El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, no es una fecha más en el calendario. Es un recordatorio doloroso de la crisis que enfrenta México, donde la exigencia de verdad y justicia se mezcla con el riesgo latente para quienes se atreven a buscarla. La trágica historia de Roberto Hernández, padre buscador asesinado en el Estado de México, es un reflejo de esta cruda realidad. Su caso, junto con los de Sandra Domínguez e Irma Galindo, ejemplifica la magnitud de la violencia contra personas defensoras, buscadoras y periodistas en el país.
Según datos oficiales, al menos 133,033 personas han sido desaparecidas en México, un número que no solo revela la grave magnitud de la desaparición forzada, sino también la parálisis forense y de investigación que impide la identificación de cuerpos y el esclarecimiento de los hechos. En este contexto, son las familias, y en particular las mujeres buscadoras, quienes han asumido la labor que el Estado no ha garantizado, enfrentando una violencia sistemática y diferenciada.
Una labor de búsqueda marcada por el riesgo y la impunidad
Desde el 1 de enero de 2016, la labor de las personas buscadoras se ha convertido en una de las más peligrosas. En este periodo, al menos
25 buscadoras han sido asesinadas y tres permanecen desaparecidas. Su valentía se contrapone a una respuesta institucional insuficiente y a la constante amenaza de agresiones, hostigamiento y criminalización.
Este patrón de violencia se extiende a otros actores clave en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. En el mismo lapso de 2016 a la fecha, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han sido desaparecidas en posible relación con su labor. De este total, 37 eran defensores y 25 periodistas, de los cuales 17 eran indígenas. La persistencia de 23 casos aún sin resolver evidencia la gravedad y sistematicidad de estas violaciones a los derechos humanos.
Las agresiones no se limitan a la desaparición y el asesinato. Aquellos que documentan y defienden los derechos de las víctimas enfrentan ataques físicos, campañas de desprestigio, acoso judicial y espionaje. Estas prácticas buscan silenciar las voces críticas y obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia.
Las Exigencias al Estado
Ante esta grave situación, la sociedad civil y los colectivos de familiares hacen un llamado urgente y claro al Estado mexicano para que asuma su responsabilidad. Las principales demandas son:
- Aparición con vida inmediata de todas las personas desaparecidas.
- Mantener el diálogo con las familias y colectivos.
- Reconocer la labor de las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y garantizarles medidas de protección efectivas.
- Fortalecer el Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas, con protocolos claros de prevención y reacción ante situaciones de riesgo.
- Atender la crisis forense y de investigación para garantizar que los cuerpos sean identificados y entregados a sus familias con dignidad.
La solidaridad con las familias y organizaciones que día a día se enfrentan a la oscuridad es fundamental. Cada persona localizada, cada paso hacia la identificación, es un avance significativo en el camino hacia la justicia y la reparación que tanto las víctimas como nuestro país necesitan.
Síguenos en nuestro canal en WhatsApp de ProyectoCINCO
Aquí encuentras las noticias más importantes que hemos generado, en Lo Fuerte
