La reforma laboral en materia de plataformas digitales en México representa un avance en la formalización del sector, pero no garantiza derechos fundamentales para las mujeres, especialmente en seguridad social, maternidad, atención a la violencia y trabajo de cuidados, según concluye un informe del consorcio UNIDAS.
El estudio Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales analiza los resultados de la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y señala la persistencia de barreras estructurales que afectan de manera desproporcionada a las trabajadoras.
Uno de los principales obstáculos es el acceso a la seguridad social. La afiliación está condicionada a alcanzar un ingreso mensual mínimo equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México, que en 2026 asciende a 9.558 pesos. No obstante, el denominado factor máximo de exclusión, un descuento aplicado por las plataformas antes de calcular el ingreso neto, eleva el umbral requerido y obliga a ampliar la jornada laboral para poder alcanzarlo.
Durante el último mes de la prueba piloto, solo dos de cada diez personas inscritas, unas 206.512, lograron superar ese umbral y acceder a la seguridad social. Aunque los datos oficiales no están desagregados por género, el informe anticipa una subrepresentación femenina, asociada a la carga de cuidados que limita la posibilidad de trabajar más horas o expone a las mujeres a horarios y rutas de mayor riesgo.
La violencia contra las trabajadoras constituye otro de los ejes críticos. Según una encuesta de UNIDAS, el 69,7% de las trabajadoras sufrió acoso o violencia por parte de usuarios, principalmente acoso verbal, insinuaciones sexuales, contacto físico no deseado e insultos por razones de género. Si bien la ley exige a las plataformas contar con mecanismos de atención, las denuncias suelen recibir respuestas automatizadas o recomendaciones de cancelar el servicio, lo que puede derivar en sanciones algorítmicas y pérdida de ingresos.
El informe también advierte sobre la penalización de la maternidad. Aunque la afiliación al IMSS reconoce el derecho a la protección maternal, el esquema vigente exige mantenerse activa para conservar la afiliación. La normativa establece que 30 días consecutivos sin actividad finalizan la relación laboral, lo que provoca la pérdida de aportes y servicios durante el embarazo avanzado y el posparto.
La gestión algorítmica es señalada como otro punto de conflicto. Más de la mitad de las personas encuestadas afirmó no haber recibido información sobre el funcionamiento de los algoritmos que asignan tareas y aplican sanciones. Durante el piloto, el 18,5% fue bloqueada temporalmente y menos de la mitad logró recuperar su cuenta. Para el 74%, el trabajo en plataformas constituye su única fuente de ingresos.
Ante este escenario, UNIDAS presentó recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS y las empresas de plataformas, entre ellas establecer un factor de exclusión diferenciado para mujeres, armonizar los criterios de maternidad entre la legislación laboral y los contratos, implementar protocolos obligatorios contra la violencia y garantizar transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica.
