Ex gobernador de Veracruz, Javier N, será juzgado por desaparición forzada

Javier Duarte enfrenta una orden de aprehensión por desaparición forzada, relacionada con el caso de La Aurora, una barranca que habría sido usada como “tiradero” de cuerpos de personas víctimas de desaparición. El político enfrenta una condena por lavado de dinero y asociación delictuosa

 

Pie de Página
XALAPA, VERACRUZ.- La Fiscalía General de Veracruz ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte por el delito de desaparición forzada de personas. El priista actualmente purga una condena en el reclusorio norte por asociación delictuosa y lavado de dinero.

El mandamiento judicial lo realizaron elementos de la Fiscalía veracruzana apoyados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). De acuerdo con la autoridad, al momento que le notificaron, Duarte se negó a firmar el documento; los policías solicitaron videograbaciones para constatar la diligencia.

En días recientes, se informó que el gobierno de Guatemala hizo una excepción a su Tratado de Extradición para que a Duarte se le pudiera juzgar por este delito, debido a que el día de su captura, el 15 de abril de 2017, el gobierno mexicano no incluyó ese señalamiento.

Recientemente, Duarte había obtenido una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra por parte del juez segundo de distrito en materia de amparo penal, Antonio González García. Sin embargo, el delito que le imputa la Fiscalía de Veracruz es considerado grave y de prisión preventiva oficiosa, por lo que la protección de la justicia federal no aplica en este caso.

La Barranca de La Aurora, el caso que le imputan a Duarte
Javier Duarte es ligado con el caso de La Aurora, una barranca que habría sido utilizada como “tiradero” de cadáveres; víctimas que sufrieron desapariciones forzadas.

El 27 de septiembre de 2019, familiares de desaparecidos y autoridades encontraron en La Aurora restos de personas que, a decir de antropólogos de la Fiscalía General de la República (FGR), tendrían entre 7 y 8 años de antigüedad.

Esa barranca se encuentra en la comunidad Ojuelos, en el municipio de Emiliano Zapata, en la parte trasera de la Academia de Policías de El Lencero.

La barranca La Aurora cobró fama desde enero de 2016, cuando al fondo de ese lugar -de casi 100 metros de altura- habrían sido encontrados 19 cadáveres; todos quemados y apilados en un predio boscoso. El gobierno de Veracruz solo informó el hallazgo de 6 cuerpos; el resto, según investigaciones ministeriales, fue ocultado.

Por este ocultamiento de cadáveres fueron detenidos e imputados Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general de Veracruz; Gilberto Aguirre Garza, exdirector de servicios periciales; Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada Regional de la Policía Ministerial de Xalapa, y Rosario Zamora González, exdirectora de Investigaciones Ministeriales.

Pero ninguno de esos exfuncionarios está preso en la actualidad. ¿La razón? Demostraron ante jueces que la fiscalía veracruzana solicitó medidas cautelares excesivas en su contra y lograron seguir su juicio desde casa. A cambio, pagaron fianzas que van de los 15 mil pesos hasta el millón de pesos. La orden de aprehensión fue ejecutada contra Duarte a 25 días de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), que se reunió con familiares de personas desaparecidas, activistas y funcionarios para atender la crisis de desapariciones que atraviesa México, que hoy rebasa las 94 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Tras dicha visita, el comité de la ONU emitió un comunicado en el cual destacó la impunidad que prevalece en entidades como Veracruz en el fenómeno de las desapariciones ligadas a funcionarios, así como la necesidad de investigar a la cadena de mando en los gobiernos donde se perpetraron estos crímenes de lesa humanidad.

Desde el inicio de la administración de Javier Duarte en Veracruz comenzó a operar una estrategia de control social contra académicos, periodistas y disidentes. La operaron la policía estatal y la Marina con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Ello derivó poco después en uno de los sellos de ese sexenio, las personas desaparecidas.

Colinas de Santa Fe, un predio cercano al puerto de Veracruz donde se han encontrado cientos de cuerpos humanos y evidencias de una práctica de exterminio dirigida desde la policía estatal, es el emblema de un gobierno que sumió al estado en una era de terror.

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