La Historia de desvíos en los CENDIs por el PT

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Los millonarios fondos públicos transferidos a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa, han tenido un manejo turbio, que ha llevado a distintas instancias a emprender investigaciones por presuntos desvíos. Muchas obras pagadas con presupuesto oficial nunca se concluyeron y tienen más de una década abandonadas. A pesar de estas irregularidades, la actual administración federal ha mantenido los subsidios y para el próximo año contempla asignarles más dinero a los CENDIS, con lo que este programa habrá recibido un acumulado de casi 3 mil millones de pesos de 2019 a 2022.

 

POR: MAURICIO RUBÍ
Los CENDIS vinculados al Partido del Trabajo (PT) tendrán nuevamente recursos millonarios para el 2022, aun cuando este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE, por presunto desvío de recursos públicos, así como de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditorías estatales.

Cada año se ha autorizado presupuesto para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en el país y al menos cuatro ubicados en Nuevo León que impulsó el PT llevan más de 12 años abandonados en colonias marginadas, en obra gris, y para los cuales se pagaron 78.8 millones de pesos para arrancar su construcción.

Etiquetado en el programa Expansión de la Educación Inicial, el próximo año los CENDIS, los CAI (Centro de Atención Infantil) federalizados y agentes educativos federalizados tendrán un presupuesto de 759 millones de pesos; además se incluyeron 200 millones, sin precisar si son adicionales para “el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la Expansión de la Educación Inicial”. Esto representa un incremento de 21.5% respecto de los 625 millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para el 2021.

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En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los propios diputados federales reconocen la opacidad en la que ha operado este programa y por ello aprobaron cambiarlo a aquellos que deben estar sujetos a reglas de operación, para así abonar “al fortalecimiento, transparencia y certeza en la ejecución de los mismos”, expusieron los diputados.

Los diputados consideraron que se requiere cambiar de modalidad el programa Expansión de la Educación Inicial, pasando del concepto de otros subsidios a la de sujetos a reglas de operación; “con la clave actual se favorece una mayor discrecionalidad en el gasto”, se lee en el PEF del próximo año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó al inicio de su sexenio, que programas con funciones de gobierno no tendrían más recursos públicos, como los CENDIS del PT. Sin embargo, el dinero no dejó de fluir y del 2019 al 2022 este programa habrá acumulado ininterrumpidamente 2,984 millones de pesos para operar.

 

Una historia turbia

Nuevo León es el centro de operaciones del Frente Popular Tierra y Libertad, aquel que dio vida al PT en diciembre de 1990 como partido, y que ha adquirido un coto de poder que actores políticos no dudan en identificar: el manejo de diversos Centros de Desarrollo Infantil, y cuya administración ha estado bajo la sombra de señalamientos en auditorías, la más reciente por parte del INE, organismo que lo multó en septiembre pasado con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos públicos de los CENDIS con fines electorales.

A un par de meses de haber asumido la Presidencia de la República, el 14 de febrero del 2019, López Obrador anunció que ya no se entregaría dinero a ninguna organización que hiciera funciones de gobierno, tras reconocer que en el pasado se les transferían recursos a diversas ONG’s con este objetivo.

El mandatario López Obrador aseveró que en ese recorte no habría diferencia, porque entonces no tendrían autoridad para aplicarlo.

“Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT si no le vamos a dar dinero a las estancias (infantiles), porque se le va a dar (directo) a los padres. Y los CENDIS del PT, muy cercanos a nosotros… pero si no actuamos con rectitud y parejos, pues no tendríamos autoridad. Entonces es general, o sea, no se va entregar dinero a estas organizaciones, va directo a la gente, al beneficiario”, dijo el presidente en febrero del 2019.

Sin embargo, de una revisión hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se pudo constatar que en el 2019 hubo un presupuesto aprobado de 800 millones de pesos, misma cantidad que se obtuvo en el 2020; mientras que para este 2021, finalmente quedó en 625 millones de pesos.

Cabe destacar que tanto en el 2019 como en el 2020 el presupuesto fue modificado, y quedó en 730.6 millones y 662.5 millones de pesos, respectivamente.

El 17 de mayo del 2019, a través de un comunicado, el PT se defendió al asegurar que los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones que pertenecen a la SEP y que este instituto político no administra los recursos públicos de los CENDIS, que para entonces operaban en 14 estados del país. Tan sólo en Nuevo León, Tierra y Libertad cuenta hoy en día con 13 centros en funciones.

“(Alberto) Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, detalló que los últimos 28 años, este instituto político se ha encargado de gestionar recursos para apoyar e impulsar la educación inicial y lamentó profundamente que el tema sea utilizado de manera facciosa con ataques a este instituto político”, se expuso en el comunicado del 2019, año en que ya habían librado una acusación del gobierno peñista.

Y es que una nueva indagatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) resuelta en este 2021 reveló cómo un proceso abierto en el sexenio de Enrique Peña Nieto contra la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez, concluyó en el no ejercicio de la acción penal unas semanas antes de que asumiera el gobierno López Obrador, que llegó de la alianza electoral Morena, Encuentro Social y PT.

La esposa de Alberto Anaya ha fungido como directora general de los CENDIS del Frente Popular Tierra y Libertad, y había sido acusada de presunto lavado de dinero en la operación de los centros por 100 millones de pesos.

La trama de los desvíos exhibida por el INE

El 3 de septiembre del 2021, a casi cuatro años de que el PRI presentó una queja ante la Unidad de Fiscalización del órgano electoral, el Consejo General del INE aprobó una multa contra el PT por 119 millones 870 mil pesos al acreditar esquemas de financiamiento irregular.

Se trata de la presunta transferencia de recursos públicos provenientes del gobierno de Nuevo León para la construcción y operación de los Centros de Desarrollo Infantil hacia militantes del Partido del Trabajo.

Niegan inscripción en Cendi de Amozoc; presumen nexos con diputado del PT -  Ángulo 7

Como parte de su indagatoria en materia de fiscalización, el INE solicitó información a diversas instancias como la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En marzo del 2020, la ahora FGR le confirmó al INE que, como parte de su indagatoria, cuentas bancarias a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez fueron aseguradas del 23 de agosto del 2017 al 10 de septiembre del 2018, y que el 31 de octubre del 2018 (a un mes de que Peña Nieto dejara la Presidencia de la República), se determinó el no ejercicio de la acción penal.

La investigación del INE del 2021 revela por ejemplo que entre los años 2015, 2016 y 2017 María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder histórico del PT, recibió 260 millones de pesos del gobierno de Nuevo León y ésta emitió 123 cheques que fueron depositados en una cuenta a nombre del comisionado político nacional del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, por un monto de 59 millones 935 mil pesos.

En su denuncia, el PRI señala que fue precisamente en Aguascalientes donde se llevó a cabo en el 2015 una elección extraordinaria —del Distrito con sede en Jesús María—, en la cual el PT luchó para obtener los votos que le permitieron finalmente obtener su registro como partido político nacional, ya que se encontraba al borde de la extinción.

Pero el PRI fue más allá, al acusar una votación atípica en esos comicios extraordinarios. “En esa elección, el Partido del Trabajo obtuvo la votación suficiente para mantener su registro, con una votación muy superior a la de la elección ordinaria. Esto es, en la elección ordinaria obtuvo 3 mil 246 votos; en cambio, en la extraordinaria llevada a cabo apenas unos meses después, obtuvo cuatro veces más: 14 mil 046 votos”, se extrañó el PRI.

Por los señalamientos de la otrora PGR —del gobierno de Peña Nieto—, Héctor Quiroz García fue detenido en octubre del 2017 por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Aunque tras la audiencia, un juez determinó que llevaría el proceso en libertad mediante el pago de una fianza. Actualmente Quiroz García aparece en el directorio del PT como su comisionado político en Aguascalientes, el mismo cargo que tenía durante la acusación.

En un comunicado emitido el 4 de septiembre del 2018, el PT “celebró” que el Ministerio Público se desistiera de las acusaciones contra Quiroz García y dos colaboradoras en los CENDIS, y que habían sido vinculadas a proceso por la PGR, así como en contra de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya y directora general de los centros operados por el Frente Popular Tierra y Libertad.

“Así se confirma lo que desde un inicio este instituto político aseveró: el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”, divulgó el partido en dicho comunicado de finales del 2018, cuando su candidato ya había ganado la Presidencia de la República.

En septiembre del 2021 el INE reveló que el PT no recibió dinero de manera directa de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de otras personas vinculadas al PT que obtuvieron recursos de la esposa de Anaya, ya que no hay registros de transferencias o aportaciones hacia el partido en sí. “Sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDIS, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública”, precisó el Instituto Nacional Electoral en su resolución del 2021.

El INE, por estos hechos, dio vista a la FGR, Fepade, Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría del estado y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cendis son administrados por militantes del PT

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado desde 2014 las irregularidades en el manejo de recursos públicos de los CENDIS.

En el 2014, la ASF puntualizó que el sistema CADI (Centros de Atención y Desarrollo Infantil) en Durango era un proyecto educativo “administrado por militantes de un partido político que gestionó los recursos para el ejercicio de 2014, el cual es operado por sus afiliados, pues de una muestra de 612 trabajadores de la plantilla de personal contratado por honorarios asimilados a sueldos, 338 aparecen como afiliados a dicho partido”.

En la revisión de la Cuenta Pública 2019 sobre el Programa Expansión de la Educación Inicial, que contempla la operación de los CENDIS la ASF realizó observaciones por 85.4 millones de pesos, de los cuales 41.4 millones correspondieron solamente al estado de Nuevo León.

Una acción que causó daño a la hacienda pública fue por recursos que no se ejercieron y que no fueron regresados a la Federación por un monto de 69.6 millones de pesos y de los cuales nuevamente a Nuevo León le correspondió el 59.5 por ciento del total del importe.

De manera general, la ASF alertó en ese año que existían diferencias entre los montos aprobados, las ministraciones, sí como entre los recursos reportados como ejercidos y los efectivamente erogados por los estados y revisados en la auditoría.

En la Cuenta Pública 2020, presentada a inicios de noviembre al Congreso, la ASF realizó observaciones al gobierno de Nuevo León sobre el programa Expansión de la Educación Inicial. Tan sólo el año pasado, la entidad recibió 130 millones 725 mil pesos para su operación.

Por ejemplo, la ASF detectó que la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León no contaba con los recibos de pago de asesores externos especializados por un monto que llegaba a los 14 millones 168,600 pesos, y pagó 78,200 pesos con recursos del programa a un asesor externo que tenía una plaza en la nómina educativa del estado y que es pagada por la SEP.

Periodico Tribuna

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“El gobierno del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los lineamientos de operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, por la falta de documentación soporte de los recibos de pago realizados a asesores externos especializados, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública federal por 14 millones 246 mil pesos”, reportó la ASF en su segunda entrega de la Cuenta Pública 2020.

Asimismo, la Unidad de Integración Educativa no acreditó ante la ASF que en la papelería y documentación oficial del programa se incluyera la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

En el 2019, el gobierno de Nuevo León recibió 137 millones 149 mil pesos al mismo programa que incluye la operación de los CENDIS. Ese mismo año, la ASF reportó que el gobierno de Nuevo León acreditó la justificación por 76 millones 662 mil pesos para contratación de asesores externos especializados, pero quedó por solventar 41 millones 408 mil pesos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 41 millones 408 mil pesos… más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, de recursos pagados sin estar comprometidos”, indicó la ASF.

100 mil millones de pesos de irregularidades detectó la ASF en la cuenta 2019 de AMLO

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La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.

 

  • La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
  • Hay 44 mil 422 millones de pesos que desde este momento se presumen como probables daños al erario público y tienen que ser devueltos. Los 55 mil millones restantes aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos y necesitan ser aclarados.
  • Hasta este momento, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia para aclarar ni devolver el 98.1% de estos recursos irregulares, este porcentaje es el más alto de los últimos 20 años.
  • Del total de irregularidades, el 56% (56 mil 64 millones de pesos) corresponde a dinero transferido a los gobiernos locales y el 46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.
  • De las irregularidades en el gasto de los gobiernos locales, el partido del presidente es el mayor responsable de las irregularidades en los estados, pues la coalición de MORENA, a pesar de gobernar sólo 7 estados, acumula el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 mil 519 millones de pesos.
  • De las irregularidades en el gasto del Gobierno Federal, 37 mil 65 millones de pesos fueron en el gasto para desarrollo económico; 7 mil millones en el gasto para desarrollo social y 519 millones en el gasto de gobierno.

Mexicanos Contra La Corrupción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en todo el país y forma parte del esquema de pesos y contrapesos democráticos, pues es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene la facultad de decidir cómo hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía técnica y de gestión. El trabajo de la ASF ha sido fundamental para identificar muchos de los escándalos de corrupción más significativos de sexenios pasados; por ejemplo, las primeras evidencias sobre el esquema de La Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años después a las investigaciones periodísticas que se convirtieran en escándalos mediáticos.

En su revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha identificado 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Estas cifras no representan una marca en términos absolutos, pues, por ejemplo, son menores a las de casi todo el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, sí representan un récord histórico en cuanto a impunidad, pues hasta el momento el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería, lo cual supera al que era el punto más alto: 84.2% en 2018.

En cuanto a los principales responsables de estas irregularidades, la mayor cantidad, 55 mil millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Pero en este caso destaca que, a pesar de que MORENA y sus aliados gobiernan 7 entidades, concentran el 43% de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF. Se dice a modo de broma que todo lo justifica que “el PRI robó más”, pero a partir del primer año de la llamada “Cuarta Transformación”, MORENA se puso a la cabeza. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, con 37 mil millones de pesos, el gasto para desarrollo social, que acumula 7 mil millones de pesos, y el gasto de gobierno, en donde la ASF identificó 519 millones más.

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Las observaciones de la ASF

Si durante el proceso de vigilancia del gasto público la ASF detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma. En este caso, detrás de cada peso auditado se explica por qué, cómo y en dónde los recursos fueron usados de manera contraria a las leyes. Además, en los casos en los que no solo se violó la ley, sino que existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la ASF establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.

La ASF ha concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha presentado sus cifras definitivas en sus Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos (mdp) que se gastaron de manera irregular y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 millones que desde este momento se presumen como probables daños al erario. Esto quiere decir que hay 55 mil millones que aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá. En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.

Para tratar de dimensionar la magnitud de estos montos, imaginemos que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución encargada de brindar atención a los más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, tendrá este año un presupuesto de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de las irregularidades del primer año de este gobierno podría pagarse toda la operación del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 millones, con los que alcanzaría para pagar el presupuesto de todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.

Si comparamos esta cifra con los hallazgos de años anteriores, veremos que no se trata del punto más alto: durante todo el sexenio de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de irregularidades detectadas fueron superiores a las del primer año de López Obrador, con un promedio de 174 mil millones. En contraste, las observaciones de 2019 son superiores a las de los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón y solo están por debajo de las que se hicieron en 2012, por 147 mil millones.

Esto es diferente si se considera cuánto de dichas observaciones sigue pendiente de ser recuperado o explicado. En la siguiente gráfica en color azul aparece el dinero que originalmente la ASF detectó como irregularidad, pero que las autoridades lograron aclarar; en verde, el presupuesto que logró ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser devuelto o esclarecido en dónde o cómo se usó. Por el monto total, los años 2016 y 2018 son los primeros dos lugares en dinero desaparecido, con 132 y 169 mil millones de pesos que siguen en el limbo, mientras que el tercer lugar corresponde al primer año de este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero si se consideran los porcentajes, entonces López Obrador sí ha establecido una nueva marca: hasta el momento, 98.1% de las irregularidades detectadas por la ASF siguen sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo año con más proporción de irregularidades no aclaradas es 2018, con 84.2%.

Estas cifras pueden y deberían de cambiar, pues las autoridades tienen todavía la oportunidad de atender los señalamientos de la ASF. Será muy importante dar seguimiento a la evolución de estos montos y las aclaraciones ofrecidas por el gobierno. En el desarrollo de todo este proceso, incluyendo los deslindes de responsabilidades y sanciones, tendremos uno más de los indicadores para evaluar si el combate a la corrupción que domina el discurso gubernamental puede convertirse en hechos o si, por el contrario, la impunidad sigue tan presente en la «Cuarta Transformación» como en los gobiernos pasados.

Los principales responsables de las irregularidades

Dado que la ASF se encarga de la vigilancia de los recursos federales, sus labores de fiscalización van más allá del gobierno federal. Una parte considerable de este dinero es transferido a los gobiernos locales, ya sea porque el pacto fiscal lo mandata o porque se trata de políticas en que se trabaja junto con la autoridad central. Esto queda evidenciado en los resultados de la Cuenta Pública de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 914 millones de pesos de irregularidades detectadas por la ASF corresponden a observaciones del gasto federalizado. En los 56,064 millones identificados, las tres categorías de gasto local con mayores problemas detectados fueron las correspondientes a salud, educación y las participaciones federales.

Desde esta perspectiva, podría parecer que el presidente López Obrador tendría una salida para decir que la mayor parte de las observaciones de la ASF no tienen que ver directamente con su gobierno, sino con las administraciones locales. Al separar las recuperaciones determinadas por la ASF por entidad, el mayor monto identificado corresponde al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp. Sin embargo, resulta llamativo que los siete estados gobernados por la coalición de MORENA, así como el gasto federalizado ejercido por el gobierno central, suman 24 mil 519 millones de pesos en irregularidades. Esto quiere decir que los gobiernos locales de MORENA, a pesar de gobernar solo el 22% de las entidades federativas, concentran el 43% del dinero irregular identificado por la ASF dentro del gasto federalizado. Le siguen Movimiento Ciudadano, con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 millones y el gobierno independiente de Nuevo León, con 324 millones.

Después de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales, queda lo que directamente fue utilizado por el gobierno central. En este caso, una de las formas más sencillas para comprender quiénes fueron los responsables de las irregularidades que la ASF documentó es separando entre las funciones del gasto que se auditó. El grupo más grande de recursos irregulares usados por el gobierno federal corresponde al gasto de las dependencias dedicadas al desarrollo económico, que acumulan 37 mil 65 millones de pesos señalados por la ASF. Para poner esta cantidad en perspectiva, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, que es la única política que el gobierno decidió utilizar para brindar ayuda a un pequeño porcentaje de los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus, tendrá en 2021 un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Las irregularidades detectadas en el gasto para desarrollo económico en 2019 habrían alcanzado para pagar casi 25 veces ese programa.

Dentro de esta categoría de irregularidades en gasto para desarrollo económico, los tres rubros que explican el 97% del monto total son las auditorías aplicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchos de los hallazgos de la ASF se relacionan con problemas en las obras de infraestructura de esta administración, así como en problemas en las dos instituciones que, a pesar de sus ineficiencias y pérdidas constantes, siguen siendo la apuesta de la política energética presidencial.

El segundo grupo de dependencias con mayores montos detectados con irregularidades corresponde a las que se dedican al desarrollo social, que en conjunto tuvieron 7 mil millones de pesos detectados por la ASF. El primer lugar en esta clasificación corresponde a la Secretaría de Bienestar, que tiene 3,421 millones que debe aclarar o devolver por haberlos usado fuera de la ley, seguido de la Secretaría de Cultura, con 1,738 mdp (este caso es particularmente llamativo, pues ese monto equivale a 13% del total del presupuesto de la dependencia) y la SEP, con 712 mdp. Entre las auditorías que explican estos montos se encuentran múltiples hallazgos sobre irregularidades en los programas sociales, así como en la operación de los Servidores de la Nación.

Finalmente, el último grupo corresponde a las instituciones relacionadas con funciones de gobierno. En este caso, la ASF detectó 519 millones de pesos como irregularidades y las tres principales responsables son la Secretaría de la Defensa, Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Esta primera aproximación a los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación nos permite tener una mejor perspectiva de dónde están (o mejor dicho, no están) los recursos públicos que se han usado sin ajustarse a la ley, que se han desperdiciado en políticas basadas en la ocurrencia y, en una gran cantidad de casos, en abiertos esquemas de simulación, corrupción y desvío de recursos. A partir de esta hoja de ruta, en posteriores entregas nos enfocaremos en analizar casos específicos derivados de las auditorías individuales, pues la ASF ha encontrado escandalosos problemas en los programas sociales, las obras de infraestructura que son la insignia de esta administración, así como en varios de los destinos favoritos del gasto presidencial. Por el momento, es útil recordar que cada peso identificado por la ASF tiene un sustento en una auditoría particular, en la que diversos servidores públicos analizaron la información pública, encontraron irregularidades y, después de acudir a las dependencias, sostuvieron sus hallazgos y todas pueden ser consultadas.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una y otra vez que al comenzar su gobierno, el combate a la corrupción le daría 500 mil millones de pesos adicionales para poder gastarlos en las necesidades de la gente. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que dicha idea solo era un buen deseo, pues los mencionados recursos jamás aparecieron. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que la corrupción no solo sigue viviendo y gozando de cabal salud en México, sino que ha seguido avanzando. En lugar de darnos recursos adicionales, en 2019 nos dejó con 100 mil millones de pesos menos que hoy siguen en la incógnita.

El presidente ha dicho que estos hallazgos son una exageración, que están mal y que él, para variar, tiene otros datos. Esto tuvo que ver con una auditoría que señalaba los posibles costos futuros de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero dicha estimación no se contabilizó como una posible irregularidad. Por lo tanto, lo que de verdad importa es si el gobierno de López Obrador puede aclarar las observaciones detectadas por la ASF con evidencias comprobables. Afortunadamente, en este caso particular, podemos saber con precisión si esto es verdad, pues si la ASF recibe las evidencias que demuestren que esos 100 mil millones de pesos sí se usaron conforme a la ley, en los siguientes meses veremos cambios en esta infame cifra. Pero si se trata solo de habladurías, entonces los hallazgos de la ASF caerán como una losa sobre un gobierno que, ante el escrutinio hecho por una institución ajena al presidente, no pudo comprobar que usó adecuadamente los recursos públicos.