SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.- Un Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa contra 12 personas, siete hombres y cinco mujeres, quienes fueron detenidas durante un cateo masivo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cuatro bares de San Martín Texmelucan. La decisión judicial se da en medio de un clima de tensión, ya que familiares de los arrestados bloquearon la autopista México-Puebla el pasado sábado para exigir su liberación.
El operativo, que contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), resultó en la detención de 69 personas. La FGE informó que los inmuebles eran utilizados como centros de operación para actividades delictivas relacionadas con el narcomenudeo. Durante la inspección, se aseguraron diversas dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana.
Liberación de 57 detenidos y exigencia de justicia
Tras un análisis individualizado de cada caso, el Ministerio Público determinó que 57 de los 69 detenidos no tenían participación directa en los delitos investigados, por lo que fueron liberados en estricto apego a la presunción de inocencia. Sin embargo, el juez calificó de legal la detención de las 12 personas restantes y les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, a la espera de que se resuelva su situación jurídica el próximo viernes.
Las detenciones en bares de San Martín Texmelucan son el reflejo que utilizan estos establecimientos como puntos de venta y distribución de drogas. Este tipo de operativos, aunque necesarios para combatir la delincuencia, a menudo desatan conflictos sociales y generan un debate sobre el debido proceso y los derechos de los detenidos.
Por lo que la reacción de los familiares de los ahora procesados no se hizo esperar. Argumentando un presunto abuso de autoridad, el pasado sábado, decidieron bloquear la autopista México-Puebla, afectando el flujo vehicular en una de las arterias más importantes del país. La protesta evidenció la frustración y el descontento de las comunidades locales frente a las acciones de las autoridades, aunque también generó el rechazo de los automovilistas y transportistas afectados.
La Fiscalía General del Estado ha refrendado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la protección de la población, afirmando que sus actuaciones se realizaron con estricto apego a la ley. No obstante, la situación pone en relieve el delicado equilibrio entre la aplicación de la ley y la respuesta de la sociedad civil en una de las regiones más conflictivas del estado de Puebla.
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