Pedro Alonso
Huejotzingo, Pue.- Después de tres años y medio de búsqueda de Jorge, ya fue localizado pero sin vida, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante pruebas de ADN, lo identificaron, a pesar de que sus padres ya habían solicitado que investigaran en la fosa clandestina en Santa María Nepopualco, donde fue encontrado el cuerpo del delegado de Gobernación Tinoco y otros restos humanos más.
Eladio y María, integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, culminaron su búsqueda el pasado 26 de enero, así lo dio a conocer el Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, en su cuenta de Twitter.
Y es que Jorge, de 33 años, desapareció en Santa Ana Xalmimilulco el 27 de junio de 2019 luego de que fue levantado por hombres encapuchados afuera de un negocio de compra y venta de chatarra.
Así mismo se sabe, que tras darse a conocer la noticia, en julio del 2019 de que el cuerpo del delegado de gobernación estatal, quien también fue levantado en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad de Santa María Tianguistengo, junto con otros cuerpos más, integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, solicitó la realización de pruebas genéticas para identificar los cuerpos.
Pero las autoridades de la Fiscalía General del Estado, actuaron de manera “selectiva y discriminatoria” porque la mayoría de los cuerpos ubicados en ese momento no fueron identificados, así lo dieron a conocer el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, de la IBERO Puebla.
Agregaron en el comunicado que en ese mismo año, “la Fiscalía no atendió el llamado del Colectivo de priorizar la búsqueda e identificación de las personas halladas.
Incluso le fue negada a la familia de Jorge la solicitud de verificar su perfil genético con el resto de los cuerpos encontrados en la fosa de Huejotzingo bajo el argumento de que su media filiación no tenía correspondencia con los mismos. Por eso, lamentablemente su cuerpo fue enviado a la fosa común donde permaneció sin identificar durante casi cuatro años”.
De ahí que enfatizaron que tanto la Fiscalía General de la República y como la del estado, deben de cumplir con la instalación del Banco Nacional y Estatal de Datos Forenses que ordenan las leyes en la materia. Esta omisión persistente representa una deuda del Estado con las familias de personas desaparecidas para poder garantizar los procesos de identificación.
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