Ante la contaminación del Atoyac; ¡No hay justicia social sin justicia ambiental!

A un año de la emisión de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la violación de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al saneamiento, a la información, a la salud y otros, de quienes habitan y transitan por la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en los estados de Puebla y Tlaxcala

Hoy, hace exactamente un año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017, dirigida a autoridades federales como la Semarnat, la Conagua, la Profepa y la Cofepris, a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y a los gobiernos municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, Tlaxcala, debido a que, por más de 20 años continuos, estas autoridades han violado los derechos humanos de las comunidades, a pesar de que decenas de pobladoras de la cuenca hemos denunciado, todo este tiempo, que nuestros ríos, arroyos, canales de riego y zanjas están siendo utilizados por las fábricas instaladas en nuestros municipios, y por las mismas autoridades municipales como drenajes industriales y urbanos a cielo abierto, así como también están siendo contaminados nuestros campos de cultivo y nuestro aire por los vertimientos de grandes cantidades de sustancias tóxicas, que son la principal causa de las enfermedades que nos están matando.

La Recomendación de la CNDH puso en evidencia, con datos provenientes de estudios realizados por instituciones de educación superior como la UNAM y otros estudios realizados por las propias autoridades, que nuestra cuenca está contaminada con más sustancias tóxicas que las contempladas por la Norma Oficial Mexicana. Por ejemplo, un muestreo hecho en 2005 por la Conagua que condujo, seis años después a la emisión de la Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, pero que nunca se cumplió ni en sus metas ni en sus plazos, reveló que en sus aguas se vierten 146.3 toneladas al día de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 62.8 toneladas al día de sólidos suspendidos totales, 14.7 toneladas al día de nutrientes, 0.14 toneladas al día de metales pesados y 0.09 toneladas al día de compuestos orgánico tóxicos, entre otros, más contaminación microbiológica.

Esto significa que, anualmente, sólo la cuenca del río Atoyac recibe, anualmente, más de 81 mil 700 toneladas de sustancias contaminantes, es decir 224 toneladas por día, muchas de ellas tóxicas, mutagénicas o cancerígenas, como el benceno, los compuestos orgánicos volátiles y las dioxinas.

Además, la Recomendación demuestra que aun cumpliendo los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial, que son demasiado laxos, los cauces seguirían contaminados, debido a la excesiva concentración de industrias y sus correspondientes emisiones contaminantes.

A las autoridades recomendadas no les ha importado el hecho de que la CNDH determinó fehacientemente la gravedad de la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan y han dedicado el año transcurrido a hacer declaraciones respecto a que el saneamiento de la cuenca es su prioridad, a anunciar el gasto de cientos de millones de pesos para construir onerosas y eventualmente fallidas Plantas de Tratamiento de Agua Residual, mientras que nosotras nos hemos dedicado a hacer el trabajo que las autoridades debieron asumir desde el día que se emitió la Recomendación:

Primero, difundir el contenido de la Recomendación y colaborar con nosotras ―las quejosas y quejosos―, en la elaboración de un diagnóstico serio y actualizado de la grave situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las comunidades de la cuenca, para determinar el grado de responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y la urgencia de establecer, como lo señala la Recomendación de la CNDH, un mecanismo de coordinación entre las autoridades mismas y entre las autoridades y la sociedad civil, para diseñar un Plan de Saneamiento integral que efectivamente responda a los reclamos y necesidades de quienes hemos sido agraviadas y agraviados por más de 20 años.

Segundo, Construir e Plan Integral de Saneamiento Integral mediante un mecanismo claro de diálogo con las comunidades afectadas, basado en el respeto, en la visibilidad y la dignidad de las personas. La CNDH lo planteó claramente en la Recomendación 10/2017, al proponer que el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua se encargara de convocar a la conformación de un Grupo Interinstitucional en el que participaran no sólo las autoridades recomendadas, sino las empresas (corresponsables de la catástrofe ambiental y de salud de nuestras comunidades) y “las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen”.

Un año después de la emisión de la Recomendación y a cinco meses de haber vencido el plazo establecido para conformarlo, ese Grupo Interinstitucional no existe aún, lo cual refuerza el planteamiento de la Recomendación respecto a que una de las principales causas de la crisis ambiental y de salud es, precisamente, la descoordinación entre las instituciones responsables, práctica en verdad nociva de nuestras instituciones, porque no sólo prolonga el agravio y la violación de nuestros derechos humanos, sino que les permite diluir y evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía. Esta práctica de nuestras autoridades sirve además para encubrir la responsabilidad de las empresas industriales, especialmente las grandes trasnacionales, que vierten, sin regulación ni control, sustancias como metales pesados, hidrocarburos, solventes, tinturas, compuestos orgánicos volátiles y persistentes, sustancias químicas, dioxinas y otros compuestos que están destruyendo nuestra salud y la de quienes ni siquiera han nacido.

La Recomendación de la CNDH documentó el grave hecho de que, desde hace más de 20 años, las autoridades de los tres niveles de gobierno saben de la crisis ambiental en nuestra cuenca y, al guardar silencio y no actuar para detenerla, condenaron a miles de personas a sufrir enfermedades que pudieron ser prevenidas o atendidas oportunamente, como la insuficiencia renal, distintos tipos de cáncer, púrpura trombocitopénica, anemia, arseniosis y leucemias y malformaciones congénitas en los niños. La omisión de las autoridades para utilizar los instrumentos jurídicos a su alcance para detener la contaminación industrial y urbana de la cuenca y su negativa a reconocer, por tantos años, el evidente vínculo entre la contaminación de nuestro entorno y la falta de medidas de saneamiento adecuadas, fueron reconocidas por la CNDH como causantes directas de la enfermedad y la muerte de incontables personas de muchas comunidades de Tlaxcala y Puebla.

Hasta hoy, Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han actuado, en todo este año, para detener los vertimientos de sustancias tóxicas en los cauces de nuestros ríos y arroyos. Han iniciado obras y costosos proyectos que no guardan relación entre sí, cuya eficacia no ha sido demostrada, ni los han puesto a consideración de nadie. A eso lo quieren llamar “el Plan de Saneamiento que da
cumplimiento a la Recomendación”, cuando ni siquiera se han reunido para discutirlo, pero además, en ningún momento han hecho un reconocimiento público de que su conducta institucional viola todos los días nuestros derechos humanos desde hace más de dos décadas, así como tampoco están actuando para otorgar a la crisis humanitaria de nuestra cuenca la prioridad que amerita.

En el año que ha transcurrido la Pastoral Social, la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local nos hemos dedicado, en cambio, a recorrer nuestras comunidades, una vez más, preguntando a quienes nos escuchan, qué es lo que consideran que es necesario que ocurra para que sientan que se les ha hecho justicia. De ese diálogo iniciado con nuestras preguntas surgió la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, la cual integró, en seis puntos, las principales demandas de las comunidades:

1) El necesario saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que incluye los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas;
2) La restauración de los suelos en los lechos de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la zona federal;
3) La prevención y control de la contaminación futura de la cuenca;
4) El diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca;
5) El Plan de Saneamiento debe contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones en todas sus etapas; y
6) La aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.

La Propuesta comunitaria es la síntesis de un trabajo que no comenzó con la Recomendación de la CNDH, pero que ésta nos dio posibilidad de concretar. Decidimos construir esta propuesta en diálogo con las comunidades, porque queremos que las autoridades apliquen un Plan de Saneamiento que realmente sirva, a diferencia de los dos planes de saneamiento previos, en 2005 y 20111, que no fueron sino simulaciones institucionales. Nuestra lucha siempre ha apostado por la recuperación de lo que más nos importa: nuestra vida en comunidad. Por ello, el hecho de que las autoridades ni siquiera se tomen la molestia de hablar con nosotras para escuchar nuestras propuestas, la consideramos como un agravio adicional a nuestros derechos.

En los ríos como el Atoyac, el Xochiac y el Zahuapan aprendimos a nadar, a convivir, a hacer vida y a solidarizarnos con nuestros vecinos; nuestros padres nos enseñaron a pescar y a sembrar a sus orillas, como también en sus orillas celebrábamos la vida y la alegría de ser quienes somos. En los ríos había vida y generaban vida para nosotros. Hoy, los jóvenes y los niños de nuestras comunidades no cuentan al río como parte de su territorio ni su comunidad. No hay mayor despojo que el que te hace olvidar tu origen y te quita la conciencia de tu historia, tu identidad y tus derechos. Nuestra lucha es por reivindicar la esperanza de recuperar nuestra memoria colectiva y nuestra vida común. Lo hacemos por el bien de  nuestras comunidades, nuestros hijos y por los que vienen. Nuestro llamado a las autoridades es que al menos, por vergüenza, cumplan con su obligación constitucional de proteger nuestros derechos.

Hoy a un año de la emisión de la Recomendación 10/2017 de la CNDH:
1. Exigimos a las autoridades recomendadas se convoque ya a la conformación del Grupo Interinstitucional, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, que diseñará el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, como lo establece la CNDH en su Recomendación y fue aceptado por todas ellas.
2. Exigimos que se detengan las obras, las licitaciones y las erogaciones presupuestales destinadas, presuntamente, al saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, hasta en tanto no se haya conformado el Grupo Interinstitucional y no se haya creado un mecanismo adecuado de evaluación y verificación de las obras propuestas, con participación de científicos independientes y organizaciones de la sociedad civil.
3. Exigimos que se tomen medidas urgentes para detener ya los vertimientos de aguas residuales industriales en los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas dentro de la cuenca y se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas que no den tratamiento adecuado a sus residuos antes de verterlos en los ecosistemas.
4. Solicitamos una audiencia pública con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar los pasos a seguir, ante el flagrante incumplimiento de la Recomendación 10/2017 por parte de todas las autoridades recomendadas.

¡No hay justicia social sin justicia ambiental!

Atentamente.
Coordinadora por un Atoyac con Vida
Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla

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