Los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) DEL Sistema Estatal Anticorrupción promovimos juicios de amparo ante la reducción infundada del 71% de la remuneraciones mensuales que percibimos partir de noviembre del 2017.
Diferentes medios de prensa recogieron en su edición del 17 de agosto del 2020 la declaración del Gobernador Miguel Barbosa en los siguientes términos: “Las sentencias de amparo cuando se vuelven firmes se cumplen. No tengo porque opinar más, se cumplen.”
Sabedores de los conocimientos en materia judicial y legislativa del Gobernador, llamamos su atención al hecho de que en los juicios de amparos mencionados se han dictado suspensiones que obligan a la Secretaría Ejecutiva del Sistema a pagar de inmediato las compensaciones que consideramos injustamente reducidas y hasta la fecha retenidas; seguramente coincidirá el Gobernador con nosotros acerca de la inconveniencia de que personal integrante del Poder Ejecutivo del Estado desacate órdenes judiciales de carácter Federal.
La corrupción es un fenómeno que resulta en pobreza, desigualdad y delito, por ello creemos que es insustancial afirmar que los que combatimos la corrupción en Puebla cobramos caro, excepto cuando se trata de funcionarios públicos y representantes cuyos resultados a toda luces no han logrado incidir en el combate a la práctica contra la que mucho ciudadanos nos hemos organizado, dispuestos a militar al lado de nuestro gobernantes y representantes en la vigilancia de la integridad.
Repetimos nuestra disposición de apoyar todo cuanto en el ejercicio del poder sirva para fortalecer el estado de derecho y mejorar las condiciones de todos lo que vivimos y trabajamos en el Estado de Puebla.
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla:
Daniel Valdés Amaro, Comisionado Presidente; María del Carmen Leyva Báthory, Comisionada; Fracisco Javier Mariscal Magadaleno, Comisionado; José Alejandro Guillén Reyes, Comisionado y, Eira Zago Castro, Comisionada.
