Huejotzingo, Pue.- Productores y comercializadores de ganado abrieron nuevo tianguis de ganado en un predio ubicado en los límites de la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco y la comunidad de San Rafael Tenanyecac.
Alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles, productores y comercializadores de ganado arribaron a un predio ubicado sobre la carretera que va de Santa Ana Xalmimilulco a San Rafael Tenanyecac, donde realizaron la compra-venta de ganado.
Este nuevo tianguis de ganado se estará llevando a cabo los días miércoles a partir de las seis de la mañana, con lo que se busca regular la compra-venta y así aumentar las ventas de productores y comercializadores.
Una madre enseña a su hija a sobrevivir. En medio de un campo de amapola, el conocimiento generacional es traspasado en medio del cultivo de la flor. Durante cuatro décadas las mujeres han cultivado la amapola en La Montaña y Sierra de Guerrero. Pero eso sólo es una parte de su contexto. Las mujeres de estos pueblos también dan clases, cuidan de sus familias y defienden sus cultivos del Ejército, en un estado que tiene instalada la violencia feminicida
GUERRERO.- Sin mujeres no hay amapola. Ellas no sólo son cultivadoras de amapola, durante estos más de 40 años que esta siembra ha florecido en Guerrero, ellas han combinado los cuidados de sus familias, algunas veces han tenido que liderarlas porque se quedan viudas, otras mujeres son maestras, cocineras, alcaldesas, abuelas, madres, hermanas. Sus vidas giran alrededor de la planta.
Las mujeres de la amapola no necesariamente van a rayar el bulbo de la flor cada cuatro meses, pero algunas también participan. Se trata de todas ellas que directa o indirectamente tienen relación con la planta y han visto y educado a su alrededor a partir del cultivo y sus efectos sociales.
En Guerrero se siembra amapola en al menos 23 municipios de los 59 que Proyecto Amapola —una iniciativa coordinada por Noria Research—, mapeó como “amapoleros”. En los 14 municipios del Filo Mayor, la Sierra Madre del Sur y en al menos 9 de la región indígena de la Montaña, los testimonios de las mujeres muestran cómo durante estos años lo que han pedido es justicia social.
En estas cuatro décadas la violencia contra las mujeres también fue una constante. Guerrero aún es el estado con mayor número de muertes maternas históricamente y cuenta con doble alerta de Violencia de Género.
Tan sólo en 2018, cuando dos fenómenos se avistaron en las comunidades de la Sierra: el desplazamiento forzado interno y la caída del precio de la goma de opio, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob), determinó que el estado tenía la tasa más alta de muertes violentas de mujeres: 2.3 por cada 100 mil habitantes, contra el 0.95 nacional. El fenómeno feminicida sigue instalado en el estado.
Mujer de la Montaña de Guerrero. Busca entre la siembra de amapola salir de la pobreza. En resistencia frente al hambre.
La solución está en la educación
Dulce es una maestra de una comunidad donde se siembra amapola. Está en un municipio Na Savi (mixteco), de alta marginación y cuenta que los niños le dicen “maricola”. En el pueblito es normal oír hablar de amapolas, pero sí saben que es un cultivo ilegal perseguido por el Ejército. Por la pandemia va cada quince días y se queda una semana.
“Veo la situación de la familia y todas sus hijas, hijos estudian y ellos terminan la primaria, la secundaria y los mandan a Tlapa a estudiar. O sea, ya no se quedan ahí a estudiar el Telebachillerato, porque sí hay telebachillerato ahí, pero como esa situación de que llegan a querer salir más adelante y por la situación que ellos ven que sí pueden por el recurso que están obteniendo por esta goma, pues les dan esa oportunidad a sus hijos, de que salgan a estudiar fuera”, cuenta.
Ella es una maestra que ha visto los dos últimos años en la comunidad, cómo la amapola representa un sustento que la gente no obtiene de ninguna otra manera. Pero eso sí, en sus clases habla de otros horizontes posibles, les dice a sus alumnos que pueden ser ingenieros, maestros, doctores, que sepan que pueden aspirar a otras opciones.
Dulce es originaria de la región y observa que las y los cultivadores de amapola saben que ahí están sacando a sus hijos adelante en la cuestión académica y alimentaria también, porque al mismo tiempo que sembraban esto también sembraban su maíz y hacían intercambio y ahí mismo llegaban a comprar otras cosas para alimentarse y para la formación de sus hijos”.
Su postura ante la siembra en su comunidad es clara: “esto que en otras partes lo ven ilegal, porque sabemos que sí lo es, pero para ellos es este apoyo, porque ellos lo hacen por sus hijos y por esa necesidad que hay y han visto ciertos cambios. Pero pues fuera de ello sí lo ven mal. Y ahorita que haya decaído pues también su economía decayó y por eso es que se tienen que llevar a los niños al campo para que los apoyen porque el hecho de que la familia sea numerosa les hace repercutir varios gastos y ellos se llevan a los más grandecitos para que les apoyen en los campos agrícolas”.
“No podemos decir que por el simple hecho de que la siembran son narcotraficantes, es algo muy fuerte al atacarlos de esa manera. Sí son amapoleros por el hecho de sembrarla, pero ellos la siembran y así como las siembran la venden para traer cierto sustento”, dice.
Durante la pandemia pudo constatar cómo los niños mayores se tuvieron que ir a campos agrícolas para completar recursos para los gastos familiares, este año según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, fue el que más migración interna hubo: casi 15 mil jornaleros migrantes se fueron a trabajar a campos del norte del país.
“Cuando les llegan a quemar sus huertos de amapola, ellos se quedan tristes y también en el aspecto de pero por qué si esto es parte de nuestra economía que nos hace sobresalir, pero ya les dicen que están con el crimen organizado”, comparte.
Para Dulce una solución está en la educación, por eso se esmera con sus clases y apoya a los alumnos como puede, les va y deja tarea y va a recoger la que ya les había puesto. Da algunas explicaciones de los ejercicios y apoya de ese modo a las mamás.
“Yo desde que entré viajaba cada 15 días a mi casa, o sea me quedaba ahí trabajando los fines de semana porque yo veía a las necesidades de los niños y pues para no gastar, para apoyarlos, para conocer más a la comunidad y sentirme más en confianza, pues me agarro un fin de semana. Y así que yo me he quedado acá un fin de semana y viajaba cada 15 días, entre quincena, porque luego a nosotros no nos ha llegado nuestro pago. Llegaron a los cuatro meses después”, dice.
A esta campesina la rodean flores de amapola, de ella subsiste en este mundo desigualitario, patriarcal y violento.
En defensa de los cultivos
El 6 de marzo de 2018 soldados que arribaron en un helicóptero pretendían erradicar un campo de amapola en Santa Cruz Yucucani, municipio de Tlacochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero.
“No pudieron ser destruídos porque al lugar llegan aproximadamente entre 100 y 150 personas, mujeres y niños, por lo cual el personal militar optó por retirarse… el comandante de la base de operaciones tomó ocho plantas”, describe un oficio de la visitaduría en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mujeres y niños no solamente han participado rayando, sino defendiendo sus cultivos. Otro colega, oriundo de la Montaña, cuenta que en el 2019 fue a esta comunidad con otro fotógrafo: “nos platicaba una señora que siembra amapola, que había sembrado maíz y frijol porque el precio de la goma estaba en 5 pesos el gramo. Para mantener a una familia integrada por 8 personas no alcanzaba y ni les convenía vender la goma”.
Cuenta que la señora la guardó hasta finales de 2019. “Claro, el precio no repuntó, tuvieron que venderlo a 8 pesos porque necesitaban para sobrevivir. El maíz y el frijol les sacó de apuros”.
“Otra de las señoras, Celia, toma unas tortillas secas y un poco de salsa, se la da a sus dos hijos y a su hija para que coman antes de rayar. Bajo un árbol que apenas puede cubrirlos del sol. Terminan de comer y preparan sus materiales para empezar la tarea en el campo. A un lado están las flores moviéndose de rato en rato de un lado a otro empujadas por el viento. Las niñas y los niños empiezan a rayar”.
Para doña Celia, quien estuvo en la resistencia cuando entraron los militares a cortar la planta de amapola en 2018, es una lucha por la vida el sembrar la amapola.
“Las autoridades, los militares, nos cortan nuestros plantíos de amapola, pero no nos dan nada ni siquiera proyectos productivos. Nosotros no queremos despensas porque tenemos manos para trabajar, lo que sí queremos son proyectos y oportunidades. La única razón de sembrar la amapola es porque estamos pobres y el gobierno no puede ayudarnos”, dice Celia.
“Nosotros les decimos que dejaremos de sembrar la amapola, pero si nos garantizan que viviremos bien con un recurso que alcance para todas las familias, pero no queremos los raquíticos apoyos que nos mandan, cuando sabemos trabajar. Lo que queremos es que nos dejen trabajar en paz y que mejor el gobierno se dedique a detener a los delincuentes. Si no tiene una solución, no podemos esperar. Necesitamos vivir”.
Un grupo de mujeres se dirige en fila hacia la siembra para cultivar amapola, principal fuente de economía. Es el horizonte de las mujeres de la Montaña, el camino rumbo a la planta de la vida.
Desplazamiento en la Sierra, 2018
Lizbeth Ávila es Filo de Caballos. Junto a su esposo Crescencio Pacheco González, activista pro legalización de la amapola, líder de su comunidad, Campo de Aviación, dirigente de la Policía Comunitaria, salió en el primer éxodo masivo de habitantes en 2018. Ambos piden refugio humanitario en Estados Unidos.
Recuerda su infancia con sus abuelos, quienes la criaron, y la Sierra muy tranquila. Ella sabía que se sembraba amapola, pero ni ella ni su familia se dedicaban al cultivo, ellos sembraban maíz, ella vendía tortillas, su abuelita, mamá, le enseñó el oficio desde pequeña.
“Vendíamos tortillas en el pueblo, éramos los únicos que vendíamos. Me iba con mi papá al campo, donde sembraba su maíz, me iba en bestias, a veces nos íbamos una semana, dos semanas a estar en el campo, a estar en el monte, allá dormíamos. En las noches había muchas luciérnagas, mis abuelos, mis papás, me protegían mucho. En el monte donde sembraba mi papá, hicieron una casita, no me daba miedo, me sentía bien”, cuenta sobre su infancia.
Había limitaciones. Sus abuelos eran de escasos recursos, pero ella era feliz.
“A los 13 años yo conocí la dichosa amapola, a ver cómo la sembraban, como mi tía tenía que hacer comida para todos los peones, como mi tío la sembraba, andaba allí y yo no entendía a veces que era algo ilícito, eso fue antes de la secundaria que conocí. Cuando hablaban de la amapola decía qué es: veía las flores bonitas y bno entendía por qué era malo. Cuando llegaban los militares mi tía se ponía preocupada, nerviosa”, narra.
Comunidad de Juquila Yucucani municipio de Tlacoachistlahuaca con poco más de 500 habitantes en su mayoría mujeres que forman familias enteras dedicadas a la siembra de amapola.
Ellas y la amapola, en la mirada de ellos
Para el periodista Marcos Vizcarra, cubrir en los campos de amapola en Sinaloa, le exigió contactos previos a partir de otras informaciones periodísticas no referentes al cultivo. A diferencia de Guerrero, donde la participación de las mujeres se ve desde los 80´s, durante la guerrilla, resguardando sus hogares, poniéndose al frente del cultivo de amapola, por ejemplo eso ocurrió en comunidades de Coyuca de Catalán, las mujeres no siembran ni están al frente de esa actividad.
Hay una voz de mando femenina, porque la voz de mando femenina organiza las tareas, al personal, administra. Sin embargo en estados del norte del país, sembrar amapola sigue siendo una actividad que en su totalidad hacen hombres. Tampoco hay familias completas alrededor del cultivo, como en el caso de las zonas indígenas sembradoras de amapola que Proyecto Amapola mapeó en Nayarit y Guerrero.
Jesús Guerrero, cofundador de Amapola. Periodismo transgresor, periodista decano corresponsal del diario Reforma en Guerrero, recuerda como en los 80 “Todo mundo sabía quién se dedicaba aquí en Chilpancingo quién se dedicaba a ese tipo de actividades. Y la sierra siempre ha sido un lugar de que la gente vive ahí pues se dedica a eso. Estas actividades ilícitas”.
Dice que en Chilpancingo tú veías casas muy bonitas sobre todo en la periferia, “en colonias como Los Ángeles, eran casas de tres pisos, de 4 pisos pero realmente era gente que se dedicaba a eso. Era gente que se juntaba aquí por la comida. Yo me acuerdo que que las primeras que se dedicaban a vender leche y queso empezaron a vender chicas muy bonitas de la sierra y tú por ejemplo llegabas: señora no tiene queso leche o requesón y te daba bien barato el queso baratísimo”.
Sergio Ocampo, otro periodista experimentado de Guerrero, corresponsal de La Jornada, que cubrir la Sierra siempre ha sido complicado. La militarización lo complica aún más, las campañas contrainsurgentes.
A la fecha ya en estas zonas, se denominan silenciadas “como se les están llamando, ha provocado ya la salida de varios periodistas desde Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Taxco, incluso además de las muertes y esto redunda en una desinformación, a la sociedad y cosa que le conviene al gobierno porque no se les olvide que el gobierno están aliados con los grupos de alguna u otra forma en diversos niveles”.
Sergio dice que la desatención es real. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe escuchar realmente a los campesinos, a los sembradores. En su cobertura en campos de amapola, Ocampo registra varas escenas de pobreza, pero sobre todo de marginación. Tan sólo pone un ejemplo: casi ninguna comunidad sembradora de amapola está en Sembrando Vida, como lo denunciaron campesinos de Jaleaca de Catalán.
En Guerrero la amapola y la violencia se cuentan no sólo en la línea de cuatro décadas, sino a partir de sus resistencias, mujeres y condiciones sociales.
A la opinión pública:
La empresa Edificaciones y Construcciones Santa Julia S.A de C.V. reconoce públicamente la enorme labor de los de los diferentes cuerpos de rescate del Municipio y del Estado ante el lamentable accidente de trabajo suscitado en la obra de la calle Morelos en San Martín Texmelucan, denominada Plaza Comercial Santa Julia. De la misma manera agradecemos y reconocemos el gran compromiso de nuestras Autoridades Municipales encabezadas por Lorena Mogoya, Presidenta Municipal Interina quien en todo momento ha brindado total apoyo ante este lamentable suceso.
Coincidimos plenamente con el punto de vista de nuestras Autoridades Municipales, desafortunadamente toda obra conlleva un riesgo. Aunque es importante mencionar que esta obra cumple con todas la normativa, leyes y reglamentos necesarios y que regulan dicha obra. El expediente integro (ESTUDIOS,PROYECTO,PERMISOS,LICENCIAS Y ATORIZACIONES) están en poder de la Autoridad competente, haciendo mención que en este momento se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado el Responsable de Obra Juan Manuel Hernández Delgadillo.
En la empresa Edificaciones y Construcciones Santa Julia S.A. de C.V reiteramos nuestro compromiso social, como una empresa generadora de empleos en la región en una momento económico tan complicado como lo es la pandemia que vivimos en la actualidad, pero también es importante mencionar nuestra disposición para que las Autoridades correspondientes deslicen las investigaciones y peritajes pertinentes.
Enviamos nuestra más sincera condolencia para las familias de nuestros compañeros de trabajo Antonio Martínez Priego, Isael Nepomuceno Faustino y Miguel Limón Flores. En esta pérdida tan lamentable queremos reiterar nuestra solidaridad con sus familias, haciendo mención que no obstante que los trabajadores fallecidos se encontraban debidamente asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y particularmente en el rubro de riesgo de trabajo. La empresa Edificaciones y Construcciones Santa Julia se compromete a pagar los gastos funerarios, liquidaciones y todas aquellas prestaciones que conforme a la ley correspondan, para este efecto el área jurídica de nuestra empresa ya se ha contactado con las familias de los fallecidos.
Es importante aclarar que la Empresa a través de sus trabajadores ha permanecido en el lugar de los hechos desde el momento del incidente auxiliando a las Autoridades de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás Autoridades involucradas en el rescate.
La Empresa Edificaciones y Construcciones Santa Julia S.A. de C.V. lamenta profundamente el accidente suscitado.
Reiterando su compromiso para abonar en el desarrollo económico de la región y del estado.
ATENTAMENTE
Consejo de Administración de la Empresa
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SANTA JULIA S.A DE C.V.
Según el Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales, de un año a otro y después de dos capacitaciones todavía se presenta poca información que ayude a entender el feminicidio como problemática social
Por Lado B @ladobemx
Diversos medios de comunicación poblanos continúan normalizando la violencia hacia las mujeres a través de especulación sobre los móviles en los casos de feminicidio, poniendo en riesgo la información personal de las víctimas y sobre todo, se mantienen sin ofrecer elementos para contextualizar al feminicidio como un fenómeno social.
Todo esto es parte de los principales resultados del Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), que durante 2019 hizo una revisión a 12 medios poblanos en su cobertura de feminicidios, justo a un año de haber recibido dos capacitaciones por parte del mismo Observatorio, lo que permitió hacer una comparativa.
Los medios analizados fueron: Ángulo 7, Diario Cambio, e-consulta, El Popular, El Sol de Puebla, Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, Milenio, Municipios Puebla, Periódico Central, Sexenio y Síntesis.
Entre los resultados positivos se encuentra el incremento de un 6 por ciento de titulares que mencionan la palabra “feminicidio”, y la utilización de titulares con perspectiva de género.
“La pertinencia de que los medios de comunicación digitales aborden el feminicidio con perspectiva de género y derechos humanos se debe no sólo a la gravedad del delito, sino a que la crueldad repetida decenas o cientos de veces la normaliza”. Se lee en el informe.
Con relación a las imágenes que acompañan a las notas, sobresale el aumento del 35 por ciento de imágenes desprovistas de violencia. De igual forma, las imágenes de las víctimas sin vida disminuyeron en 20 por ciento, y la representación de las víctimas en vida aumentó un 61 por ciento.
En cuanto al cuerpo de la nota, hubo una baja de 42 por ciento respecto a la información que contiene detalles innecesarios y sensacionaliza la violencia contra las mujeres. Por otro lado, aumentó un 23 por ciento la información suficiente para entender que se trata de un probable caso de feminicidio, y se pasó de 0 por ciento a 1 por ciento la información proporcionada suficiente para comprender el feminicidio como un problema social.
Falta mejorar
Aún falta perspectiva de género para cobertura de feminicidios: Ovigem Foto: Marlene Martínez
A pesar de estos avances, no todos los resultados fueron positivos, ya que el reporte menciona que “la justificación del delito de feminicidio, con frases como: ‘ahorca a ama de casa porque no hizo bien la comida’ o ‘la mató por no dejarlo entrar a la casa’, se duplicó. Si bien este indicador es de los más bajos, con un 4 por ciento, debería estar en 0, pues se considera que esta es una de las formas más evidentes de la apología de los delitos contra las mujeres”, según el reporte.
De acuerdo con el documento es importante que los medios de comunicación eviten dar argumentos o hipótesis intentando explicar los casos de violencia contra las mujeres. Nombrar estos crímenes como “crímenes pasionales”, así como aludir a la delincuencia o sustancias estupefacientes como causa de los hechos, invisibiliza la violencia sistemática. Por eso es preocupante que el Ovigem registre un alza del 14 por ciento de medios haciendo alusión a una hipótesis o móvil.
De igual forma, el 22 por ciento de los medios analizados no ha sabido proteger la información personal de las víctimas, exponiendo sus nombres y apellidos en las notas, mientras que un 12 por ciento comparte el domicilio completo (un aumento del 14 y del ocho por ciento respectivamente).
Si quieres leer el reporte completo da click aquí.
La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
La ASF detectó que los recursos usados de manera irregular en el primer año de gobierno de López Obrador ascienden a 100 mil 914 millones de pesos. Con ese dinero podría pagarse todo el presupuesto del INSABI y aún sobraría para pagar el costo de todas las instituciones anticorrupción.
Hay 44 mil 422 millones de pesos que desde este momento se presumen como probables daños al erario público y tienen que ser devueltos. Los 55 mil millones restantes aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos y necesitan ser aclarados.
Hasta este momento, el gobierno no ha presentado ninguna evidencia para aclarar ni devolver el 98.1% de estos recursos irregulares, este porcentaje es el más alto de los últimos 20 años.
Del total de irregularidades, el 56% (56 mil 64 millones de pesos) corresponde a dinero transferido a los gobiernos locales y el 46% (44 mil 849 millones) al Gobierno Federal.
De las irregularidades en el gasto de los gobiernos locales, el partido del presidente es el mayor responsable de las irregularidades en los estados, pues la coalición de MORENA, a pesar de gobernar sólo 7 estados, acumula el 43% de los señalamientos de la ASF, por 24 mil 519 millones de pesos.
De las irregularidades en el gasto del Gobierno Federal, 37 mil 65 millones de pesos fueron en el gasto para desarrollo económico; 7 mil millones en el gasto para desarrollo social y 519 millones en el gasto de gobierno.
Mexicanos Contra La Corrupción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en todo el país y forma parte del esquema de pesos y contrapesos democráticos, pues es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene la facultad de decidir cómo hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía técnica y de gestión. El trabajo de la ASF ha sido fundamental para identificar muchos de los escándalos de corrupción más significativos de sexenios pasados; por ejemplo, las primeras evidencias sobre el esquema de La Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años después a las investigaciones periodísticas que se convirtieran en escándalos mediáticos.
En su revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha identificado 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Estas cifras no representan una marca en términos absolutos, pues, por ejemplo, son menores a las de casi todo el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, sí representan un récord histórico en cuanto a impunidad, pues hasta el momento el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería, lo cual supera al que era el punto más alto: 84.2% en 2018.
En cuanto a los principales responsables de estas irregularidades, la mayor cantidad, 55 mil millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Pero en este caso destaca que, a pesar de que MORENA y sus aliados gobiernan 7 entidades, concentran el 43% de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF. Se dice a modo de broma que todo lo justifica que “el PRI robó más”, pero a partir del primer año de la llamada “Cuarta Transformación”, MORENA se puso a la cabeza. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, con 37 mil millones de pesos, el gasto para desarrollo social, que acumula 7 mil millones de pesos, y el gasto de gobierno, en donde la ASF identificó 519 millones más.
Las observaciones de la ASF
Si durante el proceso de vigilancia del gasto público la ASF detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma. En este caso, detrás de cada peso auditado se explica por qué, cómo y en dónde los recursos fueron usados de manera contraria a las leyes. Además, en los casos en los que no solo se violó la ley, sino que existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la ASF establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.
La ASF ha concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha presentado sus cifras definitivas en sus Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos (mdp) que se gastaron de manera irregular y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 millones que desde este momento se presumen como probables daños al erario. Esto quiere decir que hay 55 mil millones que aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá. En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.
Para tratar de dimensionar la magnitud de estos montos, imaginemos que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución encargada de brindar atención a los más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, tendrá este año un presupuesto de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de las irregularidades del primer año de este gobierno podría pagarse toda la operación del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 millones, con los que alcanzaría para pagar el presupuesto de todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.
Si comparamos esta cifra con los hallazgos de años anteriores, veremos que no se trata del punto más alto: durante todo el sexenio de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de irregularidades detectadas fueron superiores a las del primer año de López Obrador, con un promedio de 174 mil millones. En contraste, las observaciones de 2019 son superiores a las de los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón y solo están por debajo de las que se hicieron en 2012, por 147 mil millones.
Esto es diferente si se considera cuánto de dichas observaciones sigue pendiente de ser recuperado o explicado. En la siguiente gráfica en color azul aparece el dinero que originalmente la ASF detectó como irregularidad, pero que las autoridades lograron aclarar; en verde, el presupuesto que logró ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser devuelto o esclarecido en dónde o cómo se usó. Por el monto total, los años 2016 y 2018 son los primeros dos lugares en dinero desaparecido, con 132 y 169 mil millones de pesos que siguen en el limbo, mientras que el tercer lugar corresponde al primer año de este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero si se consideran los porcentajes, entonces López Obrador sí ha establecido una nueva marca: hasta el momento, 98.1% de las irregularidades detectadas por la ASF siguen sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo año con más proporción de irregularidades no aclaradas es 2018, con 84.2%.
Estas cifras pueden y deberían de cambiar, pues las autoridades tienen todavía la oportunidad de atender los señalamientos de la ASF. Será muy importante dar seguimiento a la evolución de estos montos y las aclaraciones ofrecidas por el gobierno. En el desarrollo de todo este proceso, incluyendo los deslindes de responsabilidades y sanciones, tendremos uno más de los indicadores para evaluar si el combate a la corrupción que domina el discurso gubernamental puede convertirse en hechos o si, por el contrario, la impunidad sigue tan presente en la «Cuarta Transformación» como en los gobiernos pasados.
Los principales responsables de las irregularidades
Dado que la ASF se encarga de la vigilancia de los recursos federales, sus labores de fiscalización van más allá del gobierno federal. Una parte considerable de este dinero es transferido a los gobiernos locales, ya sea porque el pacto fiscal lo mandata o porque se trata de políticas en que se trabaja junto con la autoridad central. Esto queda evidenciado en los resultados de la Cuenta Pública de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 914 millones de pesos de irregularidades detectadas por la ASF corresponden a observaciones del gasto federalizado. En los 56,064 millones identificados, las tres categorías de gasto local con mayores problemas detectados fueron las correspondientes a salud, educación y las participaciones federales.
Desde esta perspectiva, podría parecer que el presidente López Obrador tendría una salida para decir que la mayor parte de las observaciones de la ASF no tienen que ver directamente con su gobierno, sino con las administraciones locales. Al separar las recuperaciones determinadas por la ASF por entidad, el mayor monto identificado corresponde al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp. Sin embargo, resulta llamativo que los siete estados gobernados por la coalición de MORENA, así como el gasto federalizado ejercido por el gobierno central, suman 24 mil 519 millones de pesos en irregularidades. Esto quiere decir que los gobiernos locales de MORENA, a pesar de gobernar solo el 22% de las entidades federativas, concentran el 43% del dinero irregular identificado por la ASF dentro del gasto federalizado. Le siguen Movimiento Ciudadano, con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 millones y el gobierno independiente de Nuevo León, con 324 millones.
Después de los recursos federales transferidos a los gobiernos locales, queda lo que directamente fue utilizado por el gobierno central. En este caso, una de las formas más sencillas para comprender quiénes fueron los responsables de las irregularidades que la ASF documentó es separando entre las funciones del gasto que se auditó. El grupo más grande de recursos irregulares usados por el gobierno federal corresponde al gasto de las dependencias dedicadas al desarrollo económico, que acumulan 37 mil 65 millones de pesos señalados por la ASF. Para poner esta cantidad en perspectiva, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, que es la única política que el gobierno decidió utilizar para brindar ayuda a un pequeño porcentaje de los afectados por la crisis económica derivada del coronavirus, tendrá en 2021 un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Las irregularidades detectadas en el gasto para desarrollo económico en 2019 habrían alcanzado para pagar casi 25 veces ese programa.
Dentro de esta categoría de irregularidades en gasto para desarrollo económico, los tres rubros que explican el 97% del monto total son las auditorías aplicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchos de los hallazgos de la ASF se relacionan con problemas en las obras de infraestructura de esta administración, así como en problemas en las dos instituciones que, a pesar de sus ineficiencias y pérdidas constantes, siguen siendo la apuesta de la política energética presidencial.
El segundo grupo de dependencias con mayores montos detectados con irregularidades corresponde a las que se dedican al desarrollo social, que en conjunto tuvieron 7 mil millones de pesos detectados por la ASF. El primer lugar en esta clasificación corresponde a la Secretaría de Bienestar, que tiene 3,421 millones que debe aclarar o devolver por haberlos usado fuera de la ley, seguido de la Secretaría de Cultura, con 1,738 mdp (este caso es particularmente llamativo, pues ese monto equivale a 13% del total del presupuesto de la dependencia) y la SEP, con 712 mdp. Entre las auditorías que explican estos montos se encuentran múltiples hallazgos sobre irregularidades en los programas sociales, así como en la operación de los Servidores de la Nación.
Finalmente, el último grupo corresponde a las instituciones relacionadas con funciones de gobierno. En este caso, la ASF detectó 519 millones de pesos como irregularidades y las tres principales responsables son la Secretaría de la Defensa, Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Esta primera aproximación a los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación nos permite tener una mejor perspectiva de dónde están (o mejor dicho, no están) los recursos públicos que se han usado sin ajustarse a la ley, que se han desperdiciado en políticas basadas en la ocurrencia y, en una gran cantidad de casos, en abiertos esquemas de simulación, corrupción y desvío de recursos. A partir de esta hoja de ruta, en posteriores entregas nos enfocaremos en analizar casos específicos derivados de las auditorías individuales, pues la ASF ha encontrado escandalosos problemas en los programas sociales, las obras de infraestructura que son la insignia de esta administración, así como en varios de los destinos favoritos del gasto presidencial. Por el momento, es útil recordar que cada peso identificado por la ASF tiene un sustento en una auditoría particular, en la que diversos servidores públicos analizaron la información pública, encontraron irregularidades y, después de acudir a las dependencias, sostuvieron sus hallazgos y todas pueden ser consultadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una y otra vez que al comenzar su gobierno, el combate a la corrupción le daría 500 mil millones de pesos adicionales para poder gastarlos en las necesidades de la gente. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que dicha idea solo era un buen deseo, pues los mencionados recursos jamás aparecieron. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que la corrupción no solo sigue viviendo y gozando de cabal salud en México, sino que ha seguido avanzando. En lugar de darnos recursos adicionales, en 2019 nos dejó con 100 mil millones de pesos menos que hoy siguen en la incógnita.
El presidente ha dicho que estos hallazgos son una exageración, que están mal y que él, para variar, tiene otros datos. Esto tuvo que ver con una auditoría que señalaba los posibles costos futuros de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero dicha estimación no se contabilizó como una posible irregularidad. Por lo tanto, lo que de verdad importa es si el gobierno de López Obrador puede aclarar las observaciones detectadas por la ASF con evidencias comprobables. Afortunadamente, en este caso particular, podemos saber con precisión si esto es verdad, pues si la ASF recibe las evidencias que demuestren que esos 100 mil millones de pesos sí se usaron conforme a la ley, en los siguientes meses veremos cambios en esta infame cifra. Pero si se trata solo de habladurías, entonces los hallazgos de la ASF caerán como una losa sobre un gobierno que, ante el escrutinio hecho por una institución ajena al presidente, no pudo comprobar que usó adecuadamente los recursos públicos.
El presidente de México, a través de las redes sociales anunció que presenta síntomas de Covid-19, por lo cual se ausentará en las ruedas de prensa, conocida como Las Mañaneras, por lo que estará al frente la secretaria de Gobernación Olga Cordero.
Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó a la Minera Gorrión la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el “proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca” en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
En el proyecto se detalla que el área de trabajo sería de mil 44.4 hectáreas, de las cuales 466 hectáreas serían para la construcción e instalación de las obras requeridas, equivalente al 44.64 por ciento.
Entre los elementos que se pretendían construir se encuentran estanques de sedimentos, plataforma trituradora, tepetatera, tajo, reservorio de agua, planta de beneficio, almacén de explosivos, instalaciones de las minas, caminos, así como superficie utilizada como espacios libres para protección de las instalaciones y seguridad de los procesos.
Se indica que en la zona en donde se llevaría a cabo el proyecto debería obtener el cambio del uso de suelo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay vegetación secundaria arbórea del Bosque de Táscate.
Entre los beneficios que presumía la compañía se encuentran laboratorios metalúrgicos, químicos y de ensayo; construcción o instalación de edificios, oficinas móviles y consultorio; taller de mantenimiento, polvorines, almacenes de residuos peligrosos, entre otros.
Las autoridades también destacan que el proyecto se realizaría en un territorio inmerso en los Sitios Terrestres Prioritarios y en la región Hidrológica Prioritaria Río Tecolutla.
Mientras que las autoridades indicaron que debido a que el proyecto requiere remoción de vegetación, esta situación provocaría un efecto adverso sobre la diversidad presente, incluyendo la pérdida de hábitats para especies de fauna silvestre, estén en algún estatus de protección.
“El proyecto dejaría un paisaje estéril y de imposible recuperación, lo que es incongruente con los criterios de POEGT”, sobre la restauración de los elementos naturales se indica en la gaceta ecológica.
Se indica que la empresa “no aportó la información técnica y científica, que demuestren una certeza científica absoluta sobre la viabilidad ambiental del proyecto, ya que al no presentar estudios detallados de la descripción de las obras y actividades del proyecto”.
La distribución de las dosis será vía terrestre para el estado al igual que para Tlaxcala
El Sol Puebla
Será a partir de mañana cuando inicie la vacunación contra Covid-19 en Puebla, así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien detalló que hoy llegará la entidad la primera tanda de vacunas Pfizer para personal médico que atiende a pacientes con Covid-19.
“Hoy se realizará todo el movimiento en diferentes estados y a partir de mañana se iniciará la vacunación”, sentenció el general.
Lo anterior durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional en la que dio a conocer la logística del Plan Nacional de Vacunación que iniciará una vez que los lotes de 439 mil 725 vacunas aterricen en la nación.
Explicó que la distribución para todo el país en hospitales Covid-19 será a través de dos rutas, aérea y terrestre, siendo esta última la que se utilizará para Puebla y otros cinco estados como Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Querétaro y el Estado de México, misma que se comenzará al filo de las 13:20 horas de este martes.
“Las rutas terrestres van a ser siete, seis a los estados aquí colindantes y la de la Ciudad de México (…) En estas otras rutas terrestres, a seis estados que serán Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, también ahí estarán presentes los coordinadores estatales designados con el gobierno federal para recibir sus vacunas y hacer en esos puntos de redistribución la designación a todos sus hospitales que tienen bajo esta tarea de atender el Covid en cada uno de esos respectivos estados”, afirmo.
En este sentido, detalló que, tanto rutas terrestres como aéreas llevaran los paquetes con las vacunas y los insumos para su aplicación que requiere el personal de las brigadas de vacunación, así como los brazaletes para identificar a quienes integran las mismas.
Finalmente el secretario de Defensa señaló que se tiene previsto que a las 03:40 horas del miércoles 13 de enero se concluya la repartición de vacunas.
BBC News.- WhatsApp está obligando a sus usuarios a que acepten que la aplicación comparta sus datos con Facebook -propietaria de la aplicación de mensajería- si quieren seguir usando el servicio.
La compañía advierte a los usuarios en un aviso que «deben aceptar estas actualizaciones (de las condiciones de uso) para continuar usando WhatsApp» o eliminar sus cuentas.
«La política de privacidad y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria y estamos avisando a los usuarios con una amplia anticipación para que revisen los cambios, que entrarán en vigor el 8 de febrero», dijo un portavoz de Facebook, propietario de WhatsApp, a la agencia de noticias AFP.
Los usuarios de la Unión Europea y Reino Unido, si bien deberán aceptar las nuevas condiciones, no verán aplicarse los cambios en sus cuentas, dijo Facebook.
La medida ha desatado numerosas críticas sobre la política de manejo de los datos de los usuarios.
Algunos activistas de la privacidad en internet cuestionaron la política de «aceptar nuestra recolección de datos o irse » de Facebook, y sugirieron a los usuarios que se cambiaran a aplicaciones como Signal y Telegram.
¿Qué datos se compartirán?
Facebook le dijo a AFP que las nuevas condiciones «permitirán compartir información adicional entre WhatsApp y Facebook y otras aplicaciones como Instagram y Messenger, como contactos y datos del perfil, pero no el contenido de los mensajes, que permanecen encriptados».
En una publicación de preguntas frecuentes, WhatsApp dice que comparte una amplia gama de información de sus usuarios con otras empresas de Facebook, que incluyen:
Número de teléfono y otra información proporcionada en el registro (como el nombre)
Información sobre el teléfono, incluida la marca, el modelo y la empresa de telefonía móvil
Dirección IP, que indica la ubicación de la conexión a internet
Cualquier pago y transacción financiera realizada a través de WhatsApp
Pero también informaron que puede compartir cualquier dato cubierto por su política de privacidad, que podría incluir contactos, actualizaciones de estado, cuándo las personas usan WhatsApp y por cuánto tiempo, y números de identificación únicos para los teléfonos de los usuarios.
Otras nuevas condiciones de WhatsApp
WhatsApp no tendrá banners publicitarios; aunque sí que podrás recibir ofertas comerciales de los futuros perfiles comerciales.
Las llamadas de WhatsApp nunca ofrecerán servicios de emergencia.
La edad de uso se reduce desde los 16 años a los 13 años. Siempre dependiendo de las leyes del país y con necesidad del consentimiento paterno en el caso de menores.
Se menciona la posibilidad de cobro por el servicio de WhatsApp y que no existirá ninguna opción al reembolso.
Se menciona expresamente la prohibición de usar una cuenta de WhatsApp en más de un dispositivo.
Está prohibida el uso de VPN, proxy o cambios de IP para ocultar la identidad.
Además de compartirse con el servicio los contactos que utilizan WhatsApp, también se especifica el acceso al resto de contactos.
iCloud podría añadirse a Google Drive como opción para las copias de seguridad en iPhone: aparece la mención explícita.
Cualquier servicio de WhatsApp, Facebook o empresas del grupo podrá promocionarse en WhatsApp.
Existe la opción de pedirle a WhatsApp que elimine una foto, estado o mensaje por infracción de copyright.
Ante los cambios de WhatsApp, las descargas de la aplicación Signal se dispararon este jueves después de que la respaldaran personalidades como el fundador de Tesla, Elon Musk, y Jack Dorsey, cofundador de Twitter.
La compañía de análisis de datos Sensor Tower reportó que más de 100.000 usuarios instalaron Signal, mientras que Telegram registró casi 2,2 millones de descargas, según Reuters.
Las descargas de WhatsApp cayeron un 11% en los primeros siete días de 2021 en comparación con la semana anterior, de acuerdo a Sensor Tower.
e-consulta
A pesar de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –que se emitió en 2017– y los riesgos sanitarios que representa su contaminación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sólo ha multado a una empresa en Puebla con apenas 84 mil pesos por arrojar residuos tóxicos al río Atoyac.
Así lo reportó la dependencia federal al Senado de la República, luego que los legisladores solicitaron un informe sobre las acciones para proteger el cauce y los motivos que expliquen la falta de atención a la recomendación del organismo defensor.
La Profepa confirmó en un oficio que únicamente una compañía ha sido multada y se trata del Complejo Petroquímico Independencia de San Martín Texmelucan, a cargo de Petróleos Mexicanos, aunque no especificó las anomalías que ameritaron la sanción.
La multa tuvo efecto en julio de 2019, y hasta la respuesta oficial que corresponde al 4 de noviembre de este 2020, no hubo registros de otras sanciones vinculadas con verificaciones al cauce.
El Senado también solicitó un informe a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero ésta no aportó nada relativo a acciones sancionadoras ni de intervención para frenar la contaminación del río.
De manera generalizada, tanto Profepa como Conagua señalaron que hay cumplimientos “parciales” a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la grave contaminación del Atoyac.
Es preciso mencionar que en marzo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los tres niveles de gobierno por supuestas omisiones ante la contaminación con aguas residuales de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, que afectan a habitantes de las comunidades aledañas.
En 2018, este medio dio a conocer que el gobierno de Puebla no había cumplido ninguno de los 11 puntos de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dirigió para revertir la contaminación que sufren los ríos Atoyac y Xochiac.
Hasta ese momento, 10 de 11 puntos se encontraban en un estatus de “cumplimiento parcial”, y el restante aparece como “sin pruebas de cumplimiento”.
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