Directorio Legislativo presentó el último ranking de imagen presidencial que recopila encuestas de opinión pública y gestión de gobierno en 18 países de América Latina Esta edición cuenta con la colaboración especial de Mario Riorda, politólogo e investigador argentino.
Buenos Aires, Mayo 2022- Los primeros meses del año confirman que la mayoría de los gobiernos de la región se están consolidando en niveles de desaprobación altos o muy altos y que aún aquellos que transitan la etapa inicial de sus mandatos experimentan caídas aceleradas.
Estos niveles altos de desaprobación, son analizados en esta edición por el reconocido politólogo e investigador Mario Riorda en su artículo “Los gobiernos en su mayoría se padecen”.
En nuestro último número del Ranking de Imagen Presidencial también se analizan dos temas que han atravesado la agenda regional de los últimos dos meses: el aumento de la inflación y la inseguridad:
– Además de Argentina y Venezuela que, como se sabe, tienen niveles de inflación inusualmente altos, cinco de las principales economías de la región ya registran una tasa anual media del 8% o más: Brasil (12,5%), México (7,7%), Chile (10,5%), Colombia (9,2%) y Perú (7,5%) donde el costo de vida se instala entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.
– Cinco países de la región (El Salvador, Perú, Ecuador, Costa Rica y Chile) declararon el estado de emergencia en todo el territorio nacional o parte de él, por diversos episodios de inseguridad y conflictividad social. Con ello, crece la inquietud sobre los riesgos que esta situación podría implicar para el estado de derecho.
Seguí leyendo y conocé más en nuestro informe.
AMLO como el mejor posicionado en el Ranking de Imagen Presidencial: Marzo – Abril 2022
Evolución de Imagen Presidencial. Enero 2020 – Abril 2022
Medición de aceptación y rechazo de AMLO como presidente de México,
Sobre Imagen del Poder. Es un monitoreo bimestral de imagen presidencial, realizado a partir de la recopilación de encuestas de opinión pública de 90 fuentes en 18 países de América Latina y el Caribe. El ranking incluye únicamente aquellos casos en los que se dispone de un mínimo de tres mediciones de al menos dos fuentes diferentes para el período analizado.
Elaborado por el equipo de investigación de Directorio Legislativo, integrado por Felicitas Torrecilla (coordinadora), Facundo Cruz (investigador asociado) y Matías Carpignano.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad, el 14 de agosto del 2012, en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González.
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas” En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS PERSONAS AUSENTES Y LOS TERRITORIOS QUE HABITABAN?
En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
EL AÑO DE LA PESADILLA: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
LA CRISIS DE DESAPARICIONES YA NO SE PUEDE OCULTAR
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. DEL NOROESTE AL CENTRO
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
NUEVOS SITIOS GOLPEADOS POR LA DESAPARICIÓN
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Martha Angélica Martínez y José Guadalupe Beltrán, padres de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido a los 19 años, el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas.. Abril 2022, Guadalupe, Zacatecas.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
UN DELITO QUE TOMA FUERZA
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿DÓNDE SE CONCENTRÓ LA DESOLACIÓN?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
AUMENTA LA DESAPARICIÓN DE MUJERES
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
¿CUÁNTAS PROBABILIDADES HAY DE QUE UNA PERSONA SEA LOCALIZADA?
No toda persona reportada como desaparecida está condenada a nunca volver a casa: por cada 100 reportes, 60 personas son localizadas y 40 siguen sin ser localizadas. Con los fragmentos del registro nacional que hasta hoy están disponibles no es posible conocer si las autoridades las buscaron, las rescataron o las personas regresaron solas, o bajo qué circunstancias se dieron las localizaciones.
Lo que sí podemos conocer es que de esas 59 personas localizadas, a 55 se les encuentra vivas y a cuatro sin vida.
En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada cuenta mucho la edad, el género, la región y los años en los que ocurre la desaparición.
Los datos obtenidos para esta investigación permiten sacar algunas conclusiones:
En la pintura más general, Campeche, Aguascalientes, Yucatán y Oaxaca se distinguen porque el 90% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas. En el extremo contrario está Coahuila, donde sólo aparecen 17 de cada 100.
Tlaxcala se destaca por ser el estado con menos reportes: sólo tiene 227 desde 2006; pero tiene el porcentaje más alto de localizaciones sin vida: 11% (25 personas). Le sigue Sinaloa, donde mil 132 personas que estaban como desaparecidas fueron encontradas sin vida, esto es el 10.5% de todos sus reportes.
Las mujeres tienen más probabilidad de regresar que los hombres, pero esto también cambia según el estado: en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Zacatecas más de la mitad de las mujeres sigue sin aparecer.
TERRITORIOS PELIGROSOS PARA HOMBRES
En el caso de los hombres, la desaparición afecta de manera más implacable a quienes tienen entre 25 a 29 años. Ese grupo representa el 14% del total de 74 mil 478 hombres que nunca volvieron.
En la geografía nacional, en algunos territorios sólo hay hombres desaparecidos; lugares en los que, hasta ahora, no se reportaron a mujeres, o bien, ellas ya fueron localizadas y salieron de las estadísticas.
Hasta febrero de 2022, los municipios donde sólo hay hombres desaparecidos son:
UN DELITO QUE TAMBIÉN TOCA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
A partir de 2006, cada año en promedio 194 niñas y niños menores de 12 años desaparecieron en el país.
Brandon Esteban Acosta Herrera tenía ocho años cuando, en la carretera Saltillo-Monterrey, un comando armado lo desapareció a él, a su papá y a dos de sus tíos. Eso sucedió en agosto de 2009, desde entonces su madre no ha dejado de buscarlo. Ese año, por lo menos 63 niños y niñas en el país se sumaron a la lista de desaparecidos.
Y vendrían tiempos peores. A partir de 2020, en las gráficas comenzó a dibujarse un marcado aumento en la desaparición de niñas y niños con menos de 12 años: si el 2019 cerró con alrededor de 284 casos, un año después el número llegó a poco más de 448.
La cifra anual más alta corresponde al 2021. Poco más de 550 infantes desaparecieron ese año y continúan sin ser localizados.
No se sabe cuántas son sustracciones parentales o cuántos fueron arrebatados de sus hogares por personas desconocidas. El registro no permite saberlo y tampoco las causas de estos hechos.
Aunque las víctimas pueden ser desde recién nacidas, uno de los grupos de edad con más riesgo son los de entre 13 y 17 años. Poco más de 10 mil 400 adolescentes de ese rango de edad desaparecieron, lo que representa el 12.5% de todas las personas desaparecidas en México a partir del 2006.
En la adolescencia, el género marca diferencias notables:
Mientras que a la edad de 11 años, las niñas y los niños desaparecen casi por igual; entre los 13 y hasta los 16 años a hombres y a mujeres los separa un abismo. Las adolescentes superan en desapariciones a sus pares masculinos, en algunos casos incluso la cifra es casi dos veces mayor.
En el Estado de México, por ejemplo, mientras hay poco más de 377 hombres de entre 12 y 17 años desaparecidos, el número de mujeres de la misma edad rebasa los 985.
Después de los 17 años esa tendencia se interrumpe, la lógica se invierte de manera marcada y se comienza a dibujar el paisaje de un país en el que una mayoría de hombres, principalmente jóvenes entre 25 y 29 años, son desaparecidos.
¿Por qué desaparecen más hombres en estas edades? No hay respuestas claras. La impunidad que prevalece y la falta de investigaciones no ayuda a tenerlas. Algunas de esas explicaciones podrían encontrarse en los reclutamientos forzados o voluntarios con distintos fines, o el exterminio a los considerados potenciales enemigos, el control de territorios o el instalar el miedo entre la población. También habrá algunos que se vayan de casa y desean no ser localizados.
CIRCUNSTANCIAS DE LA DESAPARICIÓN
¿Cómo desaparece la gente en México? ¿Qué se explica en el registro oficial sobre el contexto de su desaparición? ¿Cómo se clasifican las ausencias de las personas que faltan en los hogares en este país? ¿Cómo llenan los registros los funcionarios que atienden las denuncias?
En los datos que analizamos para esta investigación hay un fragmento de 17 mil 95 registros de personas desaparecidas —de enero de 2006 a febrero de 2022— en los que se escribieron algunas pistas de las circunstancias en las que se dan estos delitos. Las narrativas mencionan los últimos lugares en donde se miró a la persona, son escuetos contextos que enmarcan esas ausencias.
Por ejemplo, se mencionan frases como: “se trasladaba” a su domicilio, a su trabajo o estaba en el trayecto entre una comunidad y otra, o viajaba por carretera o rumbo a Estados Unidos. A esa circunstancia corresponden el 15% de los casos.
La mayoría de estos sucesos quedan envueltos en una nebulosa y las referencias de cómo ocurrió son escuetas: “Se le vio en su domicilio”, “salió de casa y ya no regresó” o, simplemente, “último contacto vía telefónica o mensaje de texto”. Estos casos suman 10 mil 567, que representan el 62% de las endebles explicaciones.
Hubo quienes antes de perder contacto mencionaron que tenían problemas familiares y, de pronto, sin más, no volvieron a ser vistos. Es la situación del 3.2%.
En la minoría de los registros (2 mil 546), los datos son más precisos. En esos hubo testigos que vieron la acción directa en la que, por la fuerza, se privó a la gente de su libertad. En ese grupo están aquellos sobre quienes se señala que personas armadas las sacaron de su casa o interceptaron en la calle, fueron secuestrados, llevados por una corporación policiaca o militar, o que nunca salieron de una agencia del Ministerio Público.
Las últimas dos circunstancias, en las que se menciona la participación de funcionarios públicos, enmarcan desapariciones forzadas: el estado convertido en criminal. Esos 295 registros representan el 1.7%.
Estos relatos fragmentados de las circunstancias en las que desaparecen las personas en México son también zonas grises en donde se diluyen responsabilidades. El territorio común es la incertidumbre que impide saber por dónde comenzar a buscar.
Y las autoridades tampoco ayudan.
María del Tránsito Martínez Mosqueda, muestra una foto de su hijo Gerardo, quien desapareció cuando viajaba en un autobús por Tamaulipas, en abril del 2011. Cortesía.
DESAPARICIONES MASIVAS
México es un país en donde no es extraordinario que grupos completos de diez o más personas sean capturadas. Desde 2006, se han registrado 26 eventos masivos: el último fue el 2 de diciembre de 2021 en Tepic. Ese día desaparecieron 14 personas que siguen sin ser encontradas.
De lo que sabemos sobre estas desapariciones masivas —gracias a información de los colectivos de familias buscadoras— es que muchas veces las víctimas son personas que estaban en tránsito por el país o pasaban por regiones controladas por grupos armados, sino es que habitaban lugares en disputa. También se dan casos en los que eran profesionistas que dominaban una actividad —ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo— que muchas veces es mano de obra codiciable en la disputa por el control del territorio. O simplemente eran hombres, jóvenes, en edad de ser reclutables.
Estos han sido hasta ahora los cinco eventos con la mayor cantidad de personas desaparecidas:
Iguala, Guerrero 26 de septiembre de 2014 Los registros oficiales dan cuenta de 47 personas de las que no se sabe nada desde ese día, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en un suceso que aún sigue siendo investigado por las autoridades federales.
Reynosa, Tamaulipas 7 de marzo de 2019 31 personas desaparecieron en esa jornada, según la contabilidad oficial. Ese día comandos secuestraron a decenas de migrantes que viajaban en un autobús que había partido de Tampico.
Zacatecas capital 26 de febrero de 2021 Un total de 28 personas desaparecidas fueron registradas ese día; la prensa local no registró un evento particular ese día, pero en las jornadas previas desapareció gente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Monte Escobedo.
San Luis Potosí capital 17 de marzo de 2010 20 personas desaparecidas ese día de acuerdo a cifras oficiales; un autobús de la empresa Pirasol salió del municipio Xilitla con más de 30 personas que presuntamente fueron interceptadas por policías en Valadeces, Tamaulipas.
Sabinas, Coahuila 13 de marzo de 2011 Desaparecieron 16 personas ese día según el reporte oficial aunque no hay registros de sucesos en la prensa local. Cinco días después, en la cercana población de Allende sicarios de Los Zetas masacraron a cientos de personas.
LAS SEMANAS DEL TERROR
La desaparición de personas no siempre es a cuentagotas.
Los datos del registro oficial muestran que en México hay lapsos en los que la desaparición pareció ser una epidemia que se presentó en forma repentina y generalizada en ciertas regiones; semanas en este delito se desató como tormenta y tuvo varios polos al mismo tiempo.
La información oficial permite identificar “temporadas de terror” en las que pudieron haber ocurrido prácticas criminales de leva o venganzas masivas contra personas de grupos “enemigos”. Las semanas con oleadas de desapariciones se localizaron en corredores de violencia que abarcan varios municipios o tuvieron reflejos en diversos estados. En todo caso, las víctimas siguen sin ser encontradas.
TERRITORIOS SILENCIADOS
Así como sucedieron semanas de terror, también ocurrieron lapsos de silencio, periodos en los que no se pudo denunciar (y quizás aún no se puede) ante las autoridades los hechos recién ocurridos. En ciertas zonas dominadas por el silencio la gente tuvo que callar el dolor de que le arrebataran a algún ser querido, y esperar meses, incluso años, para poder reportarlo.
El registro oficial de desapariciones actual no permite identificar cuándo y dónde se produjeron esos silencios, pero sí es posible hacerlo si se analiza la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuyos registros llegaron hasta junio de 2018.
De ahí se desprende que de 2010 a 2012 el silencio fue la regla en sitios del noreste del país, especialmente en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.
El temor marcó a 447 municipios azotados por la violencia, en donde las familias denunciaron la desaparición sólo hasta que transcurrieron uno, dos o tres años.
No es posible saber en cuáles y cuántos casos las autoridades impidieron que se hicieran las denuncias, no las registraron o las víctimas no las realizaron pues desconfiaban de las propias autoridades; sabían que eran partícipes o perpetradores directos de la desaparición.
Las leyes del silencio no son estáticas, cambian según el tiempo, o de las estrategias de control poblacional de los distintos perpetradores de la violencia. La censura opera todavía. Las autoridades no han hecho nada para proteger a quienes denuncian y garantizar su derecho a notificar la ausencia de sus seres queridos y a pedir que sean buscados. Al menos 16 familiares han sido asesinados por buscar.
EN ESTE MOMENTO, ALGUIEN DESAPARECE
México lleva más de medio siglo sumando a sus estadísticas personas desaparecidas.
Mientras un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en Nuevo León, en 1964, fue el primero en ese infame registro; esta vergonzosa lista no ha dejado de crecer, de acumular nombres e historias de ausencias que no son normales, que no deberían de serlo.
El lunes 16 de mayo de 2022 México rebasó las 100 mil personas desaparecidas.
Estos no son sólo números, son historias de vidas humanas cuyas ausencias generan un dolor que no puede ser sanado con el tiempo. Que afectarán no sólo a ésta, también a las siguientes generaciones.
Llegamos a las 100 mil desapariciones cuando fueron sumadas al registro tres personas: dos hombres y una mujer. Un adolescente de 17 años a quien se le dejó de ver en Saltillo, Coahuila; otro muchacho de 22 años que estaba en Ayapango, Estado de México; una joven de 29 años a quien no localizan en la Ciudad de México, la buscan en la alcaldía Venustiano Carranza. Sus familias seguramente recorren ahora mismo los laberintos de la burocracia creados para cansar o enloquecer a quien busca, esos sinuosos caminos llenos de puertas falsas y engañosas promesas que otras ya transitaron.
Las tragedias agregadas a ese doloroso recuento de ausencias no cesarán hasta que termine la impunidad que cobija a estos crímenes. Hasta que en México se respete el derecho a nunca ser desaparecido. Y quienes faltan regresen a casa.
Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos a punto de comenzar una búsqueda en Morelos. Foto: Lucía Flores
El presidente AMLO estará en Puebla este sábado 14 para reunirse con agrónomos y productores
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está trabajando desde Esperanza hasta San Martín Texmelucan para la entrega de fertilizantes con la finalidad de fortalecer la producción de alimentos en el país.
Indicó que ya se decidió entregar de manera gratuita los fertilizantes a productores de municipios desde Esperanza hasta San Martín Texmelucan, porque son gente muy trabajadora.
“Ya se está trabajando en todo lo que es Puebla con la entrega de fertilizantes, porque en toda esa zona, a partir de Esperanza hasta San Martín Texmelucan, de lado a lado se dedican a la agricultura. Son muy trabajadores, Palmar de Bravo, todas esas comunidades, todos esos pueblos, y trabaja toda la familia, los papás, las mamás, los hijos, todos, hasta tarde ahí están trabajando”, destacó.
López Obrador visitará nuevamente Puebla este sábado 14 de mayo por la tarde en una visita relámpago para reunirse con agrónomos y productores para garantizar el abasto de alimentos en el país en caso de agravarse la carestía derivada de la crisis mundial.
La estrategia de Andrés Manuel López Obrador se refleja en la disminución considerable de localización de tomas clandestina en ductos de Pemex.
Por Pedro Alonso
Mientras en la región de San Martín Texmelucan, disminuyó el delito de robo de hidrocarburo en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), empieza a aumentar el número de tomas clandestinas en los gaseoductos propiedad de la para estatal de ahí que la región figure de acuerdo a las agrupaciones Amexgas, ADG, Adigas, Asocinor y la Cámara Regional del Gas como una zona para el mercado negro del gas LP.
De acuerdo al comunicado enviado por los distribuidores de Gas LP, hay 18 municipios con mayor incidencia de robo de este energético a los ductos de Pemex, y entre ellos se encuentran: San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan, San Salvador el Verde.
Así mismo, sostienen que 97% de las tomas clandestinas registradas en Pemex se concentran en cinco entidades federativas, siendo Puebla con el 61% de las tomas clandestinas ya que en el último año se registraron mil 462, es decir, 4 perforaciones diarias.
Por lo que, las agrupaciones Amexgas, ADG, Adigas, Asocinor y la Cámara Regional del Gas, para evitar que exista un mercado negro de gas LP, piden que se complemente vigilancia continua en el ducto de Pemex en los 18 municipios con más robo de gas; realizar operativos de verificación en las principales vías de acceso carretero entre las zonas de extracción de los 18 municipios y los grandes centros de consumo.
Disminuye el robo de hidrocarburo y aumenta el del gas
En el 2018 solo se habían registrado 64 tomas clandestina en ductos de Gas de la paraestatal, es decir, tuvo un aumento del 1,33.38 por ciento; por lo cual, durante el 2019 se abrió una toma clandestina cada 9 horas con 33 minutos.
Por el contrario en el 2019 se notó una disminución de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo pues pasó de 2072 en el 2018, para el siguiente año, solo se reportaron 1849 tomas, es decir, para el 2019 se perforaba el ducto cada 4 horas con 44 minutos.
En este sentido, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) precisó: Al revisar los históricos anuales de TC´s en ductos de hidrocarburo (petrolíferos), se puede apreciar a partir de 2019 una disminución, sin embargo, esto representó una evolución en el delito propiciando como alternativa los ductos de gas LP en algunas entidades federativas, generando los incrementos que se tienen al día de hoy.
Ya para el 2020 el estado de Puebla aumentó un 78.54%, es decir, se registraron mil 639 tomas clandestinas de gas, por lo cual, cada 5 horas con 20 minutos se abría una toma clandestina.
Y el robo de hidrocarburo en puebla empezó a disminuir al reportar 295 tomas es decir, se redujo en un 84.31 por ciento, lo cual, se abrió una toma clandestina cada 29 horas con 42 minutos.
En este sentido, Pemex le destinó en este año $86, millones 391 mil 974.28 pesospara la reparación del ducto, sellado y clausura de las tomas clandestinas tan solo en el estado de Puebla.
Pero para el 2021 se volvió a disparar al pasar a mil 5834 tomas para el robo de hidrocarburo, lo cual fue un aumento de 413.04 por ciento, es decir, cada cinco horas con 42 minutos se hizo una perforación al ducto de Pemex.
Aunque cabe destacar que de acuerdo al número de tomas clandestinas del 2018 al 2021, en el 2018 se registró el mayor número de tomas clandestinas, por lo que, el arribo del gobierno de AMLO, se notó una disminución considerable a pesar de que se sumen los dos tipos de tomas clandestinas, el de hidrogacburo y el de gas LP, pues sumados estos en el 2019 solo llegó al 742, mientras que en el 2020 tuvo su pico más alta al alcanzar 1,313 tomas, mientras que en el 2021 solo tiene un registro mil 20 perforaciones.
En el 2019 se registraron en puebla 918 tomas clandestinas, por las que se abrieron 153 denuncias ante la FGR, lo que lo colocó en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo al análisis del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal.
Gráfica de las tomas clandestinas en gaseoducto de Pemex para el robo de gas LP del 2019 al 2021 en la región de San Martín Texmelucan. Elaboración Proyectocinco.com
Además se debe de combatir el robo de pipas
Denuncias por robo de pipas que transportaban hidrocarburo fueron 97, mientras las que llevaban Gas LP fueron 126 durante el 2019.
Por lo que, el IGAVIM consideró: En ambos casos el estado de Puebla presenta el mayor registro de robo de pipas, lo que representó el 61.0% del total de denuncias en robo de pipas de petrolíferos y el 85.13% en el caso de pipas con gas LP.
Durante 2021, Puebla ocupó el primer lugar nacional en robo a pipas con hidrocarburo, además de gas LP con 101 y 55 denuncias, respectivamente, revela el análisis del observatorio IGAVIM.
Según la información que la Fiscalía General de la República (FGR), en dicho año hubo 101 carpetas de investigación iniciada por robo de pipas que transportaban hidrocarburos en Puebla, lo que representa un aumento de 4 mil 950 por ciento a comparación de 2020, cuando hubo dos denuncias.
En tanto, para el robo de unidades de gas LP, el estado se posicionó en primer lugar al sumar 55 denuncias el año anterior, mientras que en 2020 no presentó ninguna.
Gráfica de las tomas clandestinas en ductos de Pemex para el robo de hidrocarburo del 2018 al 2021 en la región de San Martín Texmelucan. Elaboración Proyectocinco.com
Cronología de pipas aseguradas 2022
El pasado 2 de febrero, en el municipio de San Salvador El Verde, fueron aseguradas seis unidades y una toma clandestina por parte de la SEDENA y Seguridad Física de Pemex, durante un recorrido de vigilancia a la altura de San Lucas El Grande.
El 24 de marzo también en el municipio de San Salvador El Verde, fue localizada una pipa de gas en la zona de ductos a la altura de la comunidad de San Lucas El Grande por parte del personal de Guardia Nacional y Sedena.
El 7 Abril, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal del Pemex realizaron el aseguramiento de dos pipas y ubicaron una toma clandestina en el municipio de San Martín Texmelucan, a la altura de la zona arqueológica de San Cristóbal Tepatlaxco.
También el 25 de abril, se registró el aseguramiento de 15 pipas de gas LP, en un predio, luego de que un juez otorgó la orden de cateo en un inmueble de la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, municipio de San Martín Texmelucan, en la que participaron las fuerzas de los tres niveles de gobierno.
Puebla, Pue.- Presidentes estatales del PAN, PRI y PRD anuncian que diputadas y diputados federales de la alianza “Va por Puebla” presentaron denuncia penal contra AMLO. “Nunca más un presidente estará por encima de la ley, no daremos un paso atrás, defenderemos a nuestros diputados y a la democracia en México” así lo declaró la presidenta estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, durante la conferencia de prensa que ofreció en conjunto con sus homólogos del PRI y PRD, Néstor Camarillo Medina y Carlos Martínez Amador, respectivamente.
Los dirigentes estatales coincidieron que la sesión del 17 de abril, en el Congreso de la Unión, fue histórica para la democracia en nuestro país, toda vez que, por primera vez, la oposición se unió y rechazó el proyecto inviable de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrados, y con ello, ponerle un alto a uno más de los caprichos del presidente de México.
En total, 224 diputadas y diputados federales del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de MovimientoCiudadano, decidieron emitir su voto en favor de los mexicanos, defender patrióticamente la división de poderes y con ello, a nuestra democracia.
Desafortunadamente, el presidente de México y su partido, catalogaron el ejercicio de una libertad política como una traición y emprendieron una estrategia de difusión de odio en contra de nuestros legisladores federales, atentando contra su integridad.
Por lo anterior, los afectados de la alianza “Va por Puebla”, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, por iniciar la campaña denominada “traidores a la patria”.
Los tres líderes de los partidos señalaron que las diputadas y los diputados poblanos cuentan con el respaldo de sus partidos y militantes.
Por ello, expresaron que seguirán alzando la voz en contra de quienes pretendan convertir el debatedemocrático en un campo de batalla.
Tlaxcala, Tlax.- Toman cruceros y plazas integrantes de la AC promotora de la histórica consulta que el 10 de abril, la revocación de mandato, donde preguntará a los mexicanos si quieren que continúe AMLO su Gobierno hasta el 2024
Rumbo a la consulta popular que se celebrará el próximo 10 de abril, en la cual el INE preguntará a los ciudadanos si quieren que al Presidente Andrés Manuel se le revoque el mandato o siga al frente del Poder Ejecutivo federal, integrantes de la Asociación Civil «Que siga la democracia», tomaron las calles principales de Tlaxcala y algunas de las plazas más importantes de esta ciudad para invitar a los ciudadanos a participar en este histórico proceso.
Encabezados por Arturo Saavedra Santos, representante en Tlaxcala de la AC promotora de esta consulta, los integrantes de la Asociación recordaron a los ciudadanos que el segundo fin de semana de abril deben salir a las urnas para responder el cuestionamiento «¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».
A través de volantes, los promotores invitaron a las urnas recordando a los ciudadanos que el Presidente, prometió en campaña someterse a la consulta de revocación de mandato y así será, por lo que pidieron a los ciudadanos participar en la consulta y no permitir que regrese a México la corrupción y los conservadores.
Una empresa en la que es socia la hija del senador Ricardo Monreal ha obtenido 36 millones de pesos en contratos en la actual administración federal; la mayoría de los contratos otorgados por la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, a cargo de una tía y que suman 3.2 millones de pesos fueron otorgados sin licitar; 27.8 millones los otorgó el IMSS y 5.1 millones la SCT.
POR: VANESSA CISNEROS Y MAURICIO RUBÍ Una empresa gasolinera en la que es socia una hija del senador Ricardo Monreal recibió contratos en los últimos tres años por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es su tía, Verónica del Carmen Díaz Robles. Adicionalmente, ha recibido otros 33 millones de pesos del IMSS y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Del 2019 a la fecha, la compañía Multiservicio La Plata SA de CV obtuvo 71 contratos, de los cuales al menos 59 fueron por adjudicación directa, de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas para la adquisición de combustible y vales de gasolina.
Luis Enrique Monreal Ávila se casó con Verónica del Carmen Díaz Robles, súperdelegada de programas sociales del gobierno federal en Zacatecas.
En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que la propia Delegada de la Secretaría del Bienestar firmó algunos de los contratos a favor de Multiservicio La Plata SA de CV, a pesar de que desde 2017 es público que esa empresa es propiedad de su sobrina, Catalina Monreal.
Conforme al Registro Público de Comercio, Multiservicio La Plata SA de CV fue creada en el año 2002, y en el 2006 se incorporó como socia a Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Su participación con el 33 por ciento de las acciones fue ratificada en una asamblea realizada en noviembre de 2017.
La tía de la hija de Monreal, Verónica del Carmen Díaz Robles, es la súperdelegada de programas sociales en Zacatecas desde diciembre del 2018, cuando asumió el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Catalina Monreal, accionista de Multiservicio La Plata, con su papá Ricardo Monreal.
De acuerdo con una entrevista que publicó en octubre del 2018 el diario Imagen de Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles se enroló en la campaña de Ricardo Monreal para la gubernatura de Zacatecas, en 1998, cuando tenía 17 años, y ella misma detalla que posteriormente conoció a Luis Enrique Monreal Ávila, quien se convertiría en su esposo.
En la última declaración patrimonial (año 2021), el gobierno federal indica que Verónica del Carmen Díaz Robles está adscrita a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, con un cargo de director general, desde el 1 de diciembre del 2018. Estudió administración de empresas en la Universidad Autónoma de Fresnillo y percibe un salario de 94 mil 978 pesos netos.
Díaz Robles trabajó como subdirectora de Difusión en la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República del 2013 al 2018, y tuvo un breve paso —de tres meses— como diputada de Morena en el Congreso de Zacatecas en el 2018, cargo que dejó para incorporarse a la Secretaría del Bienestar como delegada en su tierra natal, en diciembre de ese año.
Los contratos
Las plataformas Nacional de Transparencia y de Compranet arrojan que Multiservicio La Plata SA de CV ha obtenido unos 88 contratos del 2019 a la fecha, de los cuales 71 son de la Secretaría de Bienestar en su delegación Zacatecas, 59 por adjudicación directa, mientras que 12 no están especificados.
En general, el objetivo de los contratos son la adquisición de gasolina y vales para combustible, ya sea para “las necesidades” de la Secretaría de Bienestar o para la operación de los programas de la dependencia federal.
Sin embargo, la Secretaría del Bienestar no publica en la mayoría de los casos en la Plataforma Nacional de Transparencia documentos adicionales, como una copia en versión pública de los contratos, y sólo se limita a reportar generalidades de éstos, como montos, fechas. En casi todos los reportes de las contrataciones sólo se incluye el motivo —escueto— del contrato, el mecanismo de adjudicación y la empresa que otorgará el servicio.
Los 71 contratos con la Secretaría del Bienestar con Multiservicio La Plata SA de CV suman un monto global de 3 millones 223 mil 655 pesos, sin incluir el IVA.
Contratos firmados por la delegada de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles, a favor de Multiservicio La Plata, en la que es socia su sobrina, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal.
Contratos con otras dependencias
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también contrató a la empresa en la que tiene participación accionaria la hija de Ricardo Monreal. De hecho, es la dependencia que más recursos públicos ha desembolsado desde enero de 2019 hasta la fecha: el IMSS le ha otorgado por lo menos seis contratos a Multiservicio La Plata SA de CV que suman 27 millones 833 mil 366 pesos.
La compañía fue contratada durante la actual administración federal en cuatro ocasiones de forma directa por el IMSS y dos veces más por licitación pública.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contrató a esta empresa por 5 millones 181 mil 023 pesos en dos contratos para la compra de vales canjeables por gasolina, los cuales se adjudicaron por medio de licitaciones.
Además, el estado de Zacatecas, de donde son originarios los Monreal, también ha comprado combustible para su parque vehicular por el que ha pagado 181 mil 095 pesos en nueve contratos, todos adjudicados de manera directa por el gobierno estatal.
La empresa incorpora a la hija de Monreal
Multiservicio La Plata SA de CV fue constituida en el 2002, en el estado de Zacatecas, como una empresa dedicada a la venta de refacciones, aceites y todo lo relacionado con la rama automotriz, aunque activa para otras tareas como la construcción, bajo una sociedad constituida por Javier Godoy Castañeda y Sandra Iliana Bañuelos López.
En el 2004 se acordó la venta de las acciones a los señores Humberto Godoy Castañeda y J. Guadalupe Bañuelos Robles. Las actas del Registro Público de Comercio indican que para el 2006 el objeto de la sociedad de Multiservicio La Plata SA de CV ya era la comercialización de gasolina y diésel suministrados por Pemex Refinación, así como la comercialización de aceites, lubricantes y aditivos de Petróleos Mexicanos.
Fue en mayo de 2006 cuando Multiservicio La Plata SA de CV aprobó un aumento del capital “en virtud del incremento de la demanda de trabajo y a fin de dar un mejor servicio, así como tener mayor liquidez”, por lo que Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, ingresó como socia con un monto de 1 millón 600 mil pesos. Este acto fue inscrito nueve años después, en diciembre de 2015 ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas, según corroboró MCCI.
En el sitio electrónico de la empresa se detalla que Multiservicio La Plata tiene más de 15 años de experiencia, la cual nació para dar abasto de gasolina a las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, que cuenta con siete gasolineras en la entidad y se encuentra en proceso de abrir una adicional, además de tener 34 gasolineras afiliadas a la compañía.
Conforme a los datos proporcionados a la Secretaría de Economía por la empresa Multiservicio La Plata SA de CV, Eldaa Catalina Monreal Pérez es originaria de Fresnillo, Zacatecas, y de profesión abogada.
Trabajó en el Infonavit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero renunció tras información periodística que se reveló sobre contratos otorgados a allegados suyos y de su negocio de gasolineras en Zacatecas.
En febrero del 2017, MCCI reveló que dos amigos de Eldaa Catalina Monreal recibieron contratos de la delegación Cuauhtémoc cuando su padre, Ricardo Monreal Ávila, era delegado.
Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga Hernández, quienes fueron sus compañeros de preparatoria en el TEC de Monterrey campus Zacatecas, recibieron de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, seis contratos por 20 millones de pesos en diciembre del 2015.
Ambos abastecieron a la delegación Cuauhtémoc de mobiliario y computadoras, lo mismo que de material de limpieza, artículos deportivos, herramientas de ferretería e impresiones.
El presidente López Obrador con Catalina Monreal.
MCCI develó que además de los amigos de Eldaa Catalina Monreal, otras cuatro empresas de origen zacatecano, así como dos personas físicas más, se vieron beneficiadas con otras 10 contrataciones públicas de la demarcación capitalina en 2015 y 2016, cuando Ricardo Monreal era delegado en Cuauhtémoc.
En total, la administración de Ricardo Monreal contrató los servicios de ocho empresas y personas físicas que no tenían experiencia en los ramos de obra, proveeduría de recursos materiales y servicios, por un monto que alcanzaba los 266 millones de pesos.
Sólo uno de los ocho proveedores ya había sido contratado previamente por la Ciudad de México, para trabajos relacionados con obra pública.
En marzo del 2017, el periódico El Universal publicó que la hija del exgobernador de Zacatecas era socia de Grupo Multiservicio La Plata.
Cuando la información de MCCI y de El Universal se publicó, la hija de Ricardo Monreal trabajaba como gerente en la Coordinación General de Recursos Humanos del Infonavit, en donde ganaba 85 mil pesos mensuales.
“No tengo nada qué ocultar”, indicó aquella vez la entonces funcionaria como respuesta al trabajo periodístico.
Después de la serie de publicaciones periodísticas, Eldaa Catalina Monreal renunció a su cargo en el Infonavit, el 23 de marzo del 2017. Ese mismo año, el Infonavit informó a un ciudadano —que elaboró una solicitud de transparencia— que la declaración patrimonial de Eldaa Catalina Monreal como funcionaria del Instituto no era pública. Ella “no dio su autorización”, se lee en dicha solicitud de información pública.
Dice que ya no es su tía
Catalina Monreal negó tener actualmente algún parentesco con la delegada de programas sociales en Zacatecas, porque su tío Luis Enrique Monreal -hermano de su papá- ya se separó de ella. “No tengo ningún parentesco con la delegada, y mucho menos una relación directa o indirecta con ella, entiendo que estuvo casada con alguno de mis tíos, pero también entiendo que desde hace un buen tiempo están legalmente separados”, dijo en un escrito enviado a MCCI.
Aseguró que la relación contractual de su empresa con la delegación federal viene desde 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaba como gerente de recursos humanos en el Infonavit, pero que desde 2021 ya no tiene contrato vigente con la Secretaría del Bienestar. MCCI envió un correo electrónico a la dirección institucional de la delegada en Zacatecas, así como al área de Comunicación Social de Bienestar federal para pedir una postura, sin que se obtuviera respuesta al cierre de la edición.
Los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa, han tenido un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos. Muchas obras pagadas con presupuesto oficial nunca se concluyeron y tienen más de una década abandonadas. A pesar de estas irregularidades, la actual administración federal ha mantenido los subsidios y para el próximo año contempla asignarles más dinero a los CENDIS, con lo que este programa habrá recibido un acumulado de casi 3 mil millones de pesos de 2019 a 2022.
POR: MAURICIO RUBÍ Los CENDIS vinculados al Partido del Trabajo (PT) tendrán nuevamente recursos millonarios para el 2022, aun cuando este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE, por presunto desvío de recursos públicos, así como de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditorías estatales.
Cada año se ha autorizado presupuesto para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en el país y al menos cuatro ubicados en Nuevo León que impulsó el PT llevan más de 12 años abandonados en colonias marginadas, en obra gris, y para los cuales se pagaron 78.8 millones de pesos para arrancar su construcción.
Etiquetado en el programa Expansión de la Educación Inicial, el próximo año los CENDIS, los CAI (Centro de Atención Infantil) federalizados y agentes educativos federalizados tendrán un presupuesto de 759 millones de pesos; además se incluyeron 200 millones, sin precisar si son adicionales para “el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la Expansión de la Educación Inicial”. Esto representa un incremento de 21.5% respecto de los 625 millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para el 2021.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los propios diputados federales reconocen la opacidad en la que ha operado este programa y por ello aprobaron cambiarlo a aquellos que deben estar sujetos a reglas de operación, para así abonar “al fortalecimiento, transparencia y certeza en la ejecución de los mismos”, expusieron los diputados.
Los diputados consideraron que se requiere cambiar de modalidad el programa Expansión de la Educación Inicial, pasando del concepto de otros subsidios a la de sujetos a reglas de operación; “con la clave actual se favorece una mayor discrecionalidad en el gasto”, se lee en el PEF del próximo año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó al inicio de su sexenio, que programas con funciones de gobierno no tendrían más recursos públicos, como los CENDIS del PT. Sin embargo, el dinero no dejó de fluir y del 2019 al 2022 este programa habrá acumulado ininterrumpidamente 2,984 millones de pesos para operar.
Una historia turbia
Nuevo León es el centro de operaciones del Frente Popular Tierra y Libertad, aquel que dio vida al PT en diciembre de 1990 como partido, y que ha adquirido un coto de poder que actores políticos no dudan en identificar: el manejo de diversos Centros de Desarrollo Infantil, y cuya administración ha estado bajo la sombra de señalamientos en auditorías, la más reciente por parte del INE, organismo que lo multó en septiembre pasado con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos públicos de los CENDIS con fines electorales.
A un par de meses de haber asumido la Presidencia de la República, el 14 de febrero del 2019, López Obrador anunció que ya no se entregaría dinero a ninguna organización que hiciera funciones de gobierno, tras reconocer que en el pasado se les transferían recursos a diversas ONG’s con este objetivo.
El mandatario López Obrador aseveró que en ese recorte no habría diferencia, porque entonces no tendrían autoridad para aplicarlo.
“Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias (infantiles), porque se le va a dar (directo) a los padres. Y los CENDIS del PT, muy cercanos a nosotros… pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces es general, o sea, no se va entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario”, dijo el presidente en febrero del 2019.
Sin embargo, de una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se pudo constatar que en el 2019 hubo un presupuesto aprobado de 800 millones de pesos, misma cantidad que se obtuvo en el 2020; mientras que para este 2021, finalmente quedó en 625 millones de pesos.
Cabe destacar que tanto en el 2019 como en el 2020 el presupuesto fue modificado, y quedó en 730.6 millones y 662.5 millones de pesos, respectivamente.
El 17 de mayo del 2019, a través de un comunicado, el PT se defendió al asegurar que los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones que pertenecen a la SEP y que este instituto político no administra los recursos públicos de los CENDIS, que para entonces operaban en 14 estados del país. Tan sólo en Nuevo León, Tierra y Libertad cuenta hoy en día con 13 centros en funciones.
“(Alberto) Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, detalló que los últimos 28 años, este instituto político se ha encargado de gestionar recursos para apoyar e impulsar la educación inicial y lamentó profundamente que el tema sea utilizado de manera facciosa con ataques a este instituto político”, se expuso en el comunicado del 2019, año en que ya habían librado una acusación del gobierno peñista.
Y es que una nueva indagatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) resuelta en este 2021 reveló cómo un proceso abierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto contra la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez, concluyó en el no ejercicio de la acción penal unas semanas antes de que asumiera el gobierno López Obrador, que llegó de la alianza electoral Morena, Encuentro Social y PT.
La esposa de Alberto Anaya ha fungido como directora general de los CENDIS del Frente Popular Tierra y Libertad, y había sido acusada de presunto lavado de dinero en la operación de los centros por 100 millones de pesos.
La trama de los desvíos exhibida por el INE
El 3 de septiembre del 2021, a casi cuatro años de que el PRI presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del órgano electoral, el Consejo General del INE aprobó una multa contra el PT por 119 millones 870 mil pesos al acreditar esquemas de financiamiento irregular.
Se trata de la presunta transferencia de recursos públicos provenientes del gobierno de Nuevo León para la construcción y operación de los Centros de Desarrollo Infantil hacia militantes del Partido del Trabajo.
Como parte de su indagatoria en materia de fiscalización, el INE solicitó información a diversas instancias como la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En marzo del 2020, la ahora FGR le confirmó al INE que, como parte de su indagatoria, cuentas bancarias a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez fueron aseguradas del 23 de agosto del 2017 al 10 de septiembre del 2018, y que el 31 de octubre del 2018 (a un mes de que Peña Nieto dejara la Presidencia de la República), se determinó el no ejercicio de la acción penal.
La investigación del INE del 2021 revela por ejemplo que entre los años 2015, 2016 y 2017 María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder histórico del PT, recibió 260 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y ésta emitió 123 cheques que fueron depositados en una cuenta a nombre del comisionado político nacional del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por un monto de 59 millones 935 mil pesos.
En su denuncia, el PRI señala que fue precisamente en Aguascalientes donde se llevó a cabo en el 2015 una elección extraordinaria —del Distrito con sede en Jesús María—, en la cual el PT luchó para obtener los votos que le permitieron finalmente obtener su registro como partido político nacional, ya que se encontraba al borde de la extinción.
Pero el PRI fue más allá, al acusar una votación atípica en esos comicios extraordinarios. “En esa elección, el Partido del Trabajo obtuvo la votación suficiente para mantener su registro, con una votación muy superior a la de la elección ordinaria. Esto es, en la elección ordinaria obtuvo 3 mil 246 votos; en cambio, en la extraordinaria llevada a cabo apenas unos meses después, obtuvo cuatro veces más: 14 mil 046 votos”, se extrañó el PRI.
Por los señalamientos de la otrora PGR —del gobierno de Peña Nieto—, Héctor Quiroz García fue detenido en octubre del 2017 por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Aunque tras la audiencia, un juez determinó que llevaría el proceso en libertad mediante el pago de una fianza. Actualmente Quiroz García aparece en el directorio del PT como su comisionado político en Aguascalientes, el mismo cargo que tenía durante la acusación.
En un comunicado emitido el 4 de septiembre del 2018, el PT “celebró” que el Ministerio Público se desistiera de las acusaciones contra Quiroz García y dos colaboradoras en los CENDIS, y que habían sido vinculadas a proceso por la PGR, así como en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya y directora general de los centros operados por el Frente Popular Tierra y Libertad.
“Así se confirma lo que desde un inicio este instituto político aseveró: el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, divulgó el partido en dicho comunicado de finales del 2018, cuando su candidato ya había ganado la Presidencia de la República.
En septiembre del 2021 el INE reveló que el PT no recibió dinero de manera directa de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de otras personas vinculadas al PT que obtuvieron recursos de la esposa de Anaya, ya que no hay registros de transferencias o aportaciones hacia el partido en sí. “Sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDIS, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública”, precisó el Instituto Nacional Electoral en su resolución del 2021.
El INE, por estos hechos, dio vista a la FGR, Fepade, Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría del estado y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cendis son administrados por militantes del PT
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado desde 2014 las irregularidades en el manejo de recursos públicos de los CENDIS.
En el 2014, la ASF puntualizó que el sistema CADI (Centros de Atención y Desarrollo Infantil) en Durango era un proyecto educativo “administrado por militantes de un partido político que gestionó los recursos para el ejercicio de 2014, el cual es operado por sus afiliados, pues de una muestra de 612 trabajadores de la plantilla de personal contratado por honorarios asimilados a sueldos, 338 aparecen como afiliados a dicho partido”.
En la revisión de la Cuenta Pública 2019 sobre el Programa Expansión de la Educación Inicial, que contempla la operación de los CENDIS la ASF realizó observaciones por 85.4 millones de pesos, de los cuales 41.4 millones correspondieron solamente al estado de Nuevo León.
Una acción que causó daño a la hacienda pública fue por recursos que no se ejercieron y que no fueron regresados a la Federación por un monto de 69.6 millones de pesos y de los cuales nuevamente a Nuevo León le correspondió el 59.5 por ciento del total del importe.
De manera general, la ASF alertó en ese año que existían diferencias entre los montos aprobados, las ministraciones, sí como entre los recursos reportados como ejercidos y los efectivamente erogados por los estados y revisados en la auditoría.
En la Cuenta Pública 2020, presentada a inicios de noviembre al Congreso, la ASF realizó observaciones al gobierno de Nuevo León sobre el programa Expansión de la Educación Inicial. Tan sólo el año pasado, la entidad recibió 130 millones 725 mil pesos para su operación.
Por ejemplo, la ASF detectó que la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León no contaba con los recibos de pago de asesores externos especializados por un monto que llegaba a los 14 millones 168,600 pesos, y pagó 78,200 pesos con recursos del programa a un asesor externo que tenía una plaza en la nómina educativa del estado y que es pagada por la SEP.
“El gobierno del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los lineamientos de operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, por la falta de documentación soporte de los recibos de pago realizados a asesores externos especializados, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública federal por 14 millones 246 mil pesos”, reportó la ASF en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2020.
Asimismo, la Unidad de Integración Educativa no acreditó ante la ASF que en la papelería y documentación oficial del programa se incluyera la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
En el 2019, el gobierno de Nuevo León recibió 137 millones 149 mil pesos al mismo programa que incluye la operación de los CENDIS. Ese mismo año, la ASF reportó que el gobierno de Nuevo León acreditó la justificación por 76 millones 662 mil pesos para contratación de asesores externos especializados, pero quedó por solventar 41 millones 408 mil pesos.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 41 millones 408 mil pesos… más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, de recursos pagados sin estar comprometidos”, indicó la ASF.
FRENA PUEBLA #EMPODERANDOciudadanos hace un atento llamado al pueblo de México a participar en uno de los ejercicios sin precedentes; ejercer una pequeña parte de la democracia.
La Revocación de Mandato, que podría ocurrir en México en el mes de marzo del 2022, dará la oportunidad a los mexicanos de decidir si como nación queremos que el actual Ejecutivo termine su periodo de 6 años, con el peligro de que se termine de instalar la dictadura al estilo Venezuela, Cuba, Bolivia y algunos países más del mundo.
Oportunidad que tendremos por vez primera, ya que la ley se incorporó a la Constitución en el mes de diciembre de 2019, nos dará la oportunidad de frenar esta catástrofe en nuestro querido México, pues enfrenta las peores crisis.
Carecemos de servicios de salud, el salario mínimo no alcanza, no existe obra pública, día a día más deuda, el peor saqueo del país, la corrupción en aumento, la falta de seguridad, y rematar con el peor gobierno que jamás hemos tenido, sabemos aprovechar esta herramienta legal para detener al mal gobierno.
Esta oportunidad que tenemos los mexicanos es histórica: algunos consideran correcto que continúe el gobierno fallido, mentiroso e hipócrita de la autodenominada 4Tde López Obrador, y otros estarán convencidos de que estar a favor de México, es pensar en su futuro y es necesario detener el deterioro, que hemos venido sufriendo, ya que en solo 3 años que le quedarán para terminar su mandato, acabará con el país.
Para que se realice la consulta de Revocación de Mandato en marzo de 2022, es necesario que 3 millones de mexicanos lo soliciten al INE durante el periodo entre el 1 de noviembre al 15 de diciembre de este año.
A dicha consulta, deberán acudir el 40 por ciento de la lista nominal del INE, y para que sea efectiva a revocación, deberán contar con la mitad más uno de los votos a favor; la mayoría simple. Al quitar al Ejecutivo, el Congreso se convierte en el Colegio Electoral, y vota para escoger quien terminará el periodo.
Hoy es el momento que la ciudadanía defina su futuro, para lo cual, el movimiento ciudadano FRENA, se ha avocado a la realización de un pre_registro electrónico para avanzar la tarea de reunir a los 3 millones de ciudadanos que soliciten al INE la ejecución de la Consulta de REVOCACIÓN DE MANDATO en marzo de 2022.
Por todos lados se observa el hartazgo de la ciudadanía, por lo que no dudamos en contar con la participación necesaria. Unidos podremos por fin librarnos de este tremendo virus político que tanto daños le ha hecho a México.
Por lo cual estaremos realizando una manifestación este sábado 9 de octubre a las 10 am. En el ANGEL DE LA INDEPENDENCIA. Los ciudadanos no estamos obligados a mantener un gobierno llena de ideologías totalitarias, sobre todo permanecer de brazos cruzados, la solución a este problema la tenemos empresarios, maestros, amas de casa, estudiantes, obreros, médicos, en general todos los ciudadanos conscientes y pensantes.
“ENTRE UN GOBIERNO QUE LO HACE LO MAL Y UNA SOCIEDAD QUE LO COONCIENTE HAY UNA CIERTA COMPLICIDAD
-La ayuda federal incluye enseres y una inversión superior a los 100 millones de pesos para la reparación de carreteras, explicó
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En nombre de todas y todos los poblanos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador los apoyos que entregará en el estado por las afectaciones que sufrió tras el paso del huracán Grace en el mes de agosto.
Estas ayudas de la federación, explicó el mandatario estatal en la habitual videoconferencia de prensa, incluyen enseres y una inversión superior a los 100 millones de pesos para la reparación y construcción de caminos y vialidades afectadas por este meteoro.
“Quiero agradecer al presidente de la República el anuncio que hace en relación a los apoyos que Puebla recibirá con motivo de los daños provocados por el meteoro, el huracán “Grace”, expuso.
Por último, Barbosa Huerta reiteró que el Gobierno del Estado sigue con la distribución de paquetes alimentarios, láminas, cobertores, kits de limpieza y agua embotellada a las familias de las sierras Norte y Nororiental que resultaron afectadas por este fenómeno meteorológico.
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