Con pocos meses constituida, una desconocida empresa estadounidense ganó contratos multimillonarios en el sector energético de México. Esta investigación revela los lazos entre uno de los funcionarios clave de este proceso bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, los fundadores de la novel firma y las controversias en las que han estado involucrados.

 

Por: Isabella Cota y Adam Williams para EL PAÍS de España y CONNECTAS

Era una oportunidad incomparable. Cuando México abrió su mercado para que empresas privadas puedan producir y vender energía en el país por primera vez en décadas, un par de empresarios estadounidenses se encontraron de repente en una posición de privilegio. México iba a comprar grandes cantidades de gas natural de su vecino del norte y la persona a cargo de negociar los contratos era alguien que ellos conocían bien: un excolega de hacía más de 15 años.
Una investigación realizada por EL PAÍS, con información de más de 80 entrevistas con miembros del sector energético, fuentes confidenciales y más de 5.000 correos internos de la CFE, revela los lazos entre ejecutivos de CFE International —el brazo internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México, creado tras la reforma energética— y Whitewater Midstream, una empresa estadounidense desconocida que obtuvo contratos multimillonarios para suministrar enormes volúmenes de gas al Estado mexicano durante la gestión de Guillermo Turrent, exdirector de CFE International bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es la historia de un puñado de traders que pasaron de generar grandes ganancias en un mercado energético recién liberalizado, el de California, a hacer lo mismo en otro mercado recién abierto, el de México, 15 años después.

En México, ahora están en la mira del Gobierno, según confirmó a EL PAÍS el vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro, ante una consulta sobre Whitewater: “Con esta empresa lo que vamos a hacer es tomar acciones de carácter legal, tanto civiles como penales”, dijo Bravo Navarro este lunes 5 de julio. “Estaremos cumpliendo con las obligaciones de denunciar actos y hechos de naturaleza ilegal en detrimento del Estado mexicano”. Por otra parte, Turrent está siendo investigado por las autoridades por firmar contratos cuestionables durante su tiempo en la empresa de servicios públicos mexicana, según un alto funcionario del Gobierno, quien habló bajo condición de anonimato.

 

La reforma energética impulsada por el Gobierno de Peña Nieto hizo de la estadounidense Whitewater Midstream, empresa fundada en 2016, una gran ganadora: apenas cinco meses después de ser creada, la empresa ya había acordado su primer negocio con la CFE y, en un par de años, pasó de ser inexistente en el sector a trabajar codo a codo con grandes transnacionales. Correos y documentos confidenciales obtenidos por EL PAÍS demuestran que la empresa negoció al menos dos contratos con CFE International. Uno de los contratos, en el cual se comprometen a suministrar un alto volumen de gas natural —entre un 15% y 20% de la demanda diaria de importación de México, un volumen inédito según expertos en el sector—, lo ganaron en asociación con una de las más grandes empresas de energía en Norteamérica, de acuerdo con un documento interno filtrado a EL PAÍS, donde figuran los términos de este contrato tal como fueron aprobados.

Los contratos fueron otorgados bajo la dirección de Guillermo Turrent, entonces la cabeza de CFE International, quien trabajó con el fundador y con un alto ejecutivo de Whitewater entre 2000 y 2001 en la empresa Royal Dutch Shell en San Diego, California. Así lo demuestran documentos del regulador de energía en EE UU, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) que forman parte de un caso abierto por posibles precios injustificados en la negociación de un contrato a largo plazo con el Estado de California. En esa época, un año después de abrir su mercado a la competencia privada, California sufrió una crisis de electricidad que llevó a apagones que afectaron a millones, ocasionados por una repentina alza en los precios que casi dejó en bancarrota al Gobierno del Estado.

 

LOS CONTRATOS “LEONINOS”

Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado la reforma energética, bajo el argumento de que los contratos que fueron otorgados gracias a esta reforma favorecen a las empresas privadas y no al pueblo mexicano. En 2019, el director general de CFE Manuel Bartlett renegoció algunos contratos de compra de gas natural que se firmaron durante el sexenio pasado por considerarlos “leoninos”, pero ni él ni el presidente han mencionado hasta ahora a Whitewater. En estos dos años y medio de gestión de López Obrador, la información de los negocios entre CFE International y Whitewater Midstream nunca ha salido a la luz, pese a los posibles conflictos de interés que existían entre sus ejecutivos, que se conocen desde hace casi 20 años.

Decenas de peticiones de información hechas entre 2019 y 2021 al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), así como directamente con la CFE, para conocer las versiones públicas de los contratos con Whitewater fueron rechazadas bajo el argumento de que son confidenciales. No obstante, según el vocero de la CFE, próximamente la empresa estatal mexicana saldrá a hablar de estos contratos. “Esto tiene que ver con cero tolerancia a la corrupción”, dijo Bravo Navarro. “Lo que estamos haciendo es defender los intereses de la CFE, defender los intereses de los mexicanos en ese sentido y por esa razón, se emprenden acciones legales”, añadió.

A partir de la reforma energética, CFE fundó una empresa privada basada en Houston, Texas, y constituida en el Estado de Delaware, que goza de protección confidencial de sus contratos. La llamó CFE International (CFEI), y, en México, se le conoce como CFEnergía. Estados Unidos es el principal productor de gas natural en el mundo, el cual vende a los precios más bajos en el mercado. El rol de CFEI dentro del grupo de empresas que conforman a CFE es, precisamente, aprovechar la cercanía con EE UU y negociar contratos de compra y venta del combustible a los mejores precios, ya que este gas se utiliza en México para generar electricidad. Para lograr esto, CFEI necesita gozar de cierta confidencialidad, tal como tiene cualquier empresa privada que compite en el mercado y que negocia contratos con otras compañías. Revelar los precios a los que negocia la compra y venta del gas la haría vulnerable ante la competencia.

Crear un brazo privado de una empresa del Estado, como es CFEI, fue una parte importante de la apertura del mercado eléctrico en México, explica Adrián Duhalt, investigador especializado en energía del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad Rice en Texas. “Puede ser el instrumento para incrementar la presencia de las empresas paraestatales en el extranjero”, dice el especialista.

Por lo tanto, CFEI, a diferencia de su empresa matriz y la empresa del Estado Petróleos Mexicanos, no está obligada por ley a publicar los acuerdos y negocios que hace. Es, en pocas palabras, una especie de caja negra. “Esto se presta a que funcionarios tomen ventaja de esa laguna legal que no aplica a las empresas estatales”, apunta Duhalt. Es decir: CFEI no debe rendir cuentas a la población y sus negociaciones con privados dependen solo de la buena fe y confianza de los funcionarios a cargo.

 

De acuerdo con Irma Villanueva Nájera, directora de la CEAVE, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.

La comunidad de El Manzano, también en el municipio de Uruachi, comenzó a vivir desde 2015 uno de los casos de desplazamiento más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La primera ocasión, alrededor de 35 personas de diferentes familias tuvieron que huir caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.

Un año después, salió otro grupo de más de 60 personas de la misma comunidad, porque no habían cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los habitantes desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus seres queridos. El último fue en 2018.

En ese año, el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares, regresaron a sus casas, resguardadas por la Policía Estatal.

En el municipio de Uruachi no se han registrado incendios masivos provocados. Ahí, la forma de dominar es a través de la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, alias El Chueco –perteneciente al cártel de Sinaloa–, que ha impedido el desarrollo forestal, según testimonios de habitantes del lugar.

Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta desde el exilio.

 

 

EL REGRESO A MÉXICO

Lo anunció en inglés a través de Facebook en enero de 2013: “Me alegra informarles que a partir de hoy, oficialmente empecé como director de Modernización de la CFE (la empresa estatal de México)”, escribió Guillermo Turrent, estrenando nueva foto de perfil en la que vestía traje y corbata negros impecables. “Me fui de México hace 16 años, y estoy feliz de regresar.”

El padre de una compañera de la infancia de Turrent, Francisco Rojas, se había convertido en el director general de CFE bajo la recién llegada administración de Peña Nieto. Rojas nombró a Turrent director de Modernización y su trabajo era encabezar el diseño de una nueva red de gasoductos que suministrarán al país del gas natural más barato en el mundo, el que se vende en Texas.

No es que Turrent no estuviera calificado para el puesto. Actuario egresado de la UNAM, Turrent emigró a EE UU para trabajar en el sector energético desde temprano en su carrera. Recorrió los pasillos de empresas transnacionales como Shell, Sempra Energy, Constellation Energy y EDF. El naciente sector energético en México recibió con entusiasmo su llegada y, hasta la fecha, personas cercanas a él lo describen como “brillante” y un trabajador incansable al que le gusta vestir trajes Ferragamo.

Era, además, un momento emocionante para estar en el sector de energía. Ese año, 2013, el Congreso aprobó la reforma energética constitucional que permitió que empresas privadas invirtieran en producción de petróleo y generación de electricidad por primera vez en más de 70 años en el país. Para la CFE esto implicó una reorganización que la dividió en varias empresas, entre ellas CFEI, de la que Turrent pasó a ser su primer director general en 2015.

En abril de 2016, Matthew Calhoun, un excolega de Turrent con el que trabajó en Shell en California entre 2000 y 2001, fundó en Austin, Texas, la empresa Whitewater Midstream. Para septiembre del mismo año, Whitewater ya había negociado un primer acuerdo con CFE para el desarrollo de un “importante proyecto” en conjunto, de acuerdo con correos internos. Por su parte, y al mismo tiempo, otro excolega de Turrent y Calhoun, Arlin Travis, fue contratado por CFE como consultor independiente. Un año después, Travis estaba trabajando en Whitewater.

 

 

CRISIS EN CALIFORNIA

Turrent, Travis y Calhoun se conocen desde hace décadas. Los tres fueron compañeros de trabajo en una oficina de Shell en San Diego durante lo que se conoce como la crisis de electricidad de California hace 20 años. A finales de los noventa, California, como lo hizo México años después, liberalizó su mercado eléctrico para promover la competencia entre privados y ofrecer menores precios a sus habitantes. Pero ocurrió lo contrario.

Durante 2000 y 2001, el precio de la electricidad en California se disparó hasta tocar máximos históricos. Esto se volvió por momentos impagable para el Gobierno del Estado, lo que derivó en apagones que dejaron a millones de ciudadanos sin luz en ciudades como San Diego y San Francisco, así como pérdidas de miles de millones de dólares. El Estado buscó protegerse con contratos de largo plazo para garantizar el suministro a una tarifa estable. Una de las empresas con las que acordó uno de esos contratos fue Shell, en donde trabajaban Turrent, Travis y Calhoun.

Pero al final de 2001, la empresa operadora del mercado energético Enron Corp. cayó en bancarrota. Su caída llevó a una profunda investigación por parte de autoridades en EE UU en la que se encontró evidencia de que Enron, junto con más de 30 empresas privadas, incluyendo Shell y Sempra Energy, habían participado en esquemas manipuladores para inflar los precios de electricidad, ocasionando la crisis energética. Además, la revelación llevó al Estado de California a argumentar que las tarifas negociadas durante la crisis, en 2001, con el objetivo de evitar justamente pagar precios exorbitantes, fueron también injustificablemente altas. California presentó entonces una queja ante la Comisión Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC, por su sigla en inglés): el Estado sostiene, hasta la fecha, que Shell se aprovechó de las irregularidades en el mercado —precios artificialmente altos— para fijar tarifas elevadas de largo plazo, lo cual constituye fraude en la formación del acuerdo.

La Comisión Reguladora todavía no ha resuelto el caso del contrato de largo plazo firmado en 2001 entre California y Shell. En 2016, un juez de derecho administrativo le recomendó a la FERC que ordenara a Shell a pagar 779 millones de dólares al Estado de California por sobrecargos relacionados con el contrato en cuestión. La Comisión, sin embargo, no ha emitido una opinión final sobre el tema, por lo que el caso sigue abierto.

 

Turrent, Travis y Calhoun no fueron acusados de manipulación ni sancionados por este caso. Pero sus nombres y comentarios aparecen en correos y transcripciones de conversaciones telefónicas entre los empleados de Shell que forman parte de la evidencia presentada. La correspondencia demuestra que los tres se conocen, trabajaron juntos y abre interrogantes sobre su comportamiento como operadores del mercado. “Las grabaciones de audio y los correos electrónicos de las conversaciones de los traders de Shell que se han admitido como evidencia están repletas de referencias sobre su conocimiento de las actividades ilícitas y su rentabilidad”, escribió el juez en su recomendación a la FERC en 2016.

Quizás, una de las referencias más escandalosas es la manera en que un exempleado de Shell, Tobin Dreher, le describió a otro colega lo sencillo que había sido generar jugosas ganancias en detrimento del Estado de California: es como quitarle “un caramelo a un bebé”, le dijo, según una transcripción y audio de una conversación telefónica. Dreher fue contratado por Turrent en 2018 como vicepresidente de comercialización de gas natural de CFEI, un puesto que dejó este año, de acuerdo con un anuncio en sus redes sociales. Otro comentario que destaca dentro de las miles de páginas que se presentaron como evidencia es el de la jefa de Turrent en Shell en ese momento, quien celebró las multimillonarias ganancias de la empresa mientras el Estado sufría apagones:

“Desde un punto de vista estrictamente ético, ¿tienes algún problema con los apagones?”, le preguntó un empleado de Shell a la jefa de Turrent.

“¿Desde un punto de vista ético? No”, contestó la jefa de Turrent.

En cuanto a Turrent se refiere, su nombre aparece tres veces en el fallo inicial en donde el juez argumenta que él y miembros de su equipo, como negociadores del contrato de largo plazo, estaban informados de que los precios en que se basó la negociación estaban inflados. En un comentario por correo, un vocero de Shell negó que la empresa haya actuado indebidamente y dijo que el contrato de electricidad en cuestión se negoció “de conformidad con las regulaciones existentes”. “Nuestra posición es que la decisión inicial del juez de derecho administrativo debe ser revocada y esperamos que el fallo final de los comisionados lo haga”, dijo el portavoz.

 

 

 

REENCUENTRO EN MÉXICO

Turrent, Travis y Calhoun tomaron caminos diferentes después de la crisis en California, trabajando para diferentes empresas en distintos lugares de EE UU. Pero años después, los tres se reencontraron para trabajar juntos en otro mercado recién liberalizado: México.

En julio de 2016, Travis fue contratado como consultor de la CFE, según correspondencia obtenida por EL PAÍS entre él, Turrent y Javier Gutiérrez, exdirector de Operaciones de CFEI. Dos meses después, en septiembre de 2016, Gutiérrez, Travis y un ejecutivo de Whitewater se reunieron en Texas, como consta en un documento público. Días después, el director general de Whitewater mandó un correo a Gutiérrez en donde expresa su satisfacción con los negocios pactados entre la empresa texana y la CFE.

Fue Gutiérrez, quien trabajaba directamente con Turrent, quien se reunió con el equipo de Whitewater en por lo menos cuatro ocasiones durante cuatro meses de 2016. Un documento público asegura que Gutiérrez “llevó a cabo una reunión con la empresa Whitewater para la negociación de contrato para interconexión” con un cabezal en el oeste de Texas.

 

Las huellas de Turrent en Whitewater van más allá de sus lazos con excolegas de Shell. Otro empleado de Whitewater, Todd Speiser, fue colega de Turrent en Constellation Energy y luego EDF, donde formaron parte del mismo equipo. En los primeros meses de 2017, empleados de Whitewater comenzaron a trabajar dentro de las oficinas de la CFE en México como “consultores”, según tres fuentes internas de la paraestatal. Las fuentes coincidieron que la presencia de los empleados de Whitewater les llamó la atención y se vio como un posible conflicto de interés, dado que la empresa después resultó la ganadora de un contrato que se preparó durante el tiempo en que ellos estaban como consultores.

De acuerdo con una de las tres fuentes, Speiser y otros empleados de Whitewater comenzaron a trabajar dentro de las oficinas de CFEI en México en febrero de 2017 y continuaron trabajando ahí durante los meses en que CFEI preparaba la licitación de un contrato por un alto volumen de gas natural. La licitación, llamada RFO por sus siglas en inglés (Request For Offer, o Petición de Ofertas) se publicó en junio y, para noviembre, CFEI anunció que el ganador de ese contrato fue Whitewater, en asociación con otra empresa. Las fuentes consideran que es posible que Whitewater, durante su tiempo trabajando en CFEI, tuviera acceso a información privilegiada que la puso en ventaja ante sus competidores en la RFO.

El masivo contrato con Whitewater en asociación con otra empresa es para el suministro de una cantidad de gas natural equivalente al 15%-20% de la demanda de importación diaria de México por un plazo de 15 años, según un documento interno obtenido que detalla los términos del contrato como fueron aprobados en ese momento por el consejo de CFEI. El enorme volumen de aquel contrato sorprendió a muchos en el sector energético en ambos lados de la frontera, incluyendo a expertos entrevistados por EL PAÍS que aseguran no saber de ningún otro acuerdo de tamaño similar. Por esa cantidad de gas natural, la CFEI estimó que pagaría alrededor de tres millones de dólares diarios por el gas, según el documento interno. Adicionalmente, en diciembre de 2017, la matriz CFE aprobó darle a Whitewater una garantía de hasta 600 millones de dólares, como consta en la minuta firmada en la reunión del consejo de administración. Una garantía corporativa de este tipo es común en contratos entre empresas, ya que asegura que el garante cumplirá con cierto mínimo establecido de sus compromisos de pago.

Renegociar un contrato como el de Whitewater podría salirle caro a México. El 15 de junio, la agencia de riesgo crediticio S&P Global dijo en un comunicado que cabe la posibilidad de recortar la calificación de la deuda soberana de México en el próximo año si el desempeño económico del país se ve mermado por “el retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, particularmente en el sector energético”. Si México perdiera su codiciado grado de inversión, se dispararía la tasa de interés que los inversores cobran a cambio de prestarle dinero al Gobierno.

 

Renegociar un contrato como el de Whitewater podría salirle caro a México. El 15 de junio, la agencia de riesgo crediticio S&P Global dijo en un comunicado que cabe la posibilidad de recortar la calificación de la deuda soberana de México en el próximo año si el desempeño económico del país se ve mermado por “el retroceso en algunas políticas y la renegociación de contratos establecidos, particularmente en el sector energético”. Si México perdiera su codiciado grado de inversión, se dispararía la tasa de interés que los inversores cobran a cambio de prestarle dinero al Gobierno.

Turrent no respondió a varias solicitudes de comentario de EL PAÍS. Tobin Dreher, quien dejó de trabajar con CFEI en marzo, no quiso hacer comentarios. Calhoun, Travis y Speiser declinaron hacer declaraciones a través de una agencia de relaciones públicas. Javier Gutiérrez tampoco quiso comentar.

“Es muy interesante saber dónde han aterrizado todas estas personas y que todavía están en la industria”, dijo Gerald A. Taylor, un testigo experto del Estado de California en el caso contra Shell. “Más que sorprendente dado su comportamiento en los mercados eléctricos de California”.

Aunque el Gobierno de México no ha hablado públicamente sobre las relaciones entre Whitewater y la CFE, en febrero, un diputado de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón, dijo en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que Whitewater es “una empresa a la cual se le entregaron contratos cuyo daño financiero, porque no tenía ni activos ni tenía estados financieros, es por más de 22.000 millones de dólares, contratos de gas y gasoductos entregados a una empresa sin solvencia financiera, bajo sospecha de corrupción, tráfico de influencias e información privilegiada”.

Esta es una investigación para EL PAÍS y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.