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Insight Crime

Postularse a un cargo de elección popular en México es una actividad de alto riesgo. Pocos días antes de las elecciones locales del 6 de junio, habían sido asesinados al menos 89 candidatos políticos durante la actual campaña.

Según un informe actualizado sobre violencia política en México, realizado por el grupo de análisis de riesgos Etellekt, en la campaña de 2021 se han registrado 782 actos de violencia tanto contra candidatos en busca de reelección como contra sus opositores, lo que supera el récord de 774 en 2018.

El estado de Veracruz, al este del país, ha sido el epicentro de esta crisis. Desde septiembre, se han registrado allí 117 actos de violencia, lo que incluye el asesinato de 16 políticos (casi la quinta parte del total de muertes), pese a ser el octavo estado más violento del país en términos del total de homicidios. Oaxaca tiene el segundo mayor número de ataques con 68, casi la mitad de Veracruz.

En este artículo, InSight Crime analiza por qué Veracruz ha sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por intimidar o asesinar políticos.

La mano invisible del CJNG
El 16 de mayo, se encontró el cuerpo de José Alfredo Gaspar Gutiérrez en un basural. Había sido secuestrado tres días antes. Tenía señales de tortura.

Gutiérrez estaba en campaña por la alcaldía de Misantla, una población de unas 30.000 personas en el centro de Veracruz. Esta población tiene una ubicación estratégica para el tráfico y la producción de narcóticos, a poca distancia en auto de la capital del estado, y cerca de autopistas en dirección norte, hacia Tampico y la frontera con Estados Unidos.

La ciudad está controlada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene allí una instalación de producción para la elaboración de metanfetaminas, según una investigación de Televisa.

Desde allí, las drogas se despachan hacia el puerto de Veracruz para su venta en el exterior, o bien directamente hacia Estados Unidos.

El CJNG parece tener especial interés en mantener el control de Misantla. Después de que se denunciara la muerte de tres miembros del grupo a manos de la policía en marzo de 2019, otros de sus integrantes organizaron bloqueos a lo largo de la importante vía de Córdoba hacia Veracruz, quemaron camiones y dispararon contra la policía, dejando un saldo de al menos un muerto.

La ciudad se ganó a un alto precio. Misantla era anteriormente un centro de operaciones de importancia para Los Zetas, antes de que estos fueran expulsados de Veracruz por el CJNG de manera violenta.

Aunque nadie se ha atribuido la autoría del homicidio de Gutiérrez, varios homicidios ocurridos este año han sucedido en poblaciones controladas por el grupo.

En marzo, el candidato a la alcaldía José Melquiades Vázquez Lucas fue asesinado a las afueras de un edificio municipal en La Perla, Veracruz. El gobernador del estado culpó de la muerte al crimen organizado, pues el CJNG tiene un amplio control en La Perla, donde incluso distribuyó paquetes con alimentos durante la pandemia del COVID-19.

En febrero, la exalcaldesa de Cosoleacaque Gladys Merlín y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien planeaba postularse para la alcaldía del municipio, fueron abaleadas en su casa. Como en el caso anterior, la zona ha sido base de operaciones del CJNG.

Y los criminales parecen tener poco temor a las represalias. Gran parte de la violencia ha incluido ataques sorpresa por parte de pistoleros enmascarados al volante de autos o motocicletas, quienes disparan a los políticos a plena luz del día.

Es difícil culpar de estas acciones al CJNG solamente. Veracruz se ha convertido en un campo de batalla en los últimos años, debido al conflicto entre el cartel más poderoso de México y Los Zetas Vieja Escuela, una disidencia de Los Zetas que intenta reclamar el territorio que controlaban.

El centro y sur de Veracruz, donde el CJNG y Los Zetas Vieja Escuela se han estado disputando el control, representa la abrumadora mayoría de homicidios de políticos. InSight Crime halló que, de los candidatos y funcionarios en campaña de reelección muertos en Veracruz desde 2019, todos fueron asesinados en ciudades con presencia directa registrada del CJNG, o cerca de las zonas bajo su control.

Mejor colaborar que morir
Por supuesto, como lo mostró el informe de Etellekt, la mayoría de los candidatos no son asesinados, sino más bien amenazados. Un candidato en el municipio de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, dijo que recibió mensajes en los que le advertían que se retirara de la contienda. En otros municipios, hombres enmascarados han disparado al frente de las casas de los candidatos.

“El crimen organizado ha tenido una influencia decisiva en el proceso electoral por medio de la violencia y las amenazas, hasta el punto de que muchos candidatos han dejado de hacer campaña o se han retirado”, declaró en un comunicado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado mes de mayo.

Y para quienes siguen en campaña, es obviamente provechoso cooperar con los grupos criminales en lugar de oponerse a ellos. Por largo tiempo, las autoridades han advertido sobre la influencia política que detentan el CJNG y otros grupos criminales en Veracruz.

«Hoy en día, la mayor parte [de Veracruz] está bajo el control del CJNG […]. Ellos tienen todos los comandantes de policía a su disposición y obviamente esta estructura va a financiar candidatos», dijo el investigador sobre el crimen Ricardo Ravelo en una entrevista con los medios mexicanos en abril pasado.

Sin nombrar a ningún funcionario en específico, grupos de derechos humanos y periodistas han señalado a los gobiernos locales de Coatzacoalcos, Papantla, Poza Rica, Las Choapas, Tezonapa y Córdoba de tener vínculos con el CJNG y grupos ligados a Los Zetas.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que se están tomando medidas para mejorar la seguridad, incluido el fortalecimiento de la vigilancia en las jurisdicciones que celebran elecciones. Pero hay 212 alcaldías que serán tomadas en Veracruz en estas elecciones de mitad de mandato, además de 50 diputados, y se está viendo que es prácticamente imposible protegerlos a todos.

Es más, a menos de una semana del pronunciamiento de García Jiménez sobre la violencia, enmascarados en Chalma emboscaron al candidato a la alcaldía Fernando Argüelles, y lo golpearon tanto que él y su conductor debieron ser llevados al hospital.

Veracruz, objetivo primordial del crimen
Cuando los grupos criminales mexicanos persiguen a candidatos políticos, por lo general tratan de intimidarlos para que trabajen con ellos o, si eso no funciona, sacarlos de la contienda. Aunque eso está sucediendo en cierta medida en todos los estados del país, Veracruz es especialmente propicio para esto por diferentes razones.

En primer lugar, el estado tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para ejercer operaciones criminales. Es largo y estrecho, y toca otros siete estados que conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, contrabando y migrantes a Estados Unidos. Sus sólidas industrias de café y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y extorsión de residentes. Y sus puertos marítimos traen cargamentos internacionales de mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas sintéticas.

En segundo lugar, es corriente que grupos criminales y políticos hagan acuerdos a puerta cerrada para poder operar. El problema se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando la administración del entonces gobernador Fidel Herrera le permitió el ingreso al estado a un grupo criminal (que con el tiempo llegaría a convertirse en Los Zetas), si estos acordaban hacer contribuciones a las campañas de algunos candidatos.

Su sucesor, Javier Duarte, ayudó a cerrar nuevos acuerdos con Los Zetas y a obstruir numerosas investigaciones sobre homicidios y secuestros. Duarte, quien pasaría a ser un fugitivo de fama mundial, supervisó la destrucción sistemática del gobierno de Veracruz, hasta convertirlo en una operación criminal que, entre otras cosas, malversó millones de dólares.

Sus sucesores en la gobernación han intentado darle la vuelta a la corrupción, para lo cual han creado incluso una «Comisión de la Verdad» que documente los delitos cometidos durante las administraciones de Herrera y Duarte, a la vez que refuerzan la rendición de cuentas de los futuros gobiernos. Pero no han logrado erradicar el problema a nivel local, lo que lleva a que la policía municipal, entre otros servidores públicos, sigan trabajando de la mano de los grupos criminales. Eso podría explicar por qué la mayor parte de la violencia ha arrastrado a candidatos municipales. Los grupos criminales deben asegurarse de que quien llegue al poder esté dispuesto a mantener el estado de cosas.

En tercer lugar, años de corrupción han contribuido a fomentar la fragmentación política, lo que les facilita a los grupos criminales apoderarse de gobiernos débiles, y que los gobiernos busquen la ayuda de los grupos criminales.

Durante años, Veracruz fue una plaza fuerte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero desde la destitución de Duarte en 2016, la gobernación del estado ha rotado entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena. Los partidos están cada vez menos dispuestos a colaborar entre sí, lo que implica que se hayan fragmentado los diferentes ámbitos del gobierno y no siempre coordinen sus esfuerzos contra el crimen organizado.

En 2016, aunque el estado pasaba por una crisis presupuestal causada por el desfalco de Duarte, el gobierno federal rechazó darle auxilio financiero, pues adujo que el estado era responsable de su situación financiera. Mucho de ese dinero puedo haber reemplazado los millones de dólares que Duarte robó a los gobiernos municipales que los grupos criminales intentan intimidar hoy.

Lo peor es que estas luchas intestinas en la política ponen a los candidatos en mayor riesgo de ser atacados.

Es muy fácil culpar a los narcos
Sin embargo, aunque el análisis de los homicidios políticos en Veracruz apunta a una fuerte participación del CJNG, esa no es la historia completa.

De los 16 homicidios ocurridos en Veracruz, y registrados por Etellekt, 11 fueron de partidos opositores al gobierno estatal. Ocho eran opositores, no candidatos a reelección, y no tenían ningún cargo político al momento de su asesinato.

En un nuevo proyecto lanzado en junio de 2021, titulado «Elecciones y violencia en México», Noria Research busca entender mejor los motivos detrás de la violencia política. La introducción del proyecto declara que la mayoría de los estudios explican la violencia política y electoral exclusivamente «mediante un modelo de incentivo criminal», y dejan de lado «la participación activa o pasiva, la protección, la colaboración o el patrocinio de políticos […] fuerzas armadas, así como otros actores públicos o privados».

Es difícil señalar con exactitud por qué los homicidios en Veracruz fueron perpetrados exclusivamente por grupos criminales o cuál puede haber sido la participación de funcionarios del gobierno local.

Pero algunos de los muertos tenían conexiones familiares muy firmes con la política de Veracruz, que se extendía a varias décadas, administraciones y partidos políticos. Se han conocido muchas teorías sobre los homicidios, en febrero pasado, de Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, quien estaba contemplando lanzarse a las elecciones por la alcaldía local.

Los Merlín Alor habían tenido poder e influencia en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, durante décadas, a lo largo de las cuales ocuparon cargos políticos importantes, presidieron el sindicato local de ganaderos y fueron dueños de importantes empresas. Heliodoro Merlín Alor, padre y abuelo de las dos víctimas, era considerado un cacique, la cabeza de un grupo conocido como “La Banda de los Merlín». La familia ha soportado una serie de atentados y secuestros.

A lo largo de la historia, «los principales actores en la violencia electoral eran profesionales, peleadores callejeros, policías (sobre todo los municipales), activistas prosindicatos, pistoleros y soldados. Su función era garantizar la victoria del candidato favorito», como escribía Paul Gillingham en un compendio reciente sobre la violencia política en México.