese contrato fue Whitewater, en asociación con otra empresa. Las fuentes consideran que es posible que Whitewater, durante su tiempo trabajando en CFEI, tuviera acceso a información privilegiada que la puso en ventaja ante sus competidores en la RFO.
El masivo contrato con Whitewater en asociación con otra empresa es para el suministro de una cantidad de gas natural equivalente al 15%-20% de la demanda de importación diaria de México por un plazo de 15 años, según un documento interno obtenido que detalla los términos del contrato como fueron aprobados en ese momento por el consejo de CFEI. El enorme volumen de aquel contrato sorprendió a muchos en el sector energético en ambos lados de la frontera, incluyendo a expertos entrevistados por EL PAÍS que aseguran no saber de ningún otro acuerdo de tamaño similar. Por esa cantidad de gas natural, la CFEI estimó que pagaría alrededor de tres millones de dólares diarios por el gas, según el documento interno. Adicionalmente, en diciembre de 2017, la matriz CFE aprobó darle a Whitewater una garantía de hasta 600 millones de dólares, como consta en la minuta firmada en la reunión del consejo de administración. Una garantía corporativa de este tipo es común en contratos entre empresas, ya que asegura que el garante cumplirá con cierto mínimo establecido de sus compromisos de pago.
Renegociar un contrato como el de Whitewater podría salirle caro a México. El 15 de junio, la agencia de riesgo crediticio S&P Global dijo en un comunicado que cabe la posibilidad de recortar la calificación de la deuda soberana de México en el próximo año si el desempeño económico del país se ve mermado por “el retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, particularmente en el sector energético”. Si México perdiera su codiciado grado de inversión, se dispararía la tasa de interés que los inversores cobran a cambio de prestarle dinero al Gobierno.
Minuta de la reunión del Consejo de Administración de CFE en que aprobó la garantía corporativa a WWM en diciembre de 2017.
<
Renegociar un contrato como el de Whitewater podría salirle caro a México. El 15 de junio, la agencia de riesgo crediticio S&P Global dijo en un comunicado que cabe la posibilidad de recortar la calificación de la deuda soberana de México en el próximo año si el desempeño económico del país se ve mermado por “el retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, particularmente en el sector energético”. Si México perdiera su codiciado grado de inversión, se dispararía la tasa de interés que los inversores cobran a cambio de prestarle dinero al Gobierno.
Turrent no respondió a varias solicitudes de comentario de EL PAÍS. Tobin Dreher, quien dejó de trabajar con CFEI en marzo, no quiso hacer comentarios. Calhoun, Travis y Speiser declinaron hacer declaraciones a través de una agencia de relaciones públicas. Javier Gutiérrez tampoco quiso comentar.
“Es muy interesante saber dónde han aterrizado todas estas personas y que todavía están en la industria”, dijo Gerald A. Taylor, un testigo experto del Estado de California en el caso contra Shell. “Más que sorprendente dado su comportamiento en los mercados eléctricos de California”.
Aunque el Gobierno de México no ha hablado públicamente sobre las relaciones entre Whitewater y la CFE, en febrero, un diputado de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón, dijo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que Whitewater es “una empresa a la cual se le entregaron contratos cuyo daño financiero, porque no tenía ni activos ni tenía estados financieros, es por más de 22.000 millones de dólares, contratos de gas y gasoductos entregados a una empresa sin solvencia financiera, bajo sospecha de corrupción, tráfico de influencias e información privilegiada”.
Esta es una investigación para EL PAÍS y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
San Lorenzo Chiautzingo, Pue.- Aunque aún no se ha inaugurado de manera oficial la Universidad Benito Juárez García, ya se prestan los servicios administrativos tanto a docentes como a estudiantes.
En este sentido, durante un recorrido que se hizo, el acceso a la Universidad Benito Juárez, por la calle Chapultepec de la comunidad de San Lorenzo Chiautzingo, ya quedó adoquinada hasta la entrada de dicha institución educativa.
Así mismo, se observó que la barda perimetral solo ha sido levantada en la parte de enfrente, no así a los costados ni la parte trasera; además de que aún continúan los trabajos por parte de los albañiles quienes se les observó colocando piso en la zona del patio de la universidad.
Además de que la pequeña oficina de servicios administrativos estaba abierta y se observaron jóvenes con mochilas que estaban realizando algún tipo de trámite; por lo que se busco al director del plantel, sin embargo, de acuerdo a la secretaria, estaba en una reunión y no atendería a ninguna persona por el momento.
Cabe señalar que había al menos seis jóvenes y una persona adulta en lo que es el auditorio de la Universidad, así mismo, otros cinco jóvenes, sentados frente a lo que son los salones. Otros dos jóvenes caminaban hacia donde estaban estacinadas motocicletas y varios automóviles.
Veremos de qué color se pusieron los morenos con la noticia de la reelección, sin el efecto AMLO, con una crisis de salud y económica durísima en el país y con estas decisiones ¿volverán a ganar los morenos como hace 3 años?
Por el Licenciado Juan Hernández-Roldán.
¿Cómo andarán los ánimos de aquellos defensores a ultranza de MORENA, de aquellos que decían que la 4T era » la mera verdad»?
Gritaban, se ufanaban, presumían y orgullosos decían que no había cosa más perfecta en esta tierra que la 4T por sus mecanismos democráticos de selección de candidatos.
¿Cómo les «cayó» la noticia a los verdaderos luchadores, los de «a pie», los que «sudaban la camiseta de sol a sol»? cuando se enteraban de que habrá repetición en la candidatura…
Ni modo, como en los otros partidos… «borreguitos»
¿Hoy «con qué cara», con qué argumentos llegarán a pedir el voto para MORENA nuevamente?
¿Conseguirán más votos o más «recordatorios familiares»?
Ahora entiendo a algunos tramposos de MORENA que nuevamente estaban pidiendo «VOTO MASIVO» para el partidazo… TRAMPOSOS.
Hasta hace poco cuando se les reclamaba a los MORENOS que los resultados no eran los esperados en la Administración Municipal, siempre, siempre usaron el pretexto de que la actual administración no era morenista, sino que era de otro partido asociado a MORENA, una imposición y bueno le daban mil vueltas para justificar, justificar lo que hoy es cierto:
1.- Que la Dirigencia hace, quita y pone a quien quiere.
2.- Que a la militancia ni la «pelan» o sea no la toman en cuenta… NO IMPORTA, y…
3.- Que son lo mismo que otros partidos, que en realidad no hay democracia y que son: «la misma gata, solo que revolcada».
Esos morenos, escupieron hacía arriba y les cayó en la cara.
Ni modo…
<
Lo dije, lo dije muchas veces: «AL TIEMPO…» y que placer pecaminoso se siente al cumplirse la sentencia… SE CAYERON LAS MÁSCARAS. ¿HASTA AQUÍ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN?
La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
Hay 44 mil 422 millones de pesos que desde este momento se presumen como probables daños al erario público y tienen que ser devueltos. Los 55 mil millones restantes aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos y necesitan ser aclarados.
Hasta este momento, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia para aclarar ni devolver el 98.1% de estos recursos irregulares, este porcentaje es el más alto de los últimos 20 años.
Del total de irregularidades, el 56% (56 mil 64 millones de pesos) corresponde a dinero transferido a los gobiernos locales y el 46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.
De las irregularidades en el gasto de los gobiernos locales, el partido del presidente es el mayor responsable de las irregularidades en los estados, pues la coalición de MORENA, a pesar de gobernar sólo 7 estados, acumula el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 mil 519 millones de pesos.
De las irregularidades en el gasto del Gobierno Federal, 37 mil 65 millones de pesos fueron en el gasto para desarrollo económico; 7 mil millones en el gasto para desarrollo social y 519 millones en el gasto de gobierno.
Mexicanos Contra La Corrupción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en todo el país y forma parte del esquema de pesos y contrapesos democráticos, pues es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene la facultad de decidir cómo hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía técnica y de gestión. El trabajo de la ASF ha sido fundamental para identificar muchos de los escándalos de corrupción más significativos de sexenios pasados; por ejemplo, las primeras evidencias sobre el esquema de La Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años después a las investigaciones periodísticas que se convirtieran en escándalos mediáticos.
En su revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha identificado 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Estas cifras no representan una marca en términos absolutos, pues, por ejemplo, son menores a las de casi todo el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, sí representan un récord histórico en cuanto a impunidad, pues hasta el momento el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería, lo cual supera al que era el punto más alto: 84.2% en 2018.
En cuanto a los principales responsables de estas irregularidades, la mayor cantidad, 55 mil millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Pero en este caso destaca que, a pesar de que MORENA y sus aliados gobiernan 7 entidades, concentran el 43% de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF. Se dice a modo de broma que todo lo justifica que “el PRI robó más”, pero a partir del primer año de la llamada “Cuarta Transformación”, MORENA se puso a la cabeza. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, con 37 mil millones de pesos, el gasto para desarrollo social, que acumula 7 mil millones de pesos, y el gasto de gobierno, en donde la ASF identificó 519 millones más.
Las observaciones de la ASF
Si durante el proceso de vigilancia del gasto público la ASF detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma. En este caso, detrás de cada peso auditado se explica por qué, cómo y en dónde los recursos fueron usados de manera contraria a las leyes. Además, en los casos en los que no solo se violó la ley, sino que existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la ASF establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.
La ASF ha concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha presentado sus cifras definitivas en sus Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos (mdp) que se gastaron de manera irregular y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 millones que desde este momento se presumen como probables daños al erario. Esto quiere decir que hay 55 mil millones que aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá. En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.
Para tratar de dimensionar la magnitud de estos montos, imaginemos que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución encargada de brindar atención a los más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, tendrá este año un presupuesto de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de las irregularidades del primer año de este gobierno podría pagarse toda la operación del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 millones, con los que alcanzaría para pagar el presupuesto de todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.
Si comparamos esta cifra con los hallazgos de años anteriores, veremos que no se trata del punto más alto: durante todo el sexenio de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de irregularidades detectadas fueron superiores a las del primer año de López Obrador, con un promedio de 174 mil millones. En contraste, las observaciones de 2019 son superiores a las de los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón y solo están por debajo de las que se hicieron en 2012, por 147 mil millones.
Esto es diferente si se considera cuánto de dichas observaciones sigue pendiente de ser recuperado o explicado. En la siguiente gráfica en color azul aparece el dinero que originalmente la ASF detectó como irregularidad, pero que las autoridades lograron aclarar; en verde, el presupuesto que logró ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser devuelto o esclarecido en dónde o cómo se usó. Por el monto total, los años 2016 y 2018 son los primeros dos lugares en dinero desaparecido, con 132 y 169 mil millones de pesos que siguen en el limbo, mientras que el tercer lugar corresponde al primer año de este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero si se consideran los porcentajes, entonces López Obrador sí ha establecido una nueva marca: hasta el momento, 98.1% de las irregularidades detectadas por la ASF siguen sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo año con más proporción de irregularidades no aclaradas es 2018, con 84.2%.
Estas cifras pueden y deberían de cambiar, pues las autoridades tienen todavía la oportunidad de atender los señalamientos de la ASF. Será muy importante dar seguimiento a la evolución de estos montos y las aclaraciones ofrecidas por el gobierno. En el desarrollo de todo este proceso, incluyendo los deslindes de responsabilidades y sanciones, tendremos uno más de los indicadores para evaluar si el combate a la corrupción que domina el discurso gubernamental puede convertirse en hechos o si, por el contrario, la impunidad sigue tan presente en la «Cuarta Transformación» como en los gobiernos pasados.
Los principales responsables de las irregularidades
Dado que la ASF se encarga de la vigilancia de los recursos federales, sus labores de fiscalización van más allá del gobierno federal. Una parte considerable de este dinero es transferido a los gobiernos locales, ya sea porque el pacto fiscal lo mandata o porque se trata de políticas en que se trabaja junto con la autoridad central. Esto queda evidenciado en los resultados de la Cuenta Pública de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 914 millones de pesos de irregularidades detectadas por la ASF corresponden a observaciones del gasto federalizado. En los 56,064 millones identificados, las tres categorías de gasto local con mayores problemas detectados fueron las correspondientes a salud, educación y las participaciones federales.
Desde esta perspectiva, podría parecer que el presidente López Obrador tendría una salida para decir que la mayor parte de las observaciones de la ASF no tienen que ver directamente con su gobierno, sino con las administraciones locales. Al separar las recuperaciones determinadas por la ASF por entidad, el mayor monto identificado corresponde al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp. Sin embargo, resulta llamativo que los siete estados gobernados por la coalición de MORENA, así como el gasto federalizado ejercido por el gobierno central, suman 24 mil 519 millones de pesos en irregularidades. Esto quiere decir que los gobiernos locales de MORENA, a pesar de gobernar solo el 22% de las entidades federativas, concentran el 43% del dinero irregular identificado por la ASF dentro del gasto federalizado. Le siguen Movimiento Ciudadano, con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 millones y el gobierno independiente de Nuevo León, con 324 millones.
Después de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales, queda lo que directamente fue utilizado por el gobierno central. En este caso, una de las formas más sencillas para comprender quiénes fueron los responsables de las irregularidades que la ASF documentó es separando entre las funciones del gasto que se auditó. El grupo más grande de recursos irregulares usados por el gobierno federal corresponde al gasto de las dependencias dedicadas al desarrollo económico, que acumulan 37 mil 65 millones de pesos señalados por la ASF. Para poner esta cantidad en perspectiva, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, que es la única política que el gobierno decidió utilizar para brindar ayuda a un pequeño porcentaje de los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus, tendrá en 2021 un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Las irregularidades detectadas en el gasto para desarrollo económico en 2019 habrían alcanzado para pagar casi 25 veces ese programa.
Dentro de esta categoría de irregularidades en gasto para desarrollo económico, los tres rubros que explican el 97% del monto total son las auditorías aplicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchos de los hallazgos de la ASF se relacionan con problemas en las obras de infraestructura de esta administración, así como en problemas en las dos instituciones que, a pesar de sus ineficiencias y pérdidas constantes, siguen siendo la apuesta de la política energética presidencial.
El segundo grupo de dependencias con mayores montos detectados con irregularidades corresponde a las que se dedican al desarrollo social, que en conjunto tuvieron 7 mil millones de pesos detectados por la ASF. El primer lugar en esta clasificación corresponde a la Secretaría de Bienestar, que tiene 3,421 millones que debe aclarar o devolver por haberlos usado fuera de la ley, seguido de la Secretaría de Cultura, con 1,738 mdp (este caso es particularmente llamativo, pues ese monto equivale a 13% del total del presupuesto de la dependencia) y la SEP, con 712 mdp. Entre las auditorías que explican estos montos se encuentran múltiples hallazgos sobre irregularidades en los programas sociales, así como en la operación de los Servidores de la Nación.
Finalmente, el último grupo corresponde a las instituciones relacionadas con funciones de gobierno. En este caso, la ASF detectó 519 millones de pesos como irregularidades y las tres principales responsables son la Secretaría de la Defensa, Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
***
Esta primera aproximación a los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación nos permite tener una mejor perspectiva de dónde están (o mejor dicho, no están) los recursos públicos que se han usado sin ajustarse a la ley, que se han desperdiciado en políticas basadas en la ocurrencia y, en una gran cantidad de casos, en abiertos esquemas de simulación, corrupción y desvío de recursos. A partir de esta hoja de ruta, en posteriores entregas nos enfocaremos en analizar casos específicos derivados de las auditorías individuales, pues la ASF ha encontrado escandalosos problemas en los programas sociales, las obras de infraestructura que son la insignia de esta administración, así como en varios de los destinos favoritos del gasto presidencial. Por el momento, es útil recordar que cada peso identificado por la ASF tiene un sustento en una auditoría particular, en la que diversos servidores públicos analizaron la información pública, encontraron irregularidades y, después de acudir a las dependencias, sostuvieron sus hallazgos y todas pueden ser consultadas.
<
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una y otra vez que al comenzar su gobierno, el combate a la corrupción le daría 500 mil millones de pesos adicionales para poder gastarlos en las necesidades de la gente. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que dicha idea solo era un buen deseo, pues los mencionados recursos jamás aparecieron. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que la corrupción no solo sigue viviendo y gozando de cabal salud en México, sino que ha seguido avanzando. En lugar de darnos recursos adicionales, en 2019 nos dejó con 100 mil millones de pesos menos que hoy siguen en la incógnita.
El presidente ha dicho que estos hallazgos son una exageración, que están mal y que él, para variar, tiene otros datos. Esto tuvo que ver con una auditoría que señalaba los posibles costos futuros de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero dicha estimación no se contabilizó como una posible irregularidad. Por lo tanto, lo que de verdad importa es si el gobierno de López Obrador puede aclarar las observaciones detectadas por la ASF con evidencias comprobables. Afortunadamente, en este caso particular, podemos saber con precisión si esto es verdad, pues si la ASF recibe las evidencias que demuestren que esos 100 mil millones de pesos sí se usaron conforme a la ley, en los siguientes meses veremos cambios en esta infame cifra. Pero si se trata solo de habladurías, entonces los hallazgos de la ASF caerán como una losa sobre un gobierno que, ante el escrutinio hecho por una institución ajena al presidente, no pudo comprobar que usó adecuadamente los recursos públicos.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Más información
.jpg "Observatorio Contra la Tortura propone acciones para fortalecer el Decreto de Preliberaciones 21")
