CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – En un tono enérgico y frontal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, calificó de “cinismo descarado” las críticas de la oposición hacia su administración, señalando que los gobiernos anteriores convirtieron al estado en un “botín” mediante modelos de negocios privatizadores y obras suntuosas que hipotecaron el futuro de los poblanos.
El costo del «espejismo» de primer mundo
Durante su mensaje este 16 de diciembre, el mandatario estatal puso como ejemplo el Museo Internacional del Barroco y el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis. Sobre este último, reveló que la entidad carga con una deuda de 4 mil 300 millones de pesos que se extiende hasta el año 2037.
“Puebla no necesitaba un museo de 14 mil millones de pesos para demostrar que es de primer mundo”, sentenció Armenta, refiriéndose a que esos recursos hoy son urgentes en rubros críticos como la seguridad, salud y educación, especialmente en regiones que han sufrido el abandono histórico.
Limpieza de «cadenas de corrupción»
El gobernador enfatizó que su administración no busca la persecución política, pero tampoco será omisa ante el abuso de poder. Aseguró que se está trabajando para disolver las “cadenas de corrupción” que permitieron el crecimiento del robo de combustible y otros ilícitos bajo el amparo de complicidades, incluso a nivel municipal.
Puntos clave de la estrategia estatal:
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Negociación con empresarios: Se mantienen mesas de diálogo para ajustar los pagos de la deuda del CIS.
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Vía legal: El gobernador no descartó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si no se logran acuerdos justos para el patrimonio estatal.
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Combate a la inseguridad: Reiteró que el ordenamiento del estado es prioridad para frenar a los grupos delictivos que se fortalecieron en el pasado.
Esta postura de Armenta se suma a una serie de auditorías y revisiones que su equipo ha iniciado sobre los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público-Privadas (APP) heredadas de sexenios pasados. Históricamente, estas obras han sido cuestionadas por el sobrecosto y el impacto financiero a largo plazo que limita la capacidad de maniobra de los gobiernos municipales y estatales.
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