Una empresa en la que es socia la hija del senador Ricardo Monreal ha obtenido 36 millones de pesos en contratos en la actual administración federal; la mayoría de los contratos otorgados por la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, a cargo de una tía y que suman 3.2 millones de pesos fueron otorgados sin licitar; 27.8 millones los otorgó el IMSS y 5.1 millones la SCT.
POR: VANESSA CISNEROS Y MAURICIO RUBÍ
Una empresa gasolinera en la que es socia una hija del senador Ricardo Monreal recibió contratos en los últimos tres años por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular es su tía, Verónica del Carmen Díaz Robles. Adicionalmente, ha recibido otros 33 millones de pesos del IMSS y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Del 2019 a la fecha, la compañía Multiservicio La Plata SA de CV obtuvo 71 contratos, de los cuales al menos 59 fueron por adjudicación directa, de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas para la adquisición de combustible y vales de gasolina.
Luis Enrique Monreal Ávila se casó con Verónica del Carmen Díaz Robles, súperdelegada de programas sociales del gobierno federal en Zacatecas.
En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que la propia Delegada de la Secretaría del Bienestar firmó algunos de los contratos a favor de Multiservicio La Plata SA de CV, a pesar de que desde 2017 es público que esa empresa es propiedad de su sobrina, Catalina Monreal.
Conforme al Registro Público de Comercio, Multiservicio La Plata SA de CV fue creada en el año 2002, y en el 2006 se incorporó como socia a Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Su participación con el 33 por ciento de las acciones fue ratificada en una asamblea realizada en noviembre de 2017.
La tía de la hija de Monreal, Verónica del Carmen Díaz Robles, es la súperdelegada de programas sociales en Zacatecas desde diciembre del 2018, cuando asumió el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Catalina Monreal, accionista de Multiservicio La Plata, con su papá Ricardo Monreal.
De acuerdo con una entrevista que publicó en octubre del 2018 el diario Imagen de Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles se enroló en la campaña de Ricardo Monreal para la gubernatura de Zacatecas, en 1998, cuando tenía 17 años, y ella misma detalla que posteriormente conoció a Luis Enrique Monreal Ávila, quien se convertiría en su esposo.
En la última declaración patrimonial (año 2021), el gobierno federal indica que Verónica del Carmen Díaz Robles está adscrita a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, con un cargo de director general, desde el 1 de diciembre del 2018. Estudió administración de empresas en la Universidad Autónoma de Fresnillo y percibe un salario de 94 mil 978 pesos netos.
Díaz Robles trabajó como subdirectora de Difusión en la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República del 2013 al 2018, y tuvo un breve paso —de tres meses— como diputada de Morena en el Congreso de Zacatecas en el 2018, cargo que dejó para incorporarse a la Secretaría del Bienestar como delegada en su tierra natal, en diciembre de ese año.
Los contratos
Las plataformas Nacional de Transparencia y de Compranet arrojan que Multiservicio La Plata SA de CV ha obtenido unos 88 contratos del 2019 a la fecha, de los cuales 71 son de la Secretaría de Bienestar en su delegación Zacatecas, 59 por adjudicación directa, mientras que 12 no están especificados.
En general, el objetivo de los contratos son la adquisición de gasolina y vales para combustible, ya sea para “las necesidades” de la Secretaría de Bienestar o para la operación de los programas de la dependencia federal.
Sin embargo, la Secretaría del Bienestar no publica en la mayoría de los casos en la Plataforma Nacional de Transparencia documentos adicionales, como una copia en versión pública de los contratos, y sólo se limita a reportar generalidades de éstos, como montos, fechas. En casi todos los reportes de las contrataciones sólo se incluye el motivo —escueto— del contrato, el mecanismo de adjudicación y la empresa que otorgará el servicio.
Los 71 contratos con la Secretaría del Bienestar con Multiservicio La Plata SA de CV suman un monto global de 3 millones 223 mil 655 pesos, sin incluir el IVA.
Contratos firmados por la delegada de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles, a favor de Multiservicio La Plata, en la que es socia su sobrina, Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal.
Contratos con otras dependencias
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también contrató a la empresa en la que tiene participación accionaria la hija de Ricardo Monreal. De hecho, es la dependencia que más recursos públicos ha desembolsado desde enero de 2019 hasta la fecha: el IMSS le ha otorgado por lo menos seis contratos a Multiservicio La Plata SA de CV que suman 27 millones 833 mil 366 pesos.
La compañía fue contratada durante la actual administración federal en cuatro ocasiones de forma directa por el IMSS y dos veces más por licitación pública.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contrató a esta empresa por 5 millones 181 mil 023 pesos en dos contratos para la compra de vales canjeables por gasolina, los cuales se adjudicaron por medio de licitaciones.
Además, el estado de Zacatecas, de donde son originarios los Monreal, también ha comprado combustible para su parque vehicular por el que ha pagado 181 mil 095 pesos en nueve contratos, todos adjudicados de manera directa por el gobierno estatal.
La empresa incorpora a la hija de Monreal
Multiservicio La Plata SA de CV fue constituida en el 2002, en el estado de Zacatecas, como una empresa dedicada a la venta de refacciones, aceites y todo lo relacionado con la rama automotriz, aunque activa para otras tareas como la construcción, bajo una sociedad constituida por Javier Godoy Castañeda y Sandra Iliana Bañuelos López.
En el 2004 se acordó la venta de las acciones a los señores Humberto Godoy Castañeda y J. Guadalupe Bañuelos Robles. Las actas del Registro Público de Comercio indican que para el 2006 el objeto de la sociedad de Multiservicio La Plata SA de CV ya era la comercialización de gasolina y diésel suministrados por Pemex Refinación, así como la comercialización de aceites, lubricantes y aditivos de Petróleos Mexicanos.
Fue en mayo de 2006 cuando Multiservicio La Plata SA de CV aprobó un aumento del capital “en virtud del incremento de la demanda de trabajo y a fin de dar un mejor servicio, así como tener mayor liquidez”, por lo que Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal Ávila, ingresó como socia con un monto de 1 millón 600 mil pesos. Este acto fue inscrito nueve años después, en diciembre de 2015 ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas, según corroboró MCCI.
En el sitio electrónico de la empresa se detalla que Multiservicio La Plata tiene más de 15 años de experiencia, la cual nació para dar abasto de gasolina a las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, que cuenta con siete gasolineras en la entidad y se encuentra en proceso de abrir una adicional, además de tener 34 gasolineras afiliadas a la compañía.
Conforme a los datos proporcionados a la Secretaría de Economía por la empresa Multiservicio La Plata SA de CV, Eldaa Catalina Monreal Pérez es originaria de Fresnillo, Zacatecas, y de profesión abogada.
Trabajó en el Infonavit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero renunció tras información periodística que se reveló sobre contratos otorgados a allegados suyos y de su negocio de gasolineras en Zacatecas.
En febrero del 2017, MCCI reveló que dos amigos de Eldaa Catalina Monreal recibieron contratos de la delegación Cuauhtémoc cuando su padre, Ricardo Monreal Ávila, era delegado.
Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga Hernández, quienes fueron sus compañeros de preparatoria en el TEC de Monterrey campus Zacatecas, recibieron de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, seis contratos por 20 millones de pesos en diciembre del 2015.
Ambos abastecieron a la delegación Cuauhtémoc de mobiliario y computadoras, lo mismo que de material de limpieza, artículos deportivos, herramientas de ferretería e impresiones.
El presidente López Obrador con Catalina Monreal.
MCCI develó que además de los amigos de Eldaa Catalina Monreal, otras cuatro empresas de origen zacatecano, así como dos personas físicas más, se vieron beneficiadas con otras 10 contrataciones públicas de la demarcación capitalina en 2015 y 2016, cuando Ricardo Monreal era delegado en Cuauhtémoc.
En total, la administración de Ricardo Monreal contrató los servicios de ocho empresas y personas físicas que no tenían experiencia en los ramos de obra, proveeduría de recursos materiales y servicios, por un monto que alcanzaba los 266 millones de pesos.
Sólo uno de los ocho proveedores ya había sido contratado previamente por la Ciudad de México, para trabajos relacionados con obra pública.
En marzo del 2017, el periódico El Universal publicó que la hija del exgobernador de Zacatecas era socia de Grupo Multiservicio La Plata.
Cuando la información de MCCI y de El Universal se publicó, la hija de Ricardo Monreal trabajaba como gerente en la Coordinación General de Recursos Humanos del Infonavit, en donde ganaba 85 mil pesos mensuales.
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“No tengo nada qué ocultar”, indicó aquella vez la entonces funcionaria como respuesta al trabajo periodístico.
Después de la serie de publicaciones periodísticas, Eldaa Catalina Monreal renunció a su cargo en el Infonavit, el 23 de marzo del 2017. Ese mismo año, el Infonavit informó a un ciudadano —que elaboró una solicitud de transparencia— que la declaración patrimonial de Eldaa Catalina Monreal como funcionaria del Instituto no era pública. Ella “no dio su autorización”, se lee en dicha solicitud de información pública.
Dice que ya no es su tía
Catalina Monreal negó tener actualmente algún parentesco con la delegada de programas sociales en Zacatecas, porque su tío Luis Enrique Monreal -hermano de su papá- ya se separó de ella.
“No tengo ningún parentesco con la delegada, y mucho menos una relación directa o indirecta con ella, entiendo que estuvo casada con alguno de mis tíos, pero también entiendo que desde hace un buen tiempo están legalmente separados”, dijo en un escrito enviado a MCCI.
Aseguró que la relación contractual de su empresa con la delegación federal viene desde 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaba como gerente de recursos humanos en el Infonavit, pero que desde 2021 ya no tiene contrato vigente con la Secretaría del Bienestar.
MCCI envió un correo electrónico a la dirección institucional de la delegada en Zacatecas, así como al área de Comunicación Social de Bienestar federal para pedir una postura, sin que se obtuviera respuesta al cierre de la edición.
Sin mediar licitación, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez otorgó en medio de la pandemia por coronavirus un contrato múltiple para proveer el servicio de alimentación en tres hospitales a un funcionario de su gabinete, el ex diputado José Luis Bribiesca Alcolea. A través de Brava Gastroindustria, una empresa que carece de registro oficial, Bribiesca cobró como proveedor de Isesalud más de 9 millones de pesos
BAJA CALIFORNIA.- En pleno inicio de la pandemia por covid19, el gobierno de Baja California adjudicó un contrato millonario a Jorge Luis Bribiesca Alcolea, funcionario del gabinete de Jaime Bonilla Valdez.
A través del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Isesalud), aprobó un convenio múltiple para que el servicio de alimentos de tres hospitales fuera otorgado por adjudicación directa a Brava Gastroindustria, empresa con sólo un año de experiencia en el servicio de alimentación en hospitales, que no cuenta con registro como proveedor y tiene diferentes direcciones fiscales.
Esta firma pertenece a Bribiesca Alcolea, político joven, quien hasta octubre de 2020 fue subsecretario de administración de Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California con Jaime Bonilla.
Para dejar en manos del también exdiputado la proveeduría de alimentos en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y Hospital General de Playas de Rosarito, autoridades de Isesalud ignoraron el interés de otros proveedores interesados en otorgar ese servicio.
Por el contrato No. Isesalud-Servicio-Alimentación-Personas-HGPR-HGTE-HMI-275/2020, vigente de abril a diciembre de 2020, el funcionario facturó 9.1 millones de pesos, al tiempo que cobró un sueldo mensual de 41 mil pesos como subsecretario de administración de Oficialía Mayor.
Contrato asignado a funcionario de Oficialía Mayor de Baja California.
El contrato de 2020 no fue el primero asignado por el gobierno de Baja California a Bribiesca. En 2019, cuando era diputado local, entró a la lista de proveedores del estado; ese año logró firmar un acuerdo de 4 millones 299 mil 914 pesos por el servicio de alimentación para el Hospital Materno Infantil de Mexicali y al menos durante 10 meses del 2020 cobró como funcionario de Oficialía Mayor y como proveedor de Isesalud, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Este acuerdo, al igual que el primero que obtuvo con Isesalud en 2019, fueron otorgados mediante adjudicación directa, es decir, un método en el que el proveedor es seleccionado sin tener que participar en ningún tipo de concurso.
Se buscó en reiteradas ocasiones a José Luis Bribiesca Alcolea para preguntarle sobre este contrato múltiple, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no estuvo disponible para una entrevista.
Cotizaciones a modo
En marzo de 2020, el Isesalud publicó en su portal una convocatoria inusual: una contratación para brindar el servicio de alimentación de personas del Hospital Materno Infantil de Mexicali, el Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito. Esta sería una proveeduría conjunta que incluiría a las tres unidades médicas. Alrededor de 20 días después, José Luis Bribiesca Alcolea, entonces Asesor de Enlace y Seguimiento de Oficial Mayor de Gobierno de Baja California, obtuvo ese único contrato múltiple que adjudicó el organismo de salud.
Reynaldo Zavala suministró alimentos en el Hospital General de Tecate durante 2019 y el primer trimestre de 2020, pero cuando leyó la nueva convocatoria su interés de continuar con el servicio se vino abajo. Sus recursos no eran suficientes para surtir a tres hospitales. “Es como una traba que te tengan que obligar a que lo des a los tres -el servicio de alimentación-, es para decir no le entro(sic) […] Yo dije debe ser para alguien que tenga la manera -la adjudicación del contrato-, que haya ahí cierto arreglo (sic)”, aseguró Zavala.
Hospital Materno Infantil de Mexicali, al año 18 mil pacientes se hospitalizan y 28 mil se atienden en la sala de urgencias de este nosocomio.
A pesar de ser una adjudicación directa, el Isesalud tenía que acreditar en el estudio de mercado la imparcialidad en el procedimiento de contratación, como lo establece el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
Además de la empresa propiedad de Bribiesca, la secretaría que encabeza Alonso Pérez Rico solicitó cotizaciones a otras tres empresas, todas asentadas en Mexicali y sin experiencia en la proveeduría de alimentos a hospitales, de acuerdo con entrevistas hechas a las demás firmas.
Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, fue quien firmó las solicitudes enviadas vía correo electrónico a: José Luis Bribiesca Alcolea (Brava Gastroindustria); Salones y jardines Arroyo Hondo, S.A. de C.V. (Restaurante Rancho Arroyo Hondo); Oroval, S.A. de C.V. (Restaurante Pancake House); y Mr. Pampas Mexicali, S.A. de C.V, según consta en las cotizaciones realizadas por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, obtenidas vía solicitud de Transparencia.
El primero en recibir la solicitud fue José Luis Bribiesca Alcolea. El documento llegó a su email el 18 de marzo de 2020, mientras que al resto de los posibles prestadores se les informó a finales de ese mes. Dos de ellos recibieron la notificación hasta la tarde del domingo 29 de marzo. De los cuatro proveedores, solo Bribiesca envió una cotización, de acuerdo con la información encontrada en la investigación de mercado presentada por el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, a cargo de Miguel Ángel Marín Cardone.
José Luis Bribiesca Alcolea (Foto: tomada de Internet)
El resto de las empresas nunca tuvieron oportunidad. “La prioridad de este negocio es la atención directa en restaurantes, no en hospitales. No teníamos experiencia en la elaboración de alimentos especializados para hospitales, por eso no atendimos la invitación”, explicó Alejandro Mendoza, encargado operativo de Pancake House, uno de los negocios convocados.
Para otros, la decisión de Isesalud estaba clara desde antes de mandar los correos de invitación. “Al mostrar interés por la convocatoria, las mismas autoridades de salud nos informaron que el contrato se otorgaría por adjudicación directa a un proveedor que ya había sido designado”, aseguró otro de los proveedores que ya había prestado el servicio con el que se quedó Bribiesca y que pidió se reservara su identidad.
La decisión del Instituto de otorgarle a Bribiesca un contrato millonario mediante el proceso de adjudicación directa por excepción se basó en el decreto del ejecutivo federal en materia de salubridad general por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVIS-19), publicado el 24 de marzo de 2020.
Incumplimiento en especificaciones de dieta hospitalaria
En Baja California cuatro de cada diez pobladores de escasos recursos se atienden a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El Hospital Materno Infantil en Mexicali, el Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito son tres de los principales centros que atienden a esta población. Tan solo en 2020, un promedio de 30 mil pacientes llegaron a estos pasillos.
En estas salas se realizan partos, pero también se atienden, principalmente, a pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades renales, hepáticas o cardiacas. Una dieta adecuada es clave en sus tratamientos.
“La alimentación es una necesidad primaria, toda vez que representa un factor importante para la recuperación de la salud de los pacientes, a quienes se les debe brindar una dieta adecuada”, así se asentó en el contrato firmado por Jorge Luis Bribiesca Alcolea y por el que obtuvo ganancias de más de nueve millones de pesos en tan solo un año.
El documento también describe los tipos de dieta que se tenían que elaborar, todo acorde a la patología de cada paciente atendido en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y el Hospital General de Playas de Rosarito. Además, Bribiesca se comprometió a proporcionar alimentos que cumplieran con las características de una dieta completa a los becarios y personal que, de acuerdo con su jornada laboral, así lo requiriera.
Lo que viene asentado en el convenio al parecer no está acorde con la realidad de los hospitales. Durante un recorrido realizado en los tres centros de salud que son atendidos por Brava Gastroindustria, tanto pacientes como personal médico calificaron los alimentos como de mala calidad, insuficientes e inadecuados.
El personal médico del hospital de Tecate aseguró que el proveedor incumple con la entrega de dieta especial para pacientes delicados, por lo que se han visto en la necesidad de hacer reclamos por el mal servicio.“Pido una dieta hiposódica, una dieta blanda y me llevan huevos con jamón, no corresponden las dietas a lo que el paciente requiere”, dijo un médico que solicitó anonimato.
Varios doctores e internos afirmaron que el menú que otorga la empresa de Bribiesca es insuficiente, poco variado e incluso algunos miembros del staff se han enfermado por consumirlo. La dieta del personal de salud consta, por lo general, de huevos y frijoles para el desayuno; birria o pollo acompañado de arroz y frijoles para la comida; y avena, quesadillas o sándwich para la cena.
Además, sostuvieron que el proveedor no complementa la dieta con fruta y las bebidas que ofrece no son de frutas naturales, sino elaboradas con saborizantes artificiales, lo que incumple el manifiesto de cumplimiento de la Ley General de Salud, normas oficiales y conocimiento del servicio, firmado por el mismo José Luis Bribiesca.
Brava Gastroindustria, empresa inexistente
En la exposición de motivos para favorecer a la empresa Brava Gastroindustria con un millonario convenio para la elaboración del menú en tres hospitales, Isesalud asentó la trayectoria de más de 12 años en el ramo de la gastronomía del proveedor.
Brava Gastroindustria, se promueve como empresa de servicio para banquetes.
Pero al buscar la fecha de su creación solo se encontró un aviso de funcionamiento expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y firmado por Brenda Arly Ávalos Campillo, esposa de José Luis Bribiesca.
Ahí se indica como fecha de inicio de operaciones de Brava Gastroindustria apenas el 13 de abril de 2016 y el Registro Federal de Contribuyentes con el que está enlistada es AACB8301251F3, el cual le pertenece a Brenda Arly Ávalos y no a la empresa como tal.
En este documento se inscribió el domicilio de la empresa en Bulevar Lázaro Cárdenas 2012, de la Colonia Plutarco Elías Calles, ubicación en donde opera la empresa Bimbo y en la cual los Bribiesca Ávalos ofrecían el servicio de expendio y suministro de alimentos.
Brava Gastroindustria, empresa con dos direcciones distintas, no se localizó en ninguna.
Sin embargo, como empresa carece de un domicilio público, además de no contar con Registro Federal de Contribuyentes ni estar dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con una búsqueda hecha en diferentes portales oficiales e información entregada por solicitudes de información.
Brava Gastroindustria tampoco está en el padrón de proveedores de Isesalud ni en el de la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California. Ante una solicitud de información vía transparencia, las autoridades de Isesalud se declararon incompetentes para proporcionar copia del alta de registro en el padrón de proveedores de José Luis Bribiesca Alcolea o su empresa.
Aunque en el registro expedido por Cofepris viene una supuesta dirección, en los contratos que Brava Gastroindustria obtuvo durante el 2019 y 2020 con el gobierno de Baja California, este dato es diferente: Avenida Retorno Anáhuac, número 992, Colonia Jardines del Lago, C.P. 21330, en la ciudad de Mexicali, Baja California, ahí deberían encontrarse sus oficinas.
Pero este domicilio corresponde a una vivienda en la que habitan la madre y el hermano del joven político, Rodolfo Iván Bribiesca Alcolea. Durante una visita hecha a la casa, Rodolfo Iván aseguró que ahí nunca ha operado negocio alguno, pero otorgó otro domicilio en el que se encontraba su hermano José Luis.
En la dirección proporcionada por Rodolfo Iván se encontró a Brenda Arly Ávalos, esposa de Bribiesca, y se le preguntó sobre la ubicación real del domicilio de la empresa, pero se negó a responder.
Para la firma de los contratos millonarios con el gobierno del estado se asentó el Registro Federal de Contribuyente BIAL-820719-HK5, el cual corresponde a José Luis Bribiesca Alcolea pero que es distinto al RFC registrado por Cofepris.
Corta carrera política y empresarial
José Luis Bribiesca Alcolea nació el 19 de julio de 1982 y, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, no ha concluido su preparación universitaria. Bribiesca, con matrícula No. 001/60151, solo cubrió 363 de un total de 381 créditos de la carrera de Administración de Empresas.
Su carrera como político comenzó en 2016, año en el que fue elegido como suplente del diputado electo Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California (PEBC), quien estuvo en este cargo de 2016 a 2019.
De acuerdo con lo asentado en el documento de Cofepris, en 2016 también comenzó su camino empresarial con la creación de Brava Gastroindustria y el 28 de marzo de 2019, aún siendo diputado suplente, su empresa obtuvo el contrato con número DAD-CONFED-ISESALUD-13/19, con el objetivo de brindar el servicio de alimentación para personas para el Hospital Materno Infantil de Mexicali, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019. Por ese primer convenio facturó un cobro de 4 millones 299 mil 914 pesos.
Proveedor y funcionario del gobierno de Bonilla
Con un contrato aún vigente como proveedor de servicios de Isesalud, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Bribiesca Alcolea asumió el puesto de coordinador ejecutivo en Oficialía Mayor, cargo por el que percibió una remuneración de 24 mil 082 pesos.
En su declaración patrimonial de servidores públicos, presentada el 8 de febrero de 2020, además de su sueldo como funcionario, Bribiesca reportó un ingreso mensual de 400 mil pesos por su negocio de comedores industriales. Pero no reportó ingresos de su cónyuge, aun cuando su esposa Brenda Arly Ávalos Campillo ingresó a laborar a Isesalud el 1 de enero de ese año.
Sin importar que Bribiesca ya tenía un cargo público en la administración estatal, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California y titular de Isesalud, autorizó la ampliación por tres meses más del contrato adjudicado a Bribiesca en 2019, manteniéndolo vigente hasta el 31 de marzo de 2020.
No solo eso, el 14 de abril de 2020, en pleno periodo de pandemia, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a través de Isesalud asignó un nuevo convenio a José Luis Bribiesca Alcolea. De nuevo la adjudicación se entregó sin licitación y fue por un monto máximo de 8.4 millones de pesos sin IVA, en un periodo que comprendió del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020.
Además de seguir como proveedor de alimentos del Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), Bribiesca logró ampliar sus servicios de alimentación al Hospital General de Playas de Rosarito (HGPR) y el Hospital General de Tecate (HGT).
En total, durante 2020 Bribiesca Alcolea facturó cobros a Isesalud por un total de 9 millones, 103 mil 963 pesos, IVA incluido, de acuerdo con la suma de las facturas obtenidas vía transparencia.
A mediados de 2020, José Luis Bribiesca fue ascendido a Subsecretario de Administración de Oficialía Mayor (OM), y con esto su sueldo subió a 40 mil 962 pesos.
En su nuevo cargo tuvo la responsabilidad de asesorar a las unidades administrativas de la OM, “en la aplicación de la normatividad que regula los procesos administrativos, con oportunidad cuando se solicite, asegurando el apego a los lineamientos establecidos en la materia”, se lee en la descripción de ese cargo del que fue titular hasta octubre de 2020.
Contratos de Bribiesca, al margen de la Ley
Mediante un documento manifiesto, José Luis Bribiesca aceptó ser funcionario del gobierno estatal al momento de obtener su segundo contrato con Isesalud, pero esta confirmación no es suficiente para solventar el conflicto de interés, aseguran los especialistas. Incluso en algunos casos las irregularidades del proceso de contratación encuadran en delitos penales, explicó Humberto Zurita López, consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California.
“Puede existir conflicto de interés y tráfico de influencias, incluyendo asociación delictuosa o coalición de servidores públicos, faltas administrativas que se pueden convertir en delitos de corrupción que maneja el Código Penal”, expuso.
Además, el consejero ciudadano consideró que, con todo y contingencia de salud, no existe justificación para asignar el servicio de alimentación a hospitales a una empresa de un servidor público y sin licitar. “La contingencia no excluye el cumplir con la Ley ni justifica incumplirla”.
Otra irregularidad observada por Zurita López fue la invitación enviada a proveedores en un día inhábil, acto administrativo que debió acreditarse y justificarse en el contrato, pero no se localizó en el documento.
Como servidor público, José Luis Bribiesca Alcolea debió separarse de su empresa o no continuar como proveedor de Isesalud. “Eso sería lo ético”, subrayó Vicente Sánchez Munguía, Investigador del departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Sánchez Munguía apuntó que los funcionarios que participaron en la asignación del contrato a Bribiesca, sí incurrieron en responsabilidad, al ser los encargados de aplicar y actuar conforme a la Ley, lo que podría hacerlos acreedores a sanciones de tipo administrativo. “Depende del daño o perjuicio, las sanciones irían desde la separación del cargo, y la amonestación, hasta la inhabilitación, pasando por multas reparatorias en el orden administrativo”.
Facturas cobradas por José Luis Bribiesca.
Aunque Bribiesca Alcolea admitió ostentar un cargo como servidor público en la Oficialía Mayor del gobierno del estado de Baja California, y tener un contrato vigente “celebrado entre la empresa Brava Gastroindustria (de la cual soy propietario) y el Isesalud”, el joven político consideró en un manifiesto que “no existe conflicto de intereses para seguir prestando el servicio a ese instituto, en términos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Dicho apartado indica que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en obligaciones como:
“Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión”.
La Ley de Responsabilidades Administrativas, en su capítulo II, referente a principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, establece que éstos no deben utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros.
El hecho de que Bribiesca reconociera en un manifiesto ser funcionario de gobierno, no asegura que no contara con datos que los demás proveedores no tenían. “Como funcionario de primer nivel de Oficialia Mayor, José Luis Bribiesca Alcolea pudo contar con información privilegiada que pudo aprovechar para obtener el contrato múltiple de adjudicación directa […] todavía se tiene que investigar”, aseguró Vicenta Espinosa Martínez, ex secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, al ser entrevistada el último día de su cargo, al que renunció para ir en busca de una candidatura en el proceso electoral local a realizarse este 2021.
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Hospital General de Playas de Rosarito, al año un promedio de 8 mil pacientes se hospitalizan aquí.
La ahora ex funcionaria anotó que en este tipo de contratos se debe privilegiar la licitación, para que el proceso de adjudicación sea más transparente. “Y si no lo hicieron estamos hablando de una preferencia directa bien clara”, reiteró.
Vicenta Espinosa dijo que, de corroborarse que Bribiesca Alcolea utilizó su posición de funcionario para obtener un contrato múltiple de servicios, podría hacerse acreedor a sanciones que van desde una amonestación, inhabilitación y una suspensión, dependiendo del grado de la responsabilidad.
Además, adelantó que, a partir de abril, el contrato adjudicado a Bribiesca, al igual que todos los adjudicados durante la contingencia de salud derivada del covid-19, van a ser objeto de auditorías especiales por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión será para verificar el uso correcto de los recursos públicos, particularmente del Insabi y comprobar que no que se abusó de la pandemia adquiriendo o adjudicando contratos de bienes y servicios que pudieron realizarse a través de un procedimiento normal y no bajo el amparo del decreto presentado por el Ejecutivo Federal el 27 de marzo.
Por su parte, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud y director general de Isesalud en Baja California, dijo desconocer el contrato múltiple que le fue otorgado a José Luis Bribiesca Alcolea, siendo funcionario de gobierno.“Al final de cuentas yo no contrato, no reviso proveedores, esa no es mi función directa, cada quien tiene su función en la Secretaría de Salud y ya me viera yo viendo un contrato de 6 mil proveedores que tenemos”, dijo Pérez Rico.
Sin embargo, se comprometió a revisar el caso para determinar si la adjudicación del contrato millonario fue o no regular. “Hay que revisarlo y sancionar a quien se tenga que sancionar, si hizo mal, si se contrató mal”, aseguró.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
El ayuntamiento de Atlixco destinaría hasta 287 mil 865 pesos para la compra de gomitas fortificadas con aminoácidos, zinc y vitaminas, las cuales serían entregadas al sistema municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El contrato fue entregado a “Proveedora LITHO S.A. de C.V.” y éste abarca del 8 al 13 de abril de 2020, según el documento identificado como CMADJ-029-2020 publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En el escrito se detalla que la empresa podría entregar 9 mil 600 bolsas de 40 gramos con gomitas y a cambio se le pagaría al menos 115 mil 146.24 pesos, pero se podrían solicitar hasta 24 mil bolsas a cambio de 287 mil 865.60 pesos.
La gestión encabezada por el panista, Guillermo Velázquez Gutiérrez, indicó que el contrato se generó gracias a los recursos propios del municipio. Isaac Benítez Solís fue quien representó a la compañía.
“Proveedora LITHO S.A. de C.V.” fue constituida en la capital poblana el 23 de julio de 2019 en la notaría pública 11, encabezada por el abogado, Cesar José Sotomayor Sánchez.
La empresa fue seleccionada después de una invitación a tres compañías. Las otras participantes fueron: “Comercializadora y Distribuidora Zaroc S.A. de C.V.” y “Fran & Gom S.A. de C.V.” quienes hicieron propuestas, pero con montos más elevados de 292 mil 320 y 334 mil 80 pesos, respectivamente.
Durante el segundo trimestre del 2020, el ayuntamiento de Atlixco publicó 41 diferentes contratos en la PNT, generados a través de procesos de invitaciones a tres proveedores como el antes referido.
De acuerdo con una revisión realizada por este medio, los precios de gomitas con vitaminas varían, sin embargo, no se encontraron con las características del contrato. En algunas farmacias se promocionan frascos de “Vitamina C Kids 60 Gomitas Marca del Ahorro” por 79 pesos, siendo éstas algunas de las más económicas.
También hay otras como “DFN Gummies”, “Flor De Jaguar 60 Gomitas 180 gramos” con un precio especial en línea de 297.45 pesos, aunque su valor normal es de 330.50 pesos y según su descripción son “gomitas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico para prevenir y combatir enfermedades, con vitaminas y minerales, probióticos, prebióticos y pulpa de guayaba, sin azúcar y sin conservadores”.
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