SAN SALVADOR EL VERDE, Pue. – El ambicioso proyecto para ampliar a cuatro carriles la carretera federal México-Puebla, en el tramo que comprende de San Martín Texmelucan a Río Frío, enfrenta su primer gran obstáculo: la invasión del derecho de vía. El punto más crítico se localiza en la junta auxiliar de San Lucas el Grande, donde viviendas y comercios han «devorado» el espacio federal, poniendo en riesgo la modernización de esta vía alterna estratégica.
El conflicto: Construcciones al ras del asfalto
Durante un recorrido por la zona, se constató que en un tramo de aproximadamente dos kilómetros en San Lucas el Grande, la vialidad se reduce drásticamente. Lo que debería ser un espacio amplio para la seguridad y futuras expansiones, hoy es utilizado como estacionamiento privado por negocios locales o ha sido ocupado por construcciones que colindan directamente con los carriles de circulación.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el derecho de vía debe ser de al menos 20 metros por cada lado, contados a partir del eje central del camino. En la realidad de San Salvador El Verde, esta normativa es inexistente, lo que obligará a los propietarios a realizar ajustes estructurales en sus inmuebles si se pretende avanzar con la obra.
Antecedentes y Contexto Regional
No es la primera vez que el crecimiento urbano desordenado choca con los proyectos de infraestructura en la región. En San Cristóbal Tepatlaxco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, también se reportan obstrucciones, aunque en menor medida, principalmente por vegetación y árboles que ocupan la zona federal.
Históricamente, esta carretera ha servido como la única válvula de escape ante los constantes bloqueos o accidentes en la autopista México-Puebla. La falta de una vía amplia y moderna ha estrangulado el comercio local y la movilidad de miles de trabajadores que se desplazan diariamente entre Texmelucan, Huejotzingo y el Estado de México.
El Proyecto para 2026
Javier Aquino Limón, delegado de la SICT en Puebla, confirmó que por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, ya se trabaja en la planeación técnica. Aunque la ejecución formal y los trazos finales se proyectan para el año 2026, la liberación del derecho de vía es una condición sine qua non para dar el primer banderazo.
«Necesitamos forzosamente que el derecho esté liberado para poder intervenir. Hemos hecho un llamado a las autoridades locales y a los ciudadanos para que hagan valer esta zona federal», señaló el funcionario.
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