-El organismo y la Secretaría de Seguridad Pública también apoyaron a este sector de la población con paquetes de higiene personal
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Como parte de la atención a las personas con discapacidad que están privadas de la libertad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) entregó 44 aparatos ortopédicos y 150 paquetes de higiene personal a hombres y mujeres que están en el Centro Penitenciario Puebla.
Los aparatos consisten en 10 bastones de apoyo, 10 bastones tetrápodo, ocho muletas convencionales, siete andaderas, seis sillas de ruedas, dos muletas canadienses y un bastón blanco.
En una entrega simbólica realizada en la sección femenil y en representación del secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, el subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Pérez Melchor, señaló que el Gobierno del Estado mejora, mediante esfuerzos interinstitucionales, las condiciones de reinserción social de las personas privadas de la libertad, a quienes hizo un llamado a que participen en las diferentes actividades y programas que ofrecen las autoridades.
En su intervención, la titular de la Unidad de Asistencia Social y Salud del SEDIF, Denisse Ortiz Pérez, resaltó el trabajo que a diario realiza el organismo a favor de las personas vulnerables, pues dijo que esa es la indicación del gobernador Miguel Barbosa Huerta y de la presidenta honoraria del Patronato, Rosario Orozco Caballero. En este sentido, anunció una jornada de salud en este centro penitenciario.
En tanto, la directora de Centros Penitenciarios de Puebla, María del Rayo Mendoza Farfán comentó que, con estos aparatos ortopédicos, el gobierno estatal mejora la calidad de vida de las personas recluidas y vela por sus derechos humanos.
Por su parte, la titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Vinculación Social, Cindy Jiménez Lozada detalló que los paquetes de higiene personal fueron posible gracias al trabajo conjunto que el organismo también realiza con la Secretaría de Salud; mientras que el director de Inclusión y Rehabilitación Social, Jorge Alberto Benítez Samaniego, enfatizó que con esta entrega se cumple con el compromiso de a atender a los sectores en situación vulnerable.
Finalmente, a nombre de las personas beneficiadas, el señor Alejandro N., agradeció al SEDIF y a la Secretaría de Seguridad Pública por el apoyo otorgado, luego de destacar que el actual gobierno atiende las necesidades de quienes están privadas de su libertad, a diferencia de las administraciones pasadas que los tenían abandonados.
-El gobernador señaló que continúa el desmantelamiento de grupos que buscan controlar el reclusorio
-Afirmó que el gobierno ejecuta acciones para erradicar los actos de corrupción que representan la instalación y operación de restaurantes
-Descartó que exista una manifestación por parte de familiares de las personas privadas de la libertad
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- De manera permanente, el gobierno estatal ejecuta acciones para garantizar el correcto y apto funcionamiento del Centro Penitenciario Puebla, así como para erradicar los actos de corrupción que se registran en este lugar, tal es el caso de la instalación y operación de restaurantes y tiendas, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Al ser cuestionado en la habitual videoconferencia de prensa sobre la supuesta inconformidad de familiares de personas privadas de la libertad, el mandatario descartó que exista una manifestación a las afueras de dicho reclusorio.
Barbosa Huerta sostuvo que las acciones que realiza su administración para proceder y fincar responsabilidades contra todas aquellas personas que de manera ilegal quieren controlar los centros penitenciarios de Puebla, así como contra las autoridades que lo permiten, no se detendrán.
Puntualizó que como parte de las estrategias para desmantelar a los grupos criminales que buscan controlar el Centro Penitenciario Puebla, fueron trasladadas nueve personas privadas de la libertad a otros penales estatales.
Cabe destacar que, derivado de las acciones desarrolladas para el correcto funcionamiento del reclusorio, la cocina de este lugar recibió el Distintivo “H” en noviembre pasado, el cual acredita la higiene total de esta área, así como del almacenamiento, elaboración y distribución de las tres comidas que se sirven al día a cada una de las personas privadas de la libertad.
Además, los alimentos se preparan con el aval de un nutriólogo, lo que garantiza una dieta balanceada para las más de 4 mil personas.
-El titular del Ejecutivo reiteró que en la entidad no hay impunidad, no se fabrican delitos y que será aplicado todo el peso de la ley por el caso del bebé fallecido que ingresaron al penal de San Miguel -Hay acciones permanentes para acabar con la corrupción en los Ceresos a cargo de la autoridad estatal
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Al destacar que en la entidad no hay impunidad y que será aplicado todo el peso de la ley por el caso del bebé fallecido que ingresaron al penal de San Miguel, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que su gobierno no está vinculado con la delincuencia como ocurrió con otras gestiones en el pasado y que responde con firmeza para combatir la inseguridad y regresar la paz a las familias poblanas.
En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario destacó que, como gobernador, asume decisiones para establecer mejores condiciones de funcionamiento en las dependencias, como lo es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Agregó que avanzan con firmeza y de manera transparente las investigaciones para esclarecer el caso del bebé fallecido que ingresó a dicho penal. En este sentido, recalcó que será aplicado todo el peso de la ley en contra de los responsables de ese hecho sin importar si son servidores públicos: “vamos a responder muy fuerte, en Puebla no se fabrican delitos, pero no se deja que la impunidad se instale”.
Sobre los Centros de Reinserción Social a cargo del estado, Barbosa Huerta comentó que su gobierno mantiene una inversión permanente para mejorar las condiciones en estos espacios y acabar con la corrupción. Asimismo, reiteró que hay revisiones constantes a directivos, custodios y personal que labora en los Ceresos con el fin de que su desempeño sea apegado a la legalidad y no estén vinculados con la delincuencia.
Puntualizó que su administración no permitirá que regresen prácticas del pasado donde grupos delictivos estaban protegidos y había privilegios para internos.
2 semanas después del hallazgo del cuerpo de Tadeo el gobierno de Puebla detiene a 19 personas
Activistas que trabajan por los derechos de la infancia demandaron que el caso sea atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR)
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche/LadoBe Actualización: la mañana del 25 de enero, el gobernador Miguel Barbosa aclaró que fueron 21 en realidad las personas detenidas por el caso, y no 19 como informó la Fiscalía del Estado.
El gobierno de Puebla tardó más de dos semanas en reaccionar luego de que fue hallado el cadáver de un bebé de tres meses en el basurero del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de San Miguel.
Horas después de que organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, como Redim o Reinserta, pidieron en rueda de prensa que el caso de Tadeo, como se llamaba el menor de edad, fuese atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la administración de Miguel Barbosa anunció la detención de 19 personas, entre ellos Jaime Mendoza Bon, encargado del penal.
El anuncio fue hecho por la Fiscalía General del Estado (FGE) pasadas las 16 horas: “la Fiscalía de Puebla solicitó, obtuvo y cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro Penitenciario, incluyendo niveles directivos. Los delitos por los que se investiga a las 19 personas, son: abuso de autoridad o incumplimiento de un deber; infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones; y encubrimiento”.
A la misma hora el gobierno del estado anunció que el gobernador Barbosa había nombrado a Daniel Iván Cruz Luna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en sustitución de Rogelio López Maya; y de Jorge Pérez Melchor como subsecretario de Centros Penitenciarios.
Condenan amenaza del gobernador
En la rueda de prensa, las organizaciones encabezadas por Reinserta recordaron que el pasado viernes el mandatario estatal amenazó veladamente a activistas y periodistas que han dado seguimiento al caso de Tadeo, a quienes acusó de hacerlo “con el ánimo de desgastar” y alertó a que tengan cuidado con su actuar.
Estas fueron sus palabras: “Vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta”.
Por ello, enviaron una carta a las y los legisladores federales de todos los partidos pidiendo que “ante la ambigüedad de las declaraciones del gobernador (…) exhorten al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que aclare, ¿de qué o de quién tenemos que cuidarnos?”
“Pero más importante aún, solicitamos la intervención de todas las fuerzas políticas para que se esclarezcan los hechos a la brevedad y se tomen todas las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir un hecho tan atroz”.
Redes de macrocriminalidad en el caso de Tadeo
Desde la óptica de las y los activistas, el caso de Tadeo ya salió de la esfera de lo local, pues involucra la comisión de delitos en dos entidades del país, la Ciudad de México, específicamente el cementerio de la alcaldía de Iztapalapa de donde fue extraído el cuerpo del bebé; y Puebla, donde fue hallado en la basura.
Al respecto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, sostuvo que hasta el momento las dos entidades federativas han mostrado “poca voluntad política y disposición para hacer una investigación eficiente y expedita en el caso de Tadeo”.
Y agregó que en el caso hay elementos que permiten considerar la intervención del crimen organizado, por lo que sería importante la intervención de la FGR.
“Recordemos que este caso, que es cruel y atroz, no es un caso aislado. Estamos en un contexto de deterioro de la vida institucional y social y con altísimos niveles de impunidad y redes de macrocriminalidad, es decir operadores criminales pero también de políticos corruptos y redes de poder”, dijo Pérez García.
Por su parte Paola Zavala Saeb, de la Organización Comunitaria por la Paz, puso el énfasis en lo que muestra el caso de Tadeo sobre lo que pasa al interior de las cárceles como la de Puebla, con condiciones que están lejos de servir como espacios de reinserción social.
“Las condiciones de hacinamiento en las cárceles, esta cárcel en particular tiene 103 por ciento de hacinamiento, tiene una capacidad para albergar poco más de 2 mil personas y tienen ahí a 4 mil. Esto quiere decir que las personas no tienen siquiera un lugar para dormir. Hay personas que duermen sentadas en los retretes o amarradas a los barrotes.
“No hay nada que divida a procesados y sentenciados. Alguien que robó unos rines puede estar con una persona que tiene homicidios, trata de personas. Esto genera un ambiente muy complicado con condiciones indignas. Son ambientes muy violentos, son lugares con días, años de olvido”.
Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, la organización que le dio visibilidad al hallazgo del cadáver del bebé, señaló también que el penal de San Miguel está entre los más peligrosos del país, con condiciones de autogobierno por parte de las personas internas.
Y criticó que desde hace meses el penal no cuenta con una persona en la Dirección formal, y solo tiene a un encargado de despacho, lo que habla del desinterés gubernamental por lo que sucede en ese lugar.
La Fiscalía General del Estado de Puebla, continúa obteniendo resultados de la investigación que realiza ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente tres meses de edad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel en la capital poblana.
Con los actos de investigación que ha desarrollado, la Fiscalía de Puebla solicitó, obtuvo y cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro Penitenciario, incluyendo niveles directivos.
Lo anterior, respecto a los hechos que se relacionan con la introducción del cuerpo del menor de edad.
Los delitos por los que se investiga a las 19 personas, son: abuso de autoridad o incumplimiento de un deber; infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones; y encubrimiento.
La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa la investigación integral que lleva a cabo, hasta esclarecer en su totalidad los hechos por los que inició diligencias desde el 10 de enero de 2022.
-El gobernador denunció que los centros de reinserción social instalados en el estado fueron olvidados por las pasadas administraciones
-Señaló que su gobierno supervisa e invierte recursos en estos lugares para su funcionamiento y para mantenerlos disciplinados
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Los penales instalados en Puebla (tres estatales, tres regionales y 14 distritales) representan un reto permanente para mantenerlos disciplinados y hacerlos funcionar; sin embargo, el Gobierno del Estado los supervisa, les invierte recursos y toma decisiones firmes ante posibles actos de corrupción.
Así lo sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta en la habitual videoconferencia de prensa, en la que denunció abandono de los centros penitenciarios por parte de las administraciones estatales anteriores, por lo que afirmó que su gobierno los atiende y vigila de manera permanente.
Admitió que así como existen personas privadas de su libertad interesadas en alcanzar la correcta reinserción social, existen otras que organizan actos delictivos desde el interior de los penales, que se cometen al exterior y al interior de los mismos.
El gobernador Barbosa Huerta también reconoció que se han presentado casos de mandos de los penales que llegan a corromperse por los intereses que ahí se manejan.
En ese sentido, apuntó que el gobierno estatal investiga cada señalamiento de corrupción en los penales, y procede legalmente en aquellos casos en los que se comprueban estas irregularidades.
Por último, el mandatario estatal señaló que el sistema penitenciario es un tema de preocupación para el Estado mexicano, de tal suerte que en Puebla existe una permanente vigilancia y atención a estos lugares.
Huejotzingo, Pue.- Instalaciones precarias y poco higiénicas, sobrepoblación, falta de división de internos procesados sentenciados, personal insuficiente, falta de médicos, psicólogos, entre otras deficiencias, detectó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) en el diagnóstico que en 2021 realizó sobre las cárceles de la entidad.
Realización de recorrido de supervisión; a cargo de visitadoras y visitadores adjuntos (En lo posterior “VA”), de la CDHP, en el que, se visita la totalidad de las áreas que integran los diferentes CERESOS, se verificaron aspectos tales como las condiciones de higiene, de seguridad y de custodia; asimismo, alimentación, educación, actividades recreativas, actividades laborales, entre otras.
CERESO de Huejotzingo, Puebla.
El 10 de agosto de 2021, personal de la CDHP, acudió a las instalaciones del CERESO de Huejotzingo, Puebla, con la finalidad de que la y los VA, realizaran una entrevista al Director de dicho centro; una visita a todas las áreas que componen el Centro visitado; y la realización de 28 encuestas a la población penitenciaria, que representa el 10% de las 278 PPLs que habitaban en el centro, al momento de la visita.
Cabe precisar que se obtuvo una participación voluntaria de 70 PPLs, en la contestación de las encuestas.
Las principales observaciones realizadas por las y los VA que llevaron a cabo la visita, consistieron en lo siguiente:
Al momento de la visita la y los VA, pudieron observar que los sanitarios no se encontraban en situaciones higiénicas; del mismo modo, los colchones en el área de visita íntima, se encontraban sucios.
Visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH de Puebla) en el penal de Huejotzingo
Aunado a lo anterior, cuando la y los VA realizaron el recorrido, se percataron de que en los dormitorios las PPLs, cuelgan ropa, sábanas y otros artículos de tela, que imposibilitaban la visibilidad en éstos, lo que podría generar actos que vulneren la seguridad del CERESO.
Del mismo modo, no se cuenta con un lugar apropiado para el resguardo de las herramientas utilizado por las PPLs en el desarrollo de sus actividades laborales, y no se cuentan con medidas de seguridad adecuadas.
Al momento de realizar el recorrido a las instalaciones la y los VA, pudieron detectar que existieron deficiencias en las condiciones generales de higiene, pues el olor en distintas áreas, resultaba desagradable.
Pedro Alonso
Huejotzingo, Pue.- El ayuntamiento presidido por Angélica Alvarado, es el gobierno que más recomendaciones ha recibido al comprobarse cuatro casos de violaciones de derechos humanos por sus autoridades y solo ha dado cumplimiento a una recomendación.
Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla terminará 2021 con 40 recomendaciones a autoridades que violaron garantías individuales, la cifra más alta en los últimos nueve años.
Por lo que en una revisión a los expedientes, se destaca el municipio de Huejotzingo, con cuatro recomendaciones las cuales obedecen al Cereso y a Seguridad Pública municipal, lo cual representa el 10 por ciento de los expedientes concluidos por la CDH.
Cabe señalar que la única recomendación que el gobierno de Angélica Alvarado, ha dado cumplimiento es la numero 09/2021, por la “Violación a la seguridad jurídica y legalidad en agravio de la sociedad”, la cual fue emitida el 30 de abril del presente.
En este sentido, el tema se deba a que Policías de Huejotzingo le dieron su calentadita a un detenido, el pasado 7 de diciembre de 2020, misma que, mediante determinación 28 de abril de 2021, el presidente de la CDH de Puebla acordó continuar de oficio.
Las siguientes recomendaciones han no han sido cumplidas por el gobierno municipal, en este sentido, es la numero 20/2021 la cual es por la “Violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida”, la cual fue publicada el 19 de julio del presente.
Se trata de un hecho ocurrido el 7 de enero de 2021, luego de que una persona tras ser detenida falleció dentro de la comandancia de Huejotzingo.
La tercera recomendación, con el número 34/2021 de se debe a la “Violación al derecho humano al trato digno emitida este 30 de noviembre.
El tema se debe a la queja iniciada de oficio luego de que se dio a conocer la violación contra una interna por parte del comandante del Cereso de Huejotzingo, hechos denunciados el pasado mes de julio de 2020.
Finalmente, la cuarta recomendación está bajo el número 35/2021, por la “Violación a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la vida”, misma que fue emitida el 30 de noviembre
Se trata de una queja que se hizo en favor de una persona que se encontraba privado de su libertad en el CERESO de Huejotzingo y que el mes de enero del 2019, había sido golpeado por otros internos, fue herido de gravedad.
Y aunque familiares solicitaron la atención médica oportuna, le fue negada, y tras varias peticiones y ante la gravedad, fue trasladado al hospital General de Huejotzingo, donde lo operaron por estallamiento de bazo.
Pero lo más grave fue que se documentó que en ocasiones anteriores, que había sido agredido sexualmente y físicamente, y que dicho conocimiento ya lo tenía el director del CERESO, y que no intervino para evitar dichas agresiones.
Todos estas violaciones que se cometieron y documentaron en Huejotzingo fueron documentadas también por los medios de comunicación, cuyos casos que se dieron a conocer en los momentos en que fueron denunciados por las víctimas o sus familiares.
-Fue detenido en flagrancia luego de que golpeara con un machete y un martillo a su pareja, además de lesionar a su hijo.
Los datos de prueba integrados a la Carpeta de Investigación a cargo del Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), permitieron ejercitar acción penal en contra de Leonardo N., por el delito de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas en victimización de su pareja y su hijo, respectivamente.
Esta determinación jurídica se desprende por los hechos ocurridos la mañana del 13 de abril, cuando elementos de la policía municipal de Apizaco fueron informados que en la colonia Ferrocarrilera, de esa demarcación, se suscitaba una riña.
Por lo que al trasladarse al lugar de los hechos, localizaron a un menor de edad quien discutía con el ahora imputado y a quien reconoció como su padre, mismo que momentos antes lesionó su mamá con un machete y un martillo al interior de su domicilio, mientras que a él lo golpeó en varias partes del cuerpo.
De esta manera al estar ante un señalamiento directo, Leonardo N., fue asegurado por elementos de la policía municipal y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, quien ejercitó acción penal en su contra por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas.
En tanto, la víctima fue trasladada a un hospital donde se encuentra recibiendo atención médica.
Con la judicialización de la indagatoria, será responsabilidad del Juez de Control determinar el estado procesal del imputado, quien se encuentra a la espera del desahogo de su audiencia inicial en el Centro de Reinserción Social (Cereso).
-El imputado fue vinculado a proceso, se fijó prisión preventiva como medida cautelar y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mario N., por su probable responsabilidad penal en el homicidio calificado de un policía municipal de Apizaco.
De acuerdo a la investigación, la madrugada del 24 de marzo, un policía de Apizaco perdió la vida luego de que recibió impactos de arma de fuego al intentar frustrar un robo a una farmacia ubicada en el bulevar la Libertad.
Los datos de prueba determinaron que un hombre que responde al nombre de Mario N., participó activamente en el homicidio, por lo que se solicitó a la autoridad jurisdiccional la orden de aprehensión en su contra.
Con el mandamiento judicial, el 31 de marzo oficiales de la Policía de Investigación capturaron al imputado en el municipio de Yauhquemehcan, por lo que fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso).
Durante la reanudación de la audiencia inicial, el imputado fue vinculado a proceso, se fijó prisión preventiva como medida cautelar y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.
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