En un operativo coordinado, las fuerzas de seguridad desinstalaron 89 cámaras que, además de ser ilegales, presuntamente eran utilizadas por grupos delictivos para monitorear a las autoridades. La acción se enmarca en un esfuerzo nacional para combatir el espionaje criminal.
En un operativo conjunto que incluyó a la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como a la Policía Estatal y Municipal, se logró desmantelar una red de videovigilancia no autorizada en el municipio de Cuautlancingo. La acción resultó en la desinstalación de 89 cámaras de seguridad que se encontraban instaladas en infraestructura de gobierno federal y estatal.
Los equipos de videovigilancia fueron retirados debido a que violaban múltiples leyes y normativas. Entre las infracciones detectadas se encuentran la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la invasión de la competencia en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal.
Contexto: El uso de cámaras por la delincuencia organizada
El desmantelamiento de esta red de cámaras se enmarca en un operativo de mayor alcance a nivel nacional. Las autoridades han manifestado su preocupación por el uso de este tipo de dispositivos por parte de grupos delictivos. Se tiene conocimiento de que estos sistemas son utilizados para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad, lo que facilita la comisión de delitos de alto impacto como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
La acción coordinada de las fuerzas del orden busca preservar la legalidad, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger la privacidad de las personas. La presencia de cámaras clandestinas no solo representa una violación a la privacidad, sino que también pone en riesgo la efectividad de las operaciones de seguridad pública.
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