El Rostro de la Impunidad Comercial
Don Manuel camina a diario por la periferia de la cabecera municipal de San Martín Texmelucan. Lleva más de 30 años pagando impuestos, salarios y el alquiler de un local de calzado y ropa en el centro del municipio. Sin embargo, en los últimos años, su peor enemigo no ha sido la inflación, sino los contenedores cargados de mercancía ilícita y clonada que inundan las calles sin el menor pudor.
Su testimonio es el reflejo de una realidad que ahoga a la economía local:
«Es imposible competir. Mientras yo tengo que pagar luz comercial, hacienda y nóminas, a unos metros se vende ropa idéntica a una tercera parte de su valor real. Nos están extinguiendo legalmente».
Esta problemática, lejos de ser una percepción aislada, cuenta con el respaldo y la exigencia enérgica de los sectores productivos. Sabás López Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de San Martín Texmelucan, lanzó un duro y profundo llamado a los tres niveles de gobierno para rescatar al comercio lícito de una competencia que calificó como «totalmente desleal».
Diez años sin operativos: La denuncia de la CANACO
De acuerdo con el líder empresarial, el ingreso y distribución de productos apócrifos marca una diferencia insostenible en el consumo y los precios dentro del municipio. López Montaño señaló directamente las omisiones institucionales desde la cúpula federal hasta el ámbito local, apuntando que la Secretaría de Economía, conjuntamente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no han logrado regular esta problemática a nivel nacional, permitiendo el ingreso ilícito de contenedores que terminan pulverizando los mercados regionales.
La crítica más severa radica en el abandono de las acciones de seguridad en territorio texmeluquense:
«Tiene más de una década que no están acentuados operativos de este tipo dentro del municipio», denunció López Montaño.
El presidente de la CANACO recordó que años atrás existía una coordinación real donde intervenía de forma conjunta la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos a través de sus secretarías de gobernación. Hoy, esa articulación brilla por su ausencia, dejando al comercio establecido en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a la informalidad y el contrabando.
Las cifras del daño: Pérdida de empleos y evasión fiscal
La alerta del sector empresarial se alinea con el reciente Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: Identificación e impacto en las entidades federativas, publicado por el Gobierno Federal. El documento revela una radiografía alarmante de los estragos económicos que provocan estos focos de ilegalidad en el estado de Puebla:
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Disminución de ventas: El 67% del comercio formal local reporta una caída drástica en sus ingresos debido a los mercados de piratería.
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Evasión fiscal: El fenómeno representa una fuga del 60% en la recaudación de impuestos necesarios para los servicios públicos.
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Destrucción de empleo: Un 24% de reducción en la generación de empleos formales en las zonas afectadas.
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Freno a la inversión: El 13% de los inversionistas decide retirar o no inyectar capital en la entidad debido a la violación de los derechos de Propiedad Intelectual.
El estudio federal coloca el dedo en la llaga al catalogar zonas específicas de la entidad, como el Mercado de «La Cuchilla» y «La Fayuca» en Puebla capital, como puntos críticos. Tan solo en un operativo de «Operación Limpieza» ejecutado por el IMPI se aseguraron 73,928 piezas de procedencia ilícita, con un valor aproximado de $3,068,071.00 de pesos.
Sin embargo, para los comerciantes establecidos de la Región de Texmelucan —que conforma una zona metropolitana clave junto a Huejotzingo, Chiautzingo, San Salvador El Verde y San Felipe Teotlalcingo, sumando más de 314 mil habitantes— la falta de operativos locales ha convertido las calles en zonas libres para el comercio de imitación.
Análisis: El reto de la coordinación institucional
El impacto de la piratería no se limita a las pérdidas financieras o al cierre de cortinas de los negocios tradicionales; el estudio federal también alerta sobre los riesgos a la salud pública derivados del consumo de productos apócrifos de baja calidad o que no cumplen con normativas sanitarias.
A pesar de que el estado de Puebla se encuentra dentro de las ocho entidades federativas del país que cuentan con convenios de colaboración firmados con dependencias como la COFEPRIS, IMPI, FGR, PROFECO y el SAT, la realidad operativa en los municipios del interior, como San Martín Texmelucan, demuestra un vacío institucional.
Para recuperar la estabilidad de la región de los volcanes, no basta con la firma de convenios macro; se requiere que la federación, el estado y el ayuntamiento local articulen de inmediato las células de inspección solicitadas por la CANACO. De lo contrario, los comercios que sostienen formalmente el desarrollo económico y el empleo de las once juntas auxiliares de Texmelucan seguirán compitiendo con las manos atadas.
