
PUEBLA, PUE.— El Gobierno de Puebla ha anunciado el inicio de la instalación de un sistema de videovigilancia en el segundo piso de la autopista México-Puebla y en los tramos bajo su jurisdicción, una medida que se toma ante la falta de autorización por parte de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para el proyecto integral que abarca la vía federal.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, esta decisión responde a una instrucción directa del gobernador Alejandro Armenta, quien ha priorizado el combate al robo a transportistas y automovilistas en esta importante arteria vial.
El proyecto estatal contempla una licitación pública para la colocación de un primer paquete de 100 cámaras en un tramo de 13.3 kilómetros, que incluye el segundo piso y la parte inferior de la autopista en zonas de competencia del estado. Esta inversión, que forma parte de una estrategia para fortalecer los corredores logísticos, busca mitigar los altos índices de asaltos que se han reportado en la región.
Sánchez González precisó que el plan inicial, propuesto a CAPUFE, consideraba la instalación de 218 cámaras en 60 puntos estratégicos del tramo que va desde Santa Rita Tlahuapan hasta Esperanza, pero este proyecto se mantiene en pausa debido a la ausencia de los permisos federales. A pesar de ello, el funcionario indicó que el estatus de la gestión con CAPUFE «está más avanzado de lo que pensábamos».

La inversión estimada para este sistema de videovigilancia es de aproximadamente 200 millones de pesos. Además, como parte de las acciones para reforzar la seguridad, el gobierno estatal anunció la adquisición de 50 nuevas torres de vigilancia, mil alarmas vecinales y tres mil 800 cámaras corporales para elementos policiacos. Hasta la fecha, ya se han comprado 10 torres con una inversión de 41.9 millones de pesos.
Con este movimiento, el gobierno de Puebla busca no solo avanzar en la seguridad de los tramos que le competen, sino también enviar una señal de acción a la ciudadanía y al sector transportista, que ha sido el principal afectado por la delincuencia en esta ruta crítica.
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