En los últimos días, la diputada local por el distrito de San Martín Texmelucan, Guadalupe Yamak Taja, ha generado un debate al presentar un exhorto dirigido a los ayuntamientos de la entidad para que no contraten espacios publicitarios en medios de comunicación cuyos integrantes figuren en el Catálogo de Sujetos Sancionados por Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género.
A primera vista, esta medida podría parecer un avance en la lucha contra la violencia de género, especialmente en el ámbito político, donde las mujeres han enfrentado históricamente ataques y discriminación.
Sin embargo, al analizar con detenimiento las motivaciones y consecuencias de esta iniciativa, surge una preocupante realidad: el uso estratégico de una herramienta diseñada para proteger a las mujeres como un instrumento de censura y represión contra la crítica periodística.
Para el movimiento feminista, la sanción a quienes ejercen violencia política contra las mujeres es una demanda legítima y necesaria. Nadie puede negar la importancia de erradicar prácticas que menoscaban la participación de las mujeres en la vida pública.
No obstante, cuando una figura política utiliza este mecanismo para silenciar a sus críticos, no solo desvirtúa el propósito original de la ley, sino que también socava la lucha por la igualdad de género. En el caso de la diputada Guadalupe Yamak, resulta evidente que su exhorto no busca proteger a las mujeres, sino castigar a quienes han cuestionado su desempeño como funcionaria y política.
Quien escribe esta columna ha sido testigo directo de las tácticas de censura empleadas por la diputada. Durante el pasado proceso electoral, se denunció la existencia de una bodega con calentadores y despensas que, presuntamente, serían utilizadas para la compra de votos. Al hacer pública esta información, se recibió una respuesta inmediata: la expulsión de los grupos de WhatsApp controlados por su equipo. Este hecho, lejos de ser aislado, refleja un patrón de comportamiento en el que la crítica es percibida como una amenaza y, por tanto, silenciada.
Ahora, bajo el pretexto de combatir la violencia política de género, la diputada Yamak busca que sus críticos sean incluidos en el catálogo de sancionados, lo que no solo mancha su reputación, sino que también les impide acceder a convenios publicitarios con los gobiernos municipales.
En un contexto como el mexicano, donde más del 90% de sus ingresos dependen de la publicidad gubernamental, esta medida equivale a una sentencia de muerte para la libertad de expresión.
Los periodistas y comunicadores que ejerzan su derecho a cuestionar a la diputada se verán obligados a autocensurarse, temerosos de ser etiquetados como «violentadores» y luego, perder un convenio publicitario.
Lo más preocupante es que esta estrategia no solo afecta a los medios de comunicación, sino que también desvirtúa el concepto de violencia política en razón de género. ¿Es violencia de género señalar que la diputada perdió los plebiscitos en San Martín Texmelucan? ¿Lo es cuestionar su nepotismo al tener familiares en cargos públicos? ¿O denunciar la presunta compra de votos con despensas y calentadores? Bajo la lógica de Guadalupe Yamak, cualquier crítica a su gestión podría ser interpretada como un acto de violencia, lo que convierte a esta herramienta en un arma de doble filo que coarta el debate público y debilita la democracia.
La violencia política en razón de género es un problema real y urgente que debe ser abordado con seriedad y compromiso. Sin embargo, cuando figuras públicas como Guadalupe Yamak utilizan este concepto para censurar a sus críticos, no solo traicionan la causa feminista, sino que también perpetúan un sistema en el que el poder se ejerce sin rendición de cuentas. La lucha por la igualdad de género no puede convertirse en un escudo para proteger a quienes buscan eludir la crítica y el escrutinio público.
En un momento en el que la libertad de expresión enfrenta crecientes amenazas, es fundamental defender el derecho de los medios de comunicación a ejercer su labor sin temor a represalias. La diputada Guadalupe Yamak debe entender que su papel como representante popular no la exime de la crítica, sino que la obliga a actuar con transparencia y responsabilidad; Mas como diputada morenista, su máxima debe de ser No Robar, No Mentir y No Traicionar.
Utilizar la violencia política de género como un garrote contra la prensa no solo es antidemocrático, sino que también representa un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres.
En lugar de censurar, debería enfocarse en demostrar con hechos que su gestión está a la altura del humanismo mexicano de AMLO y de la Prosperidad Compartida de Claudia Sheinbaum, pero principalmente de las expectativas de quienes la eligieron. Solo así podrá honrar el verdadero espíritu de la lucha contra la violencia de género: construir una sociedad más justa e igualitaria, no solo para las mujeres, sino para todos.
