La Fundación Directorio Legislativo (DL) presentó su segundo Balance Legislativo para el Congreso de México, cubriendo el período que va entre 1° de septiembre de 2022 y el 30 de abril de 2023.
Según el informe, existen tres puntos claves que permiten entender el contexto legislativo durante el periodo analizado, bajo la presidencia de López Obrador. Por un lado, un cambio en la estrategia legislativa del oficialismo, que, si buen cuenta con una mayoría de escaños en Diputados y en el Senado, que le permite aprobar una ley ordinaria, no logra lo mismo con las reformas constitucionales que son, al momento, la principal carta de bloqueo para la oposición. Es por ello que el oficialismo optó, entonces, por transformar los proyectos de reforma constitucional originales en paquetes de reformas de leyes ordinarias. Por otro lado, el rol del Poder Judicial en el proceso legislativo ya que, dada la forma en que estas reformas fueron finalmente aprobadas, era esperable que su validez terminara siendo dirimida en el ámbito judicial. Por último, el Congreso y el destino de los organismos autónomos, como un tercer punto para comprender el contexto. Es que, desde su llegada al poder, AMLO ha cuestionado el rol y pertinencia de organismos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, sus intentos por avanzar en una reestructuración se enfrentaron a una barrera por ahora infranqueable, vinculada a la necesidad de reformar la Constitución Política.
El Congreso mexicano en números, durante el período legislativo 2022-2023
Al 30 de abril, las Cámaras del Congreso celebraron un total de 135 sesiones, levemente por encima de la marca registrada en los dos años previos. La comparación interanual permite ver que la actividad legislativa se distribuye en forma similar a lo largo del año.
A su vez, ingresaron al Congreso 2763 nuevas iniciativas, de las cuales 71 fueron aprobadas en el transcurso del mismo año legislativo – 82% corresponde a proyectos de ley secundaria, 11% a reformas constitucionales y 6% a propuestas de otro tipo-. Dos de cada tres iniciativas aprobadas fueron promovidas por el oficialismo.
Las Cámaras dictaminaron casi 1100 iniciativas, de las cuales 14,5% fueron despachadas con dictamen positivo y 85,5% con dictamen de rechazo o negativo. Las iniciativas aprobadas establecen, mayormente, regulaciones en materia legislativa, laboral, de justicia, hacienda pública, desarrollo social y educación.
El 41% de los 79 decretos aprobados por el Congreso demoraron un año o menos en completar su tratamiento legislativo, 20% entre 1 y 2 años; 18% entre 3 y 4 años, mientras que el 20% restante demoró 4 años o más.
El oficialismo tuvo primacía en la configuración de la agenda legislativa. El 55% de las leyes secundarias y reformas constitucionales aprobadas entre 2021 y 2023 (es decir, durante la Legislatura LXV) fueron impulsadas por grupos parlamentarios oficialistas o por el Poder Ejecutivo, mientras que el 15% fueron de iniciativa mixta. En síntesis, 7 de cada 10 leyes contaron con el apoyo de al menos un sector del oficialismo.
